Una soluci¨®n a medias para la Ca?ada

Cuanto m¨¢s grande es el titular de un peri¨®dico, m¨¢s personas se cuelan por el sumidero que queda entre las letras que lo componen. En el caso de la Ca?ada Real, son cerca de 4.500 las que se quedar¨¢n fuera del ¡°ambicioso¡± acuerdo hecho p¨²blico esta semana por las autoridades pol¨ªticas madrile?as. Es decir, m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n de este asentamiento irregular del sur de la regi¨®n seguir¨¢ sobreviviendo entre la miseria y la clandestinidad, en un territorio no habitable a espaldas de la capital, cercados por autov¨ªas y basura, y bajo el humo de la incineradora del vertedero de Valdeming¨®mez.

La Comunidad de Madrid, con la aquiescencia de la Delegaci¨®n del Gobierno y de los Ayuntamientos de Madrid y de Coslada (todas estas Administraciones est¨¢n gobernadas por el Partido Popular), rubricar¨¢ en dos semanas un documento que ha costado tres a?os de trabajo y que, sin embargo, solo promete solucionar lo que m¨¢s f¨¢cil resulta de solucionar: el tramo de la Ca?ada que puede convertirse en suelo residencial e integrarse en el mercado inmobiliario.

En el limbo quedar¨¢n siete de los 14,4 kil¨®metros de esta antigua v¨ªa pecuaria, el conocido como Sector 6, que, seg¨²n el plan aprobado el pasado jueves por la Comunidad de Madrid, y debido fundamentalmente a ¡°su complejidad¡± social, ¡°llevar¨¢ un proceso diferenciado y m¨¢s prolongado en el tiempo¡±. Ninguna Administraci¨®n se atreve a plantear en qu¨¦ consistir¨¢ ese proceso, que diversas fuentes coinciden en que podr¨ªa alargarse entre 10 y 20 a?os y ser¨¢ fruto a partir de ahora de arduas negociacionales.

Seg¨²n el estudio social realizado por el Ayuntamiento de Madrid en junio de 2011, con ayuda de la Universidad Complutense, en el sector 6 (que discurre ¨ªntegramente por la capital) hay 826 viviendas ocupadas y 3.163 vecinos, un cuarto de los cuales viven en situaci¨®n de hacinamiento. El 42% de esas viviendas sufren un deterioro de moderado a extremo, es decir, son sencillamente inhabitables y peligrosas.

Fuera del plan regional queda el sector 6, pero no solo. Tambi¨¦n se excluyen las estribaciones de la Ca?ada, m¨¢s deterioradas a¨²n si cabe, en donde viven casi 700 personas, la mayor¨ªa extranjeros. Ocupan unas 350 infraviviendas recientes (posteriores a 2000) ¡°en lugares muy problem¨¢ticos, como encima de un t¨²nel del AVE¡±. A estas personas hay que sumar otras 700 que sobreviven en el poblado chabolista del Gallinero, a un kil¨®metro de distancia. Es ¡°la zona m¨¢s degradada de la zona m¨¢s degradada de Madrid¡±, seg¨²n el Ayuntamiento, pero tampoco han sido incluidas en el plan regional.

El Ayuntamiento de Madrid propuso derribar en 2011 todas las viviendas del sector 6 y de las estribaciones de la Ca?ada, buscando una soluci¨®n definitiva para sus 4.500 vecinos. Pero en su propuesta ya avanzaba que ¡°al menos un 40%¡± de las familias deber¨ªan resolver por s¨ª solas su necesidad de encontrar otra vivienda. Al resto se las realojar¨ªa, siempre y cuando cumplieran los baremos habituales en este proceso.

Esa soluci¨®n se pens¨® antes de que el Ayuntamiento abandonara la construcci¨®n de vivienda p¨²blica. Y antes de que la Comunidad y la capital emprendieran la venta de la que ya est¨¢ construida a fondos de inversi¨®n extranjeros.

En cualquier caso, m¨¢s de 1.600 personas tendr¨ªan que ser obligadas a marcharse sin otro lugar adonde ir. Y, por el camino, ser¨¢ necesario desmantelar adem¨¢s el mayor punto de narcotr¨¢fico de la regi¨®n, que se asienta en esa zona y est¨¢ controlado por bandas fuertemente armadas. El plan regional, pactado con la Delegaci¨®n del Gobierno, se limita a un pu?ado de p¨¢rrafos sin ninguna medida concreta para ello.

A Elena Mart¨ªn, vecina del sector 6, le gustar¨ªa que se arreglara todo para que su hijo menor se quede alg¨²n d¨ªa con una casa legal. Mientras habla al tel¨¦fono, se oyen de fondo el ladrido de sus perros. Tiene seis. Sobre su vivienda pesa una orden de derribo que nunca se ha ejecut¨®, como otras 40 que han ido frenando en su pelea contra las instituciones. ¡°Hemos luchado much¨ªsimo para que llegase este acuerdo, para que todo se arregle¡±, explica. No le preocupa que su sector vaya a ser el ¨²ltimo en arreglarse: ¡°La cuesti¨®n es que se empiece a solucionar, que hagan algo, que sigan adelante¡±.

Su familia levant¨® la casa en donde viven ladrillo a ladrillo. ¡°Han sido a?os muy duros, pero no me arrepiento de nada. Aqu¨ª la vida es m¨¢s intensa que en un piso¡±, afirma. Se r¨ªe a carcajadas cuando se le pregunta qu¨¦ har¨¢ el d¨ªa que su casa sea legal: ¡°Arreglarla un poquito m¨¢s y seguir viviendo. No necesito mucho m¨¢s¡±.

El documento aprobado el jueves deja claro que en el sector 6 tendr¨¢ que comenzarse el trabajo casi desde el principio, puesto que ni siquiera el censo realizado en los ¨²ltimos dos a?os servir¨¢ como gu¨ªa final. Ser¨¢ necesario elaborar ¡°un estudio social amplio¡± que ¡°podr¨¢ servir para una adecuada planificaci¨®n de las actuaciones de realojamiento¡±.

Seg¨²n el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida), el otro municipio afectado y el ¨²nico que se ha opuesto, el plan ¡°es una operaci¨®n cosm¨¦tica que no cierra la herida abierta ni el problema social¡±. Por este municipio discurren tres kil¨®metros del asentamiento, en los que viven 1.132 habitantes. En su zona no hay un problema grave de chabolismo como el del sector 6, pero dos tercios de sus pobladores sufren o est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n social, y un tercio recibe la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n.

¡°Con este texto, la Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no van a poder optar a la legalizaci¨®n de sus viviendas porque no disponen de los recursos econ¨®micos para hacerlo¡±, se?ala el concejal de Urbanismo, Fausto Fern¨¢ndez.

El objetivo regional es, seg¨²n el acuerdo, ¡°consolidar el mayor n¨²mero de residentes y de viviendas¡±, ¡°integrando urban¨ªsticamente las distintas zonas de la Ca?ada¡±. El suelo ser¨¢ ¡°preferentemente residencial¡± y ¡°se procurar¨¢ que todos aquellos residentes censados¡± ¡°puedan acceder a la compra del suelo donde se asientan sus viviendas, pudiendo mantener ¨¦stas siempre que cumplan las condiciones habitabilidad¡±.

Se procurar¨¢. Porque la Comunidad a¨²n debe fijar el precio al que se vender¨¢ el suelo a aquellos que ahora lo ocupan de forma irregular. Si el precio es de mercado, ser¨¢n muchos los que no puedan adquirirlo, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que pueden encontrarse para acceder a una hipoteca. Si el precio es inferior, no habr¨¢ dinero suficiente para urbanizar el ¨¢rea (asfaltado, alcantarillado, red el¨¦ctrica, agua corriente, etc¨¦tera), ni siquiera vendiendo el resto del suelo (el que ahora no est¨¢ ocupado) a promotores a mayor coste.

¡°Hay gente en paro, jubilados, familias sin recursos, necesitamos que nos den facilidades para pagar. Poner precios elevados es una forma de echar a la gente¡±, se?ala, Vanessa Valenzuela, que representa desde 2007 a los vecinos de los tres primeros sectores de la Ca?ada (en el t¨¦rmino municipal de Coslada y Madrid).

Incluso el Ayuntamiento de Coslada, que apoya firmemente el plan de la Comunidad, incide en ese aspecto ¡°El problema podr¨ªa estar en si los residentes tendr¨¢n o no capacidad econ¨®mica para hacer frente al pago de los terrenos¡±, se?al¨® su alcalde, Ra¨²l L¨®pez, a Efe. En ese municipio hay 927 personas afectadas.

Seg¨²n L¨®pez, el precio ¡°no ser¨¢ de mercado¡± sino ¡°muy asequible¡±. Lo que, indirectamente, le lleva a la misma reflexi¨®n que Rivas y Madrid: la ¡°preocupaci¨®n porque la situaci¨®n econ¨®mica de los Ayuntamientos no es halag¨¹e?a para acometer la reordenaci¨®n urban¨ªstica¡± del entorno.

La oposici¨®n frontal de Rivas al acuerdo, que se niega a firmar, es un obst¨¢culo pero no infranqueable. El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP), aprob¨® en marzo de 2011 la ley que desafectaba el suelo, hasta entonces pecuario (era una v¨ªa ganadera no urbanizable) y daba dos a?os para pactar con los Ayuntamientos. Ese plazo expir¨® en junio de 2013, y ahora la Comunidad tiene todo el poder de decisi¨®n. ¡°A efectos pr¨¢cticos, el proceso es imparable. El margen que tiene Rivas es muy limitado¡±, asegura la Comunidad.

?Qu¨¦ suceder¨¢ entonces? ¡°El texto respeta las competencias urban¨ªsticas de cada municipio, no impone nada. Los Ayuntamientos tendr¨¢n que tramitar sus modificaciones¡±, observan en el Ejecutivo regional. El tramo de la Ca?ada que pasa por Rivas podr¨ªa quedar as¨ª en un limbo que alargue los tr¨¢mites administrativos.

El acuerdo se firmar¨¢ el d¨ªa 9. En seis o nueve meses, se cerrar¨¢ el censo definitivo tras alegaciones y recursos. S¨®lo entonces comenzar¨¢ a hacerse realidad el plan. Para la mitad de la Ca?ada.

La otra seguir¨¢, como hasta ahora, en el limbo de los problemas aparentemente irresolubles.