Una juez admite la cesi¨®n del padr¨®n municipal para la consulta soberanista

La juez Elsa Puig, titular del juzgado contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Barcelona, ha dictado un auto en el que sostiene que el derecho a decidir es una ¡°aspiraci¨®n pol¨ªtica leg¨ªtima¡± en los t¨¦rminos en que reconoci¨® el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que anul¨® la declaraci¨®n soberanista del Parlament que defini¨® a Catalu?a ¡°sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±. La magistrada apunta esa reflexi¨®n en el auto en el que levanta la suspensi¨®n cautelar que ella misma hab¨ªa dictado el viernes contra la moci¨®n aprobada por el Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) de mostrar su disposici¨®n a ceder el censo a la Generalitat si lo requiere para el refer¨¦ndum.

La demanda la interpuso un vecino de Cabrils, Alejandro Rusi?ol, presidente del partido Alianza Central Democr¨¢tica, en el que sosten¨ªa que la resoluci¨®n del Consistorio vulnera derechos fundamentales como el honor, la imagen o la dignidad humana. En el auto, la juez mantiene la suspensi¨®n del acuerdo del pleno en lo que afecta a Rusi?ol pero no as¨ª para el resto de vecinos del municipio (7.000 habitantes). ¡°[Rusi?ol] est¨¢ legitimado para pretender la suspensi¨®n en cuanto afecta a derechos propios pero no puede pretender que la medida alcance a los datos del resto de vecinos del municipio¡±, reza el auto.

El demandante no puede pretender que la medida alcance a los datos del resto de vecinos del municipio¡±,? dice el fallo

La juez acepta exclusivamente en lo que concierne a Rusi?ol porque para ceder la filiaci¨®n de un ciudadano sin su permiso, tal y como fija la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos, debe existir una norma con rango de ley para la finalidad que persiga (en este caso, la consulta). No obstante, a rengl¨®n seguido, la juez avisa que su decisi¨®n no debe leerse como un ¡°obst¨¢culo¡± en el proceso de derecho a decidir porque en cuanto el Parlament apruebe la ley de consultas no refrendarias, ratificada en la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, que aspira a amparar la votaci¨®n soberanista, todos los Ayuntamientos de Catalu?a, ¡°sin excepci¨®n¡±, estar¨¢n obligados a ceder los datos.

El auto afirma, en cualquier caso, que las Administraciones est¨¢n obligadas, en virtud de varias leyes ¡ªla de Bases de R¨¦gimen Local o la Ley de Estad¨ªstica de Catalu?a¡ª a cederse mutuamente las filiaciones y que, por tanto, en cuanto se apruebe la ley catalana de consultas, el traspaso ser¨¢ autom¨¢tico. La decisi¨®n supone un rev¨¦s para el fiscal, que pidi¨® mantener la suspensi¨®n de la moci¨®n por atentar a la intimidad.