El Gobierno demanda a 80 alcaldes catalanes por no izar la bandera espa?ola

Mariano Rajoy y Artur Mas no dialogan y el Parlamento catal¨¢n y el Congreso apelan a legitimidades diferentes para amparar o rechazar la consulta soberanista. La crisis independentista se refleja desde diferentes prismas y uno de ellos se dirime en los juzgados. La Delegaci¨®n del Gobierno y los Ayuntamientos catalanes mantienen una batalla judicial inagotable a prop¨®sito de las decisiones de Consistorios que respaldan el secesionismo. La instituci¨®n que dirige Llanos de Luna ha presentado de oficio desde 2011 hasta 270 recursos contenciosos-administrativos contra decisiones de consistorios vinculadas al soberanismo. De estos recursos, 80 son para obligarles a izar la bandera espa?ola. La Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia, a la que se han adherido 692 municipios de 947 que hay en Catalu?a, adem¨¢s de 38 consejos comarcales (hay 41) y Diputaciones, lamenta que el Estado gaste partidas por no estar conforme con decisiones pol¨ªticas. La AMI tiene constancia de 230 demandas y subraya que el Estado ha perdido o no ha conseguido que se admitieran a tr¨¢mite 24 recursos.

Adem¨¢s de los 80 recursos por asuntos de banderas, la Delegaci¨®n del Gobierno ha presentado un centenar contra otros tantos ayuntamientos que aprobaron lo que denominan ¡°soberan¨ªa fiscal¡±: traspasan directamente los tributos IRPF y el IVA a la Agencia Tributaria de Catalu?a en lugar de a Hacienda y despu¨¦s es la Generalitat quien paga a la Administraci¨®n central. Hay otros 60 recursos contra ayuntamientos que se han declarado ¡°territorio libre y soberano¡± y 35 m¨¢s contra los consistorios que pagan cuotas a la AMI, presidida por Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic por CiU, formaci¨®n en la que ya no milita.

Los partidos soberanistas achacan ese frenes¨ª jur¨ªdico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo. El Parlament aprob¨® hace un a?o pedir la destituci¨®n de la delegada por esa actitud y por no respetar a las instituciones catalanas. El PP y Ciutadans votaron en contra y el PSC se abstuvo. El Ayuntamiento de Girona declar¨® a De Luna poco despu¨¦s ¡°persona no grata¡±.

La delegada del Gobierno nunca ha escondido que su objetivo es garantizar la presencia del Estado en Catalu?a y cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno y del PP, que tach¨® de "indignidad" la moci¨®n del Consistorio de Girona. De Luna defiende que se limita al escrupuloso cumplimiento de la ley, que descansa en dos textos. La delegada apela a la Ley de Banderas, de 1981, que exige la presencia de la insignia espa?ola, en este caso junto a la senyera, tanto fuera como en el interior de los edificios oficiales. En segundo lugar, se ampara en dos sentencias del Tribunal Supremo que instan a las instituciones a no invertir dinero p¨²blico en asuntos que no son de su competencia y las insta comportarse con objetividad al servicio de la comunidad. La Delegaci¨®n sostiene que la neutralidad de De Luna se refleja, por ejemplo, en que oblig¨® al Consistorio de Bolvir (Girona) a exhibir tambi¨¦n la senyera.

Los abogados del Estado est¨¢n seguros de que puede ganar en el juzgado los recursos contra las banderas ¡ªla Delegaci¨®n afirma que una veintena de Consistorios han accedido a colocarla antes de conocer la sentencia¡ª y la de las cuotas de la AMI.

Los partidos soberanistas achacan ese frenes¨ª jur¨ªdico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo

No est¨¢ tan clara, sin embargo, la postura que mantienen los jueces respecto a la soberan¨ªa fiscal y a la declaraci¨®n del territorio libre y soberano porque hay algunos que consideran que esas mociones son de car¨¢cter pol¨ªtico y carecen de efecto jur¨ªdico.

La Delegaci¨®n admite que en el caso de la soberan¨ªa fiscal no se han admitido el 20% de los recursos, en su mayor¨ªa en juzgados de Tarragona y Girona, aunque resalta que ya tienen tres fallos a su favor en el caso del territorio libre y soberano.

¡°De los 24 casos que ha perdido el Estado, 9 est¨¢n relacionados con la soberan¨ªa fiscal¡±, se?ala un portavoz de la AMI, que cifra en 170 los Ayuntamientos que han dado ese paso. El colectivo esgrime como una victoria la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que rechaz¨® un recurso del abogado del Estado contra la entidad municipal de Jes¨²s, de las Tierras del Ebro, que hace un a?o aprob¨® la soberan¨ªa fiscal. En el fallo, los magistrados se?alan que solo pueden valorar decisiones que tengan la finalidad inmediata de ¡°engendrar o destruir una relaci¨®n de derecho¡±. ¡°Y por tanto¡±, aducen, ¡°trat¨¢ndose de manifestaciones pol¨ªticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del derecho, sin concreci¨®n ni efecto pr¨¢ctico ni jur¨ªdico posible, las pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles¡±.

Local cedido

¡°La sentencia legitima la raz¨®n de ser de la AMI y sus Ayuntamientos asociados. Siempre hemos defendido que la justicia debe pronunciarse sobre cuestiones jur¨ªdicas y no pol¨ªticas¡±, se?ala Vila d'Abadal en la p¨¢gina web de la AMI, en pugna constante con Llanos de Luna, que amenaz¨® con presentarle otro recurso por haber cedido aquel dependencias municipales a la AMI. Fuentes de la Delegaci¨®n sostienen que el alcalde de Vic dio marcha atr¨¢s en su pretensi¨®n. La AMI tambi¨¦n renunci¨® a ocupar las oficinas en litigio.

La entidad est¨¢ especialmente molesta con la persecuci¨®n de sus asociados. ¡°Los Ayuntamientos m¨¢s peque?os pagan cuotas simb¨®licas de 75 euros al a?o a la Asociaci¨®n. Es una suma ¨ªnfima en contraste con el gasto que supone poner en marcha toda la maquinaria judicial del Estado¡±, afirman fuentes de la entidad. Vila d'Abadal lleg¨® a amenazar con demandar a la Delegaci¨®n del Gobierno por malversar dinero p¨²blico.