Un caso de corrupci¨®n por arte sacro amenaza al exobispo de Tui- Vigo

Todo empez¨® con la rocambolesca operaci¨®n de compraventa de una casa rectoral de la Iglesia en Para?os, una peque?a aldea en el interior de Pontevedra. Los vecinos se enteraron de que el Obispado de Tui hab¨ªa vendido a sus espaldas el inmueble que hab¨ªan contribuido a mantener con sus ahorros. El precio oficial fue de 60.000 euros en 2008 y el comprador, un viejo conocido de la Di¨®cesis, Carlos G¨®mez Gil, t¨¦cnico entonces de la Consejer¨ªa de Cultura que decid¨ªa las subvenciones para restaurar patrimonio eclesi¨¢stico. A la casa t¨ªpica de aldea, sus nuevos moradores le a?adieron una piscina y un porche tras restaurarla de arriba a abajo.

El p¨¢rroco de Para?os, Juan Sobrino, amigo personal de G¨®mez-Gil e imputado en la causa, neg¨® a sus fieles que hubiera enajenado la vivienda, pese a que en las escrituras consta que estaba presente durante la venta en una notar¨ªa de Vigo. El entonces obispo de Tui, Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo, tambi¨¦n imputado, habl¨® de una cesi¨®n durante 23 a?os a cambio de las obras de rehabilitaci¨®n. Pero, en marzo de 2009, los parroquianos se quedaron de piedra al comprobar que el nuevo propietario ¡ªque a¨²n no hab¨ªa abonado un c¨¦ntimo a la Iglesia¡ª la ten¨ªa a la venta en Internet por 680.000 euros. Y presentaron una denuncia en la fiscal¨ªa. La investigaci¨®n se cruz¨® con otra que ya instru¨ªa un juzgado de Santiago sobre las ayudas p¨²blicas de la Xunta a diferentes di¨®cesis para rehabilitar patrimonio eclesi¨¢stico, y las adjudicaciones que la Iglesia firmaba con empresas de restauraci¨®n. Ambas causas desembocaban en los apellidos de G¨®mez-Gil Aizpur¨²a.

La polic¨ªa tir¨® del hilo y destap¨® una presunta red corrupta que se encargaba de restaurar iglesias y conventos con ayudas de la Xunta. Naci¨® la Operacion Retablo. Los investigadores sostienen que G¨®mez Gil decantaba las ayudas a las ¨®rdenes religiosas desde la Consejer¨ªa de Cultura a cambio de que estas contratasen a empresas amigas. Y que un segundo funcionario, Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel, arquitecto de la sociedad p¨²blica que se encarga de promocionar el turismo jacobeo, adjudicaba contratos para albergues de peregrinos con el mismo criterio. A ambos se le imputa fraude, cohecho, tr¨¢fico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones ilegales contra la Administraci¨®n.

Decenas de conversaci¨®nes grabadas por la polic¨ªa ilustran el modus operandi. En una de ellas, el hiperactivo arquitecto de la Xunta avisa a uno de sus aparejadores de confianza sobre las posibilidades que abr¨ªa la red de alojamientos para peregrinos: ¡°Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre¡±. Otra charla de G¨®mez Gil con una empresaria de restauraci¨®n, Olga Quintela, tambi¨¦n imputada en el caso delata las pr¨¢cticas de la red. El funcionario lamenta que la rehabilitaci¨®n de un retablo no pueda hacerse por adjudicaci¨®n directa, al superar los 50.000 euros. La restauradora le recuerda que como poco los trabajos costar¨ªan 146.000 euros. Entonces, G¨®mez Gil invit¨® a la empresa a aumentar los precios de la restauraci¨®n de seis im¨¢genes de la misma iglesia de 11.000 a 14.000 euros: ¡°S¨²beles un pel¨ªn y que dios reparta suerte¡±. En el sumario constan decenas de llamadas parecidas de G¨®mez-Gil a otras empresas de restauraci¨®n para pactar precios y fraccionar contratos evitando as¨ª los concursos p¨²blicos. La polic¨ªa pein¨® sus cuentas bancarias y hall¨® ingresos sin justificar por 122.471 euros entre 1998 y 2008.

Tras recibir la visita de la polic¨ªa, uno de los empresarios a los que encargaba las obras a trav¨¦es de p¨¢rrocos amigos, Manuel Montes Carballa, decidi¨® tirar de la manta. Arruinado y arrepentido, admiti¨® que ¨¦l mismo hab¨ªa sufragado la rehabilitaci¨®n de la rectoral, adem¨¢s de realizar otros regalos al funcionario de la Xunta a cambio de promesas de contratos que no siempre se cumpl¨ªan. Puso como ejemplo un trabajo en el Obispado de Tui-Vigo: ¡°La di¨®cesis, por mediaci¨®n de G¨®mez-Gil, encarg¨® el proyecto de obra al estudio de arquitectura [privado] de Pichel, quien logr¨® desde la sociedad Xacobeo que aportase fondos p¨²blicos a la Iglesia para afrontar el gasto. De esta forma, todo el mundo sale beneficiado¡±.

Es solo uno de los innumerables ejemplos que relata el sumario, que tambi¨¦n denuncia algunas chapuzas en los trabajos restauraci¨®n que arruinaron parte del patrimonio. Las escuchas policiales involucran a varios cargos eclesi¨¢sticos, empezando por el entonces obispo de Tui, Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo; a su ec¨®nomo en la di¨®cesis, Benito Est¨¦vez y al cura de Para?os, Juan Sobrino. Tanto el juez que instruye el caso como la polic¨ªa sostienen que la presunta venta de la rectoral al funcionario de Cultura fue en realidad una ¡°d¨¢diva, un pago por los favores prestados¡± y les acusa de cohecho.

En otra conversaci¨®n interceptada por los agentes, el principal imputado, Carlos G¨®mez Gil, pide (sin ¨¦xito) a una de sus empresas de confianza que mueva sus contactos para mediar ante el director general de Patrimonio de la Xunta, Jos¨¦ Manuel Rey Pichel (sin ninguna relaci¨®n con el arquitecto del Xacobeo) y que intente frene la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa.

La acusaci¨®n popular que defiende los intereses de los vecinos de Para?os pide imputar tambi¨¦n a dos sacerdotes, Crisanto Rial y David Juan Morado, que aparecen en los pinchazos alertando a los imputados de la investigaci¨®n policial. La defensa del exobispo y del ec¨®nomo de la di¨®cesis de Tui intenta anular las escuchas y sostiene que la orden de la juez para intervenir los tel¨¦fonos de los dos funcionarios de la Xunta no est¨¢ suficientemente fundada. El fiscal se opone y pide que ese argumento se invoque cuando llegue el turno del juicio con jurado. Para el que falta solo un ¨²ltimo tr¨¢mite: que el juez se lo comunique a las partes.