La fiscal¨ªa alerta del incumplimiento de las ¨®rdenes de derribo de viviendas

La Fiscal¨ªa de C¨¢diz ya tiene ultimado un inventario de sentencias con ¨®rdenes de derribo de viviendas ilegales sin ejecutar en el ¨¢rea de la bah¨ªa y la comarca de la Janda. La fiscal jefe, ?ngeles Ayuso, se propuso a finales de 2012 realizar este listado para demostrar una queja que se ha convertido en cr¨®nica: la escasa ejecuci¨®n de estas condenas. Llegar al derribo es algo excepcional para las casas irregulares. En la mayor¨ªa de los casos la demolici¨®n termina por evitarse debido fundamentalmente a la enorme mara?a judicial y de tr¨¢mites, la aplicaci¨®n de diversos criterios, la dejadez municipal o la falta de medios.

Seg¨²n los datos de este inventario, de las 43 ¨®rdenes para tirar construcciones sin licencia, solo se han ejecutado cuatro en los ¨²ltimos cuatro a?os. Las dem¨¢s resisten el peso de la justicia. De las 39 restantes, solo en dos ocasiones la demolici¨®n ha sido ya completamente descartada. Por lo tanto, quedan otras 37 demoliciones pendientes que, por diferentes razones, siguen aguardando una resoluci¨®n definitiva o el momento en que las m¨¢quinas act¨²en. En el inventario de la fiscal¨ªa se ve reflejada la enumeraci¨®n de cada uno de los procedimientos judiciales, algunos de ellos se remontan hasta el a?o 2007.

Ayuso se propuso realizar este inventario para dimensionar un problema real al que se enfrentaba la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente. Sus peticiones de derribo de viviendas ilegales empezaban a tener una acogida satisfactoria entre los jueces.

El informe refleja

Por ejemplo, durante mucho tiempo la justicia impidi¨® las demoliciones atendiendo el criterio de que en un futuro, con las revisiones de los planes generales, los suelos donde hab¨ªan proliferado viviendas sin licencia, pod¨ªan ser recalificados y eso podr¨ªa resolverse iniciando un proceso de legalizaci¨®n. Algunas sentencias atendieron el criterio de la fiscal¨ªa de que la casa debe ser demolida independientemente de su futuro urban¨ªstico porque en el momento de ser construida su promotor se salt¨® la ley.

Pero la llegada de sentencias firmes de derribo no ha ido en paralelo a su ejecuci¨®n. Tal como sospechaba Ayuso antes de encargar este inventario, la mayor¨ªa de esos fallos judiciales no se han ejecutado.

Y en muy raras ocasiones, un due?o ha tirado su propia casa. Pero la fiscal¨ªa detecta que tampoco los Ayuntamientos realizan esta tarea. En algunos casos, como este, ha llegado a utilizar el argumento de que los actuales inquilinos necesitan esas casas para vivir porque, en realidad, algunas de las viviendas con ¨®rdenes de derribo se han convertido en primera residencia, aunque en su origen no lo fueran.

La fiscal¨ªa lamenta no obstante que los Ayuntamientos asuman ese papel protector cuando durante a?os permitieron que en sus t¨¦rminos municipales se levantaran estas casas sin cortapisas. ¡°Entre ellas est¨¢ la construcci¨®n de algunas casas de 200 metros cuadrados e incluso la construcci¨®n de adosados en grupo¡±, se lee en el texto del informe.

En este caso, el inventario recoge los datos del ¨¢rea de la bah¨ªa de C¨¢diz y la comarca de la Janda, pero la fiscal¨ªa de Jerez y Algeciras tambi¨¦n est¨¢n elaborando sus propios informes. La obtenci¨®n de esta informaci¨®n tan concreta servir¨¢ para conseguir el prop¨®sito que se marc¨® hace ya a?o y medio la fiscal jefe de C¨¢diz. Que las Administraciones y el Poder Judicial conozcan la dimensi¨®n del problema y tomen conciencia de las dificultades para hacer frente, con la ley en la mano, al urbanismo ilegal.

Entre todos tendr¨¢n que resolver la suma de viviendas que todav¨ªa siguen en pie por razones bien diferentes. Este listado, como anticipo, analiza caso a caso. Por ejemplo, la fiscal¨ªa present¨® recurso contra un auto del Juzgado de lo Penal 4 de C¨¢diz que suspend¨ªa la demolici¨®n de una construcci¨®n por dos a?os contados desde el 23 de mayo de 2012.

El juez argumentaba que daba este plazo de cortes¨ªa por si en este plazo cambiaba la calificaci¨®n jur¨ªdico-urban¨ªstica del terreno. La fiscal¨ªa cree que esta decisi¨®n no tiene fundamento legal y la Audiencia Provincial de C¨¢diz emiti¨® el 29 de junio de 2012 un auto confirmando una demolici¨®n acordada por el Juzgado de lo Penal 5.

Algunas de las construcciones se han convertido en primera residencia

Para la fiscal¨ªa este tipo de apelaciones son maniobras de los propietarios para dilatar en el tiempo una sentencia firme, de manera que se pueda evitar el derribo si en ese tiempo ha cambiado la calificaci¨®n de los suelos y se ha hecho edificable toda la zona donde radica la construcci¨®n.

Por ello, en su inventario, la fiscal¨ªa es especialmente cr¨ªtica contra la actuaci¨®n de los Ayuntamientos. Ante otro juzgado, un Ayuntamiento ¡ªtampoco identificado¡ª lleg¨® a pedir la suspensi¨®n de la demolici¨®n porque su uso hab¨ªa cambiado. El ministerio p¨²blico cree que cuando un Consistorio act¨²a as¨ª est¨¢ asistiendo a un condenado por un delito. La legislaci¨®n marca que debe ser el propietario el que ejecute ese derribo y, en caso subsidiario, es el Ayuntamiento el que debe hacerlo.

Y entre otras maniobras dilatorias, el ministerio p¨²blico tambi¨¦n ha encontrado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia, medida de garant¨ªa a la que se oponen tajantemente desde la fiscal¨ªa. Los jueces gaditanos tampoco las han atendido de momento.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cort¨¦s, que ayer estuvo en C¨¢diz, dijo respecto al inventario que esta competencia corresponde a Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio pero reconoci¨® la dificultad de aplicar algunas normas. ¡°Es algo complicado pero cuando se aprueban leyes es para que se cumplan¡±, resolvi¨®. Inst¨® adem¨¢s a que, en la medida de lo posible, se busquen mecanismos ¡°para que el cumplimiento de la ley sea efectivo tal y como lo ha planteado la Junta de Andaluc¨ªa desde Ordenaci¨®n del Territorio¡±, dijo.