Anticorrupci¨®n pide la anulaci¨®n de la fianza de Alaya a ?lvarez

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estima que la fianza civil de 29,5 millones impuesta por la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena ?lvarez, debe ser anulada. El ministerio p¨²blico se ha adherido al recurso que la exconsejera andaluza de Hacienda present¨® ante la Audiencia de Sevilla para que la medida cautelar sea revocada.

Anticorrupci¨®n considera que no es posible imponer una cauci¨®n a la exconsejera dado que de momento la investigaci¨®n no puede cuantificar la cantidad de dinero supuestamente malversada durante su mandato como consejera de Hacienda. La fiscal¨ªa ya se pronunci¨® en este sentido cuando ?lvarez declar¨® por primera vez el pasado octubre, por lo que al t¨¦rmino de su comparecencia en el juzgado declin¨® imponerle una fianza.

El pasado marzo la juez Alaya impuso dicha cauci¨®n de 29,5 millones a la exministra y le acus¨® de ser la ¡°promotora del procedimiento ilegal de subvenciones sociolaborales¡± por autorizar los pagos del fondo de los ERE. Adem¨¢s, le imput¨® haber contribuido al dise?o ¡°opaco¡± y ¡°discrecional¡± de ayudas, que eludi¨® los controles de la Intervenci¨®n General. Pero sobre todo Alaya avanz¨® una supuesta condena de la exministra al mencionar ¡°la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan¡±. A continuaci¨®n, ?lvarez recurri¨® la fianza civil impuesta, que la calific¨® como ¡°abusiva¡± y ¡°presidida por un fin estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad¡±.

La exministra censuraba en su recurso que la juez instructora se arrogase funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan ¡°serias dudas¡± sobre su ¡°imparcialidad¡±, ya que, seg¨²n estimaba, hab¨ªa emitido un ¡°juicio anticipado de culpabilidad¡±. ?lvarez consider¨® que el auto de la juez deb¨ªa ser declarado nulo de pleno derecho por cuanto impone una fianza desproporcionada. Ahora, Anticorrupci¨®n concluye que la fianza fijada por Alaya no es procedente.

La juez recibi¨® este mi¨¦rcoles tambi¨¦n otras dos objeciones a su instrucci¨®n del caso; el abogado de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano le pidieron ¡°a la mayor brevedad y sin m¨¢s excusas dilatorias¡± que aplace la declaraci¨®n judicial de sus clientes y eleve la causa contra los expresidentes andaluces y otros cinco exconsejeros preimputados al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), informa Efe.

Estos dos ex altos cargos est¨¢n citados como imputados el pr¨®ximo 12 de mayo despu¨¦s de que la juez Alaya haya rechazado la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de dividir la causa de los ERE en piezas ¡ªuna por cada ayuda investigada¡ª y elevar al Tribunal Supremo la correspondiente a los siete cargos aforados y la de la Sierra Norte sevillana.

Adem¨¢s, el presidente del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa, Juan Cano Bueso, se sum¨® a las quejas acumuladas en los ¨²ltimos d¨ªas contra la instrucci¨®n de la juez y critic¨® su ¡°desatino¡± y su ¡°intromisi¨®n ileg¨ªtima¡± respecto a las actividades del Parlamento andaluz. Cano declar¨® este mi¨¦rcoles tras una conferencia que hace tiempo que le parece ¡°mal¡± la actuaci¨®n de la juez Alaya, a la que reprocha que intentara ¡°intervenir, limitar e investigar¡± la inviolabilidad parlamentaria con sus resoluciones. ¡°No se puede, desde los autos, inventar figuras procesales que no existen. Y tiene el deber inexcusable, tan pronto cuando aparecen indicios racionales de criminalidad de aforados, de remitir una exposici¨®n razonada al tribunal correspondiente¡±, destac¨® este mi¨¦rcoles Cano Bueso.

Por otra parte, la fiscal¨ªa achaca al ¡°t¨¢ndem¡± de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago y Jos¨¦ Enrique Rosendo haber realizado ¡°operaciones societarias¡± que ¡°pudieran ocultar o dificultar¡± las investigaciones del caso ERE, seg¨²n refleja el acta de sus imputaciones. Ambos est¨¢n acusados de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias por recibir ayudas directas de 16,9 millones.