Una condena a los juzgados

Solo en Vigo, Santiago y Ferrol peligran 69 juzgados. A los que hay que sumar los de peque?as localidades que conviven en 45 partidos judiciales extendidos por toda Galicia. La amenaza ven¨ªa de lejos pero salt¨® al Consejo de Ministros el pasado 4 de abril cuando se aprob¨® el anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. El plan del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, pasa por dar la vuelta al mapa y suprimir los partidos judiciales, salvo en capitales de provincia. El texto, a¨²n por desarrollar, transforma las audiencias provinciales en otro tipo de ¨®rganos adscritos a los tribunales superiores de las comunidades aut¨®nomas. La futura norma contempla secciones desplazadas fuera de las capitales de provincia pero siempre de manera excepcional.

El texto no es definitivo pero ya ha levantado en armas a abogados, fiscales, jueces y sindicatos y partidos de todos los colores. Tambi¨¦n a los alcaldes, independientemente de sus siglas. La Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no ha tardado en manifestarse en contra. Primero por boca de su presidente, el regidor de Ferrol, Jos¨¦ Manuel Rey Varela, del Partido Popular que defendi¨® una ¡°justicia de proximidad¡±. Despu¨¦s, en un comunicado p¨²blico, la instituci¨®n alert¨® de que la nueva organizaci¨®n ¡°dificulta el acceso a la justicia de muchos gallegos¡±. Ni siquiera el Gobierno gallego respalda al ministro. Su presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, defendi¨® el jueves tras la reuni¨®n del Consello de la Xunta que el proyecto debe ser modificado para incluir tribunales de instancia en Vigo, Santiago y Ferrol. La Xunta reclama ¡°flexibilidad¡± para que ¡°las distintas autonom¨ªas puedan adaptar los cambios a sus peculiaridades, de forma coordinada con el poder judicial¡±.

Si Gallard¨®n no da marcha atr¨¢s, las tres ciudades perder¨ªan la segunda instancia que se ubicar¨ªa en Pontevedra y A Coru?a. As¨ª, los habitantes de la mayor urbe de Galicia que adem¨¢s est¨¢ a la cabeza en litigios (296 por cada 1.000 habitantes seg¨²n las estad¨ªsticas del Consejo General del Poder Judicial) habr¨ªan de dirimir sus recursos 30 kil¨®metros m¨¢s al norte, en Pontevedra. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ya ha amenazado con exigir en la calle (y donde haga falta) el desdoblamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que sume una segunda sede (adem¨¢s de la de A Coru?a) en su ciudad). Su reivindicaci¨®n est¨¢ apoyada por todos los estamentos judiciales.

Temi¨¦ndose la amenaza, el Consejo General de la Abogac¨ªa aprob¨® por unanimidad una resoluci¨®n para que ¡°no desaparezca ning¨²n partido judicial¡±. Los siete colegios de Galicia han adoptado resoluciones similares. El decano de Santiago, Evaristo Nogueira, senador en su d¨ªa por el Partido Popular como independiente, encabeza las protestas en Santiago. Se ha reunido con todas las fuerzas pol¨ªticas, empezando por el alcalde, ?ngel Curr¨¢s, (PP) para hacer ver que este no es un conflicto gremial sino que el problema lo tendr¨¢ la ciudad. ¡°Los efectos colaterales de la reforma no se han medido bien. Conllevar¨ªa el traslado de miles de funcionarios y todo para volver a una estructura anacr¨®nica, la provincia, que como organizaci¨®n administrativa no resuelve los problemas. Nadie plantear¨ªa que la sanidad se estructurase por provincias. ?Por qu¨¦ s¨ª se va a hacer en el caso de la justicia¡±.

La jueza decana de A Coru?a, Mar¨ªa Teresa Cortizas, reivindica que las peculiaridades de Galicia, sean tenidas en cuenta. No concibe la eliminaci¨®n de los partidos judiciales de Ferrol, A Coru?a y Vigo. El presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Fernando Ala?¨®n, alerta de las consecuencias que tendr¨¢ para el rural. ¡°Ser¨¢ un apaga y v¨¢monos¡±, dijo el pasado mi¨¦rcoles en declaraciones a Europa Press, en las que record¨® que la justicia es un servicio p¨²blico y al igual que la sanidad no puede ser tratada exclusivamente con ¡°criterios economicistas¡±. La batalla contra la reforma est¨¢ servida en Vigo, Santiago y Ferrol, donde ya se anuncian movilizaciones. Les seguir¨¢n localidades m¨¢s peque?as que temen que la marcha del juzgado arruine parte de la actividad econ¨®mica derivada y que tambi¨¦n se est¨¢n organizando en colaboraci¨®n con asociaciones de hosteleros y comerciantes.

UGT, Comisiones Obreras, y CIG tambi¨¦n se han mostrado tajantes en contra de los planes del ministerio. El diagn¨®stico compartido por la mayor¨ªa de fuentes consultadas es que Santiago como capital de Galicia, igual que Vigo y Ferrol, perder¨ªa unidades judiciales con la reorganizaci¨®n prevista y que, en cualquier caso, las secciones delegadas que el ministerio pueda habilitar en esas ciudades obedecer¨¢n a ¡°razones arbitrarias¡±. ¡°No sabemos qu¨¦ juzgados podr¨ªan quedar pero siempre van a ser menos de los que ahora tenemos¡±, sostiene Nogueira desde Santiago, quien pide soluciones a los Gobiernos. La reforma Gallard¨®n coincide en el tiempo con el plan de la Xunta para modernizar infraestructuras judiciales (con una inversi¨®n prevista de 100 millones de euros en seis a?os) y que ha llevado a Santiago a estrenar el a?o pasado un edificio judicial mientras la Vicepresidencia espera un acuerdo con el gobierno de Vigo para levantar all¨ª la Ciudad de la Justicia cuando el alcalde, el socialista Abel Caballero, ponga a disposici¨®n de la Xunta los terrenos.