El fraude pol¨ªtico de los aforados

La dimisi¨®n de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como diputada de las Cortes Valencianas, tendr¨¢ un efecto paralizador sobre el caso Brugal. Y dificultar¨¢ la investigaci¨®n de la pieza separada de esa macrocausa en la que est¨¢ imputada la regidora por haber ama?ado supuestamente el plan urban¨ªstico del municipio a favor de un promotor. El caso permanec¨ªa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la condici¨®n de parlamentaria, y por ello aforada, de Castedo. Su renuncia, que devolver¨¢ las pesquisas a la Audiencia Provincial de Alicante, se enmarca en una epidemia de dimisiones que se produce a pocas semanas de las elecciones europeas del 25 de mayo.

Castedo, el anterior alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, y las exconsejeras Ang¨¦lica Such y Milagrosa Mart¨ªnez han renunciado a sus esca?os en el Parlamento auton¨®mico generando terremotos procesales en las dos grandes causas de corrupci¨®n valencianas de los ¨²ltimos a?os: los casos G¨¹rtel y Brugal. Castedo anunci¨® hace dos a?os que ya ten¨ªa tomada la decisi¨®n de renunciar al esca?o y desde entonces ha reconocido que solo esperaba el momento que m¨¢s le conviniese para hacerlo.

Antes de dimitir, tanto ella como los otros tres diputados dimitidos han exprimido sus opciones para salir bien librados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a base de reclamar reiteradamente su desimputaci¨®n o el archivo del procedimiento. ¡°Es una utilizaci¨®n pol¨ªtica evidente de la figura. Cuando sus gestiones no dan frutos ante el tribunal de aforamiento, dimiten para ir a otro¡±, afirma Ricard Cabedo, que hasta hace poco fue fiscal superior de la Comunidad Valenciana.

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha puesto a prueba esta legislatura el aforamiento

¡°El modelo da una respuesta manifiestamente insatisfactoria¡±, sigue el juez de la Audiencia de Valencia Jos¨¦ Manuel Ortega, ¡°y es l¨®gico que genere entre los ciudadanos la percepci¨®n de que puede manejarse el procedimiento al gusto de algunos imputados; afecta a la confianza en la respuesta penal¡±. Ortega expresa una opini¨®n extendida en la magistratura, y que los jueces decanos trasladaron al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una reuni¨®n en marzo.

El debate sobre el aforamiento es antiguo. Pero el Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha puesto a prueba la figura en esta legislatura como nunca antes en Espa?a. Hasta 13 de sus diputados han estado imputados desde los comicios de mayo de 2011: Jorge Bellver, Francisco Camps, Ricardo Costa, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, Rafael Blasco, Ang¨¦lica Such, Milagrosa Mart¨ªnez, Luis D¨ªaz Alperi, Sonia Castedo, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda Garc¨ªa y Alicia de Miguel.

Alguno, como Hern¨¢ndez Mateo, ha sido condenado a prisi¨®n mientras conservaba el acta de diputado. Otros, como Costa y Alperi, han sido imputados por hechos nuevos cuando ya estaban inmersos en otros procedimientos judiciales por corrupci¨®n.

Hasta 13 diputados del grupo parlamentario del PP han estado imputados desde el verano de 2011

Las dimisiones de Mart¨ªnez (La Perla para la trama G¨¹rtel) y Such se produjeron con la investigaci¨®n cerrada y las fechas del juicio se?aladas. La remisi¨®n del caso a la Audiencia de Valencia ha sido rechazada por la fiscal¨ªa, que quer¨ªa mantenerlo en el TSJ, y ser¨¢ el Supremo el que decida d¨®nde debe juzgarse. La dilaci¨®n ser¨¢ aproximadamente de un a?o. En el caso Brugal, que a¨²n est¨¢ en fase de instrucci¨®n, las consecuencias pueden ser peores. ¡°En fase de investigaci¨®n el problema es grave. En causas complejas y muy voluminosas, el nuevo juez va a tener que ponerse al d¨ªa del procedimiento r¨¢pidamente y empezar a tomar decisiones¡±, se?ala Ortega.

El aforamiento naci¨® para proteger a los representantes pol¨ªticos de interferencias esp¨²reas de la justicia y para reforzar la independencia de los magistrados en los casos que afectasen a poderosos, reservando tales casos para ¨®rganos superiores. ¡°Pero hoy d¨ªa no tiene raz¨®n de ser, m¨¢s all¨¢ de la desconfianza que pueda existir hacia el juez de instrucci¨®n¡±, opina el catedr¨¢tico de Derecho Penal Juan Carlos Carbonell.

La investigaci¨®n de las causas con aforados, generalmente complejas a?ade Carbonell, recae en ¨®rganos que no est¨¢n pensados para ello, que carecen de medios y cuyos magistrados, en ocasiones, nunca han instruido un procedimiento. Ante las disfunciones, los expertos consultados reclaman cambios. El catedr¨¢tico propone la supresi¨®n del aforamiento. El juez Ortega, que al menos quede fijado por ley un momento a partir del cual la competencia del ¨®rgano judicial no puede modificarse a voluntad de un imputado. Y el exfiscal superior Cabedo, que los jueces ordinarios instruyan y el aforamiento quede reservado, ¡°si se quiere¡±, para el tribunal de enjuiciamiento.