El ?rea Metropolitana impedir¨¢ que se corte el agua a las familias sin medios
Los beneficiarios de la medida deber¨¢n tener asignada previamente una tarifa social Los servicios sociales tendr¨¢n que emitir informes preceptivos
Una propuesta impulsada por ICV-EUiA logr¨® ayer de forma inusitada el respaldo un¨¢nime del pleno del ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB). El efecto: las compa?¨ªas del agua no podr¨¢n cortar el suministro a clientes con dificultades econ¨®micas en los 36 municipios que integran la corporaci¨®n, gobernada por CiU y el PSC. Este acuerdo llega cuando el debate sobre pobreza energ¨¦tica se encuentra en pleno auge por el impacto de la crisis y despu¨¦s que en 2012 se produjeran 72.039 procedimientos para dejar sin agua a los hogares que no hab¨ªan podido asumir el coste de la factura, cifra que previsiblemente crecer¨¢ durante 2014.
Despu¨¦s de poner en marcha una tarificaci¨®n social para las familias con menores recursos, la AMB ha decidido dar un nuevo paso y cambiar su protocolo de actuaci¨®n, que hasta ahora daba pleno poder a las operadoras de forma casi autom¨¢tica. Los pasos eran los siguientes: un cliente no pod¨ªa pagar la factura; la compa?¨ªa avisaba a la entidad metropolitana para poder cortar el suministro; esta, por la v¨ªa del silencio administrativo, permit¨ªa a las suministradoras el corte. Con el nuevo procedimiento aprobado por la AMB, los casos de clientes que ya se beneficien de la tarifa social ser¨¢n analizados por el ?rea Metropolitana de Barcelona. A partir de ah¨ª, los servicios asistenciales de cada municipio tendr¨¢n que elaborar un informe que, dependiendo de la conclusi¨®n, impedir¨¢ a las familias quedarse sin agua.
El Gobierno metropolitano no ha ido a solas en la aprobaci¨®n de este nuevo protocolo. Va de la mano de compa?¨ªas suministradoras y de los Ayuntamientos, que se han convertido en los principales financiadores de las familias con problemas y que se convertir¨¢n en la ventanilla donde solicitar la amnist¨ªa del recibo del agua. En todo caso ese ser¨¢ uno de los posibles finales de un proceso que tiene previstas m¨¢s salidas.
Los municipios cargar¨¢n con los an¨¢lisis necesarios para acreditar que una familia no puede pagar la factura
Los servicios sociales municipales seguir¨¢n liderando el proceso. Sus asistentes sociales ser¨¢n los responsables de emitir en un plazo de 15 d¨ªas los informes que servir¨¢n a los ciudadanos para eludir las facturas. Actualmente ya emiten el mismo tipo de informes requeridos por la Generalitat para evitar el corte de electricidad y gas durante el invierno y que, curiosamente, dej¨® fuera el agua.
De forma previa a la amnist¨ªa, las tres partes implicadas canalizar¨¢n los casos de cada familia para ver si cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de la nueva tarificaci¨®n social que aprob¨® la corporaci¨®n en noviembre pasado y que permite rebajar un 25% la parte fija de la factura y del primer bloque de consumo. Una vez confirmados esos casos, se podr¨¢n iniciar negociaciones con las suministradoras para intentar aplazar los pagos bimensuales o ir asumiendo las facturas parcialmente, mes a mes, manteniendo el suministro. Si se da por hecho que no pueden pagar, quedar¨¢n excluidos de la responsabilidad.
De momento, todo apunta a que municipios y compa?¨ªas suministradoras continuar¨¢n asumiendo con sus fondos sociales parte de la morosidad de los particulares. Agbar, que suministra agua a 23 de los 36 municipios que forman parte del AMB, anunci¨® la semana pasada que el a?o pasado pag¨® los recibos de 9.000 familias a trav¨¦s de su Fondo de Solidaridad, canalizado a trav¨¦s de C¨¢ritas, Cruz Roja y Fundaci¨®n Mambr¨¦. En ese caso, los beneficiarios son perceptores de la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (Pirmi). En el caso del AMB, los requisitos econ¨®micos que mandan para otorgar la tarifa social son los mismos que dicta la Agencia Catalana del Agua para otorgar el canon social.
En paralelo a la aprobaci¨®n de esta medida, el ?rea Metropolitana deber¨¢ mantener la comisi¨®n de trabajo que acord¨® crear en mayo pasado para crear una f¨®rmula de recibo del agua en la que las tarifas est¨¦n vinculadas a las capacidad adquisitiva de los clientes, mediante los niveles de renta.
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