El fiscal afirma que la cesi¨®n del padr¨®n para la consulta afecta a la intimidad

El Ministerio Fiscal considera que ceder los datos del censo a la Generalitat para celebrar la eventual consulta secesionista afecta a la intimidad de los ciudadanos y, por tanto, tienen derecho a no dar su consentimiento para que sean utilizados. El representante del Ministerio P¨²blico ha expresado su posici¨®n inequ¨ªvoca en una vista celebrada esta ma?ana en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona en la que la juez ha escuchado a las partes despu¨¦s de que el Ayuntamiento de Cabrils aprobara el pasado d¨ªa 27 una moci¨®n en favor de ceder el padr¨®n a la Generalitat si as¨ª lo requiere cuando se celebre la consulta soberanista dentro de la legalidad.

La demanda la ha interpuesto Alejandro Rusi?ol, un barcelon¨¦s de 36 a?os, presidente del min¨²sculo partido Alianza Central Democr¨¢tica, que reside desde hace 10 a?os en el municipio, contra la decisi¨®n del Consistorio de Cabrils (CiU). La juez dict¨® hace una semana la suspensi¨®n cautelar de la moci¨®n y hoy ha querido escuchar a las partes. En una breve intervenci¨®n, el fiscal ha sido taxativo y se ha mostrado a favor de mantener la suspensi¨®n. "Este procedimiento tiene un trasfondo pol¨ªtico y por eso est¨¢ aqu¨ª el abogado de la Generalitat. Se est¨¢ olvidando que lo que est¨¢ en juego es el derecho a la intimidad de un se?or de Cabrils. Y creo que lo est¨¢", ha se?alado para responder afirmativamente en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del a?o 2000.

Este procedimiento tiene un trasfondo pol¨ªtico y est¨¢ en juego la intimidad de un ciudadano", dice el fiscal

El fiscal ha rebatido la opini¨®n de los letrados del Ayuntamiento que, entre otras razones, ha esgrimido que no pod¨ªa prevalecer, por un criterio de proporcionalidad, el inter¨¦s de un ciudadano por encima de los otros 7.000 habitantes que tiene el municipio. "Si hay peligro para quien quiere votar, tambi¨¦n existe entonces para quien no quiere hacerlo", ha aducido el fiscal.

La vista se ha celebrado en medio de una gran expectaci¨®n y con la presencia de la alcaldesa de Cabrils, Avelina Morales, de Converg¨¨ncia, que antes de la vista ha recalcado que el Consistorio no se ha "tirado a la piscina", ya que antes de aprobar el texto requiri¨® un informe a la Autoridad Nacional de Datos, dependiente de la Generalitat. La alcaldesa, que ha sostenido que la moci¨®n es solo "una declaraci¨®n de intenciones", ha estado respaldada por una quincena de alcaldes de la comarca del Maresme, en su mayor¨ªa de CiU. Ni la alcadesa ni Rusi?ol, tambi¨¦n presente en la sala, han intervenido en la vista. La letrada del demandante ha alegado que la decisi¨®n del Consistorio vulnera derechos fundamentales de su cliente en alusi¨®n al art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n, que apela a que los espa?oles sean iguales ante la ley, y al 18, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen as¨ª como "la dignidad humana".

El demandante solo busca notoriedad pol¨ªtica y eco medi¨¢tico", sostiene el letrado del Consistorio

La juez, que se ha expresado en catal¨¢n, ha sido muy estricta con la letrada al impedirle entrar en el fondo de la cuesti¨®n en contraste con los abogados del Ayuntamiento y de la Autoridad Nacional de Datos a quienes ha permitido explayarse. Santiago Farr¨¦, abogado del Consistorio ha acusado a Rusi?ol de buscar ¨²nicamente? "notoriedad pol¨ªtica" y "eco medi¨¢tico". El letrado ha se?alado que la conducta del Consistorio ha sido impecable por cuanto solicit¨® previamente un informe a la Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos y neg¨® la urgencia de caso por cu¨¢nto la consulta no est¨¢ convocada ni aprobado el paraguas legal -la ley catalana de consultas- sobre la que pender¨¢.

La cesi¨®n del padr¨®n afecta a derechos fundamentales y a la dignidad humana", alega la letrada de Alejandro Rusi?ol

Jordi Salbany¨¤, abogado de la Autoridad Nacional de Datos, cuya presencia ha requerido la juez y ha lamentado el fiscal, ha insistido que se est¨¢ tratando de un futurible y que, en cualquier caso, la Ley de Bases de R¨¦gimen Local obliga en su art¨ªculo 16 a que las Administraciones se traspasen los datos entre si cuando as¨ª lo requieran. El letrado del Consistorio se ha expresado tambi¨¦n en parecidos t¨¦rminos y ha reportado un informe de los secretarios municipales que consideran innecesario el debate por cuanto los Ayuntamientos tienen la obligaci¨®n de ceder los datos cuando se les requiera.

A la salida del juzgado, Rusi?ol ha lamentado que el caso se este politizando y ha se?alado que no est¨¢ en contra del derecho a decidir: que lo ¨²nico que quiere es que se pueda realizar mediante una ley org¨¢nica. "El fiscal solo ha defendido la legalidad", ha se?alado tras explicar que el s¨¢bado acudi¨® a los Mossos d'Esquadra para comunicar -que no denunciar- que estaba siendo amenazado e insultado a trav¨¦s de las redes sociales.