El Constitucional impide aplicar la ley antidesahucios esta legislatura

La ley antidesahucios o de la Funci¨®n Social de la Vivienda de Andaluc¨ªa no podr¨¢ aplicarse en su integridad al menos en esta legislatura, si es que el mandato llega a su fin tras la reciente crisis de Gobierno a cuenta del realojo de las familias de la corrala La Utop¨ªa de Sevilla.

El Tribunal Constitucional dict¨® el pasado d¨ªa 8 un auto, comunicado ayer a la Junta, por el que mantiene la suspensi¨®n, acordada en diciembre de 2013, sobre dos de los aspectos m¨¢s novedosos de la norma: la expropiaci¨®n del uso de la vivienda a los bancos, durante un m¨¢ximo de tres a?os, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y est¨¦n en riesgo de exclusi¨®n social; y la previsi¨®n de multas de hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles. Esta medida persigue fomentar el alquiler de viviendas vac¨ªas. El recurso contra la ley andaluza fue interpuesto por el presidente del Gobierno, tras insistentes peticiones desde Bruselas.

El Alto Tribunal no se mueve ni un mil¨ªmetro de la posici¨®n que ya adopt¨® el 10 de marzo pasado respecto a una ley similar aprobada por el Parlamento de Navarra. Cinco magistrados han presentado un voto particular discrepante frente a los siete que suscriben el auto.

El Constitucional reitera los mismos argumentos que entonces y mantiene la suspensi¨®n por la ¡°relevancia de la medida de pol¨ªtica econ¨®mica general de estabilidad del sistema financiero¡± auspiciada por el Gobierno central y que, seg¨²n los magistrados, tiene un ¡°indudable inter¨¦s p¨²blico prevalente¡± sobre la ley andaluza.

El auto sostiene que ¡°la credibilidad de Espa?a en una situaci¨®n econ¨®mica de desconfianza¡± como la actual ¡°constitu¨ªa un inter¨¦s p¨²blico que justificaba¡± la suspensi¨®n de una ley auton¨®mica. Aseguran los magistrados que el levantamiento de la suspensi¨®n de los preceptos impugnados ¡°producir¨ªa perjuicios ciertos¡± para los intereses p¨²blicos, en la medida en que pueda poner en riesgo que la ¡°reestructuraci¨®n bancaria apoyada con dinero p¨²blico¡± se desarrolle en los t¨¦rminos autorizados.

El auto rechaza las alegaciones presentadas por los letrados de la Junta y del Parlamento de Andaluc¨ªa contra la argumentado del Estado de que la ley auton¨®mica puede da?ar la estabilidad del sistema financiero. Los letrados andaluces sostienen que ese hipot¨¦tico da?o no est¨¢ demostrado y recuerdan que apenas el 1% de las viviendas vac¨ªas del llamado banco malo (Sareb) est¨¢n en la comunidad aut¨®noma. No obstante, el Constitucional da mayor peso a los juicios emitidos por el Banco Central Europeo, la Comisi¨®n Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Espa?a por ser ¡°instituciones especializadas en la materia¡± e independientes.

Respecto a los perjuicios que la suspensi¨®n puede acarrear a 144 familias que podr¨ªan acogerse a la expropiaci¨®n temporal del uso de la vivienda, el auto afirman que esos prejuicios ¡°resultan notablemente reducidos porque el Estado tambi¨¦n ha dispuesto normas que atienden¡± a esas peticiones.

Los cinco magistrados que suscriben un voto particular discrepante destacan que el 1% de viviendas vac¨ªas en manos de la Sareb ¡°no pueden incidir de forma relevante¡± en el proceso de reestructuraci¨®n bancaria y que ninguno de los art¨ªculos recurridos pueden ocasionar una ¡°grave perturbaci¨®n del sistema financiero¡±.

¡°El Gobierno ha conseguido dar v¨ªa libre a la banca para especular con sus viviendas vac¨ªas y desahuciar impunemente tras haber recibido multimillonarias cantidades de dinero p¨²blico¡±, asegur¨® la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s, en un comunicado. Tambi¨¦n record¨® que la ley ¡°no queda suspendida en su totalidad, sino tan s¨®lo los preceptos impugnados¡±.

En este sentido, Fomento ha seguido aplicando la ley en los preceptos que est¨¢n vigentes. El pasado 3 de abril abri¨® expediente sancionador a cinco bancos por no ofrecer sus viviendas de protecci¨®n oficial a los registros municipales de demandantes. Las multas por estos procedimientos pueden ascender a 11.1 millones de euros.