La justicia aplica la ¡®ley Wert¡¯ y obliga a financiar la escuela que separa por sexos

La reforma educativa de Jos¨¦ Ignacio Wert no se empezar¨¢ a aplicar ¡ªde forma parcial¡ª hasta el curso que viene. Pero el primer efecto de esta ley aprobada en diciembre ya se nota: los centros de ense?anza segregada o diferenciada seguir¨¢n concertados, es decir, sufragados con dinero p¨²blico. En el proceso de redacci¨®n de la norma, el Ministerio de Educaci¨®n se preocup¨® de blindarles en el futuro la financiaci¨®n. Tambi¨¦n incluy¨® una cl¨¢usula para que los centros que hab¨ªan perdido el concierto (el dinero p¨²blico) en aplicaci¨®n de varias sentencias judiciales durante 2013 lo recuperar¨¢n de forma inmediata. La justicia empieza a devolver ahora el dinero a los colegios que solo admiten a chicos o chicas, aplicando esa Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Es el caso de la escuela femenina de Formaci¨®n Profesional Albaydar, en Sevilla. El Gobierno andaluz le ha negado en dos ocasiones ¡ªen 2013 y 2014¡ª el acceso a nuevas unidades concertadas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) obliga ahora a esta Administraci¨®n a devolverle cautelarmente el concierto. As¨ª lo fijan los magistrados andaluces en un auto firmado el mi¨¦rcoles. Hay otros 11 centros andaluces en esta situaci¨®n. La previsi¨®n es que el TSJA se pronuncie en la misma direcci¨®n. Es decir, obligar¨¢ a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n a mantener la financiaci¨®n p¨²blica mientras resuelve sobre si es legal o no subvencionarlos. Pero los magistrados andaluces argumentan ya que los cambios normativos aprobados por el ministerio hacen que se considere ¡°espec¨ªfica y singularmente¡± que ¡°la educaci¨®n diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios p¨²blicos de la concertaci¨®n¡±.

Este modelo educativo es minoritario en Espa?a. La mayor¨ªa de las ¨®rdenes religiosas fue convirtiendo sus centros en mixtos a partir de los a?os setenta. Pero se ha mantenido un reducto vinculado principalmente al ala m¨¢s conservadora de la Iglesia, el Opus Dei. Existen unos 170 colegios e institutos que solo admiten a alumnos o alumnas en todo el pa¨ªs, y menos de la mitad est¨¢n subvencionados por las Administraciones. El conflicto se centra en los colegios e institutos concertados, de titularidad privada pero financiados con dinero p¨²blico.

Varias comunidades ¡ªentre ellas Andaluc¨ªa y Asturias¡ª llevan a?os intentando sacar a estos colegios del sistema de conciertos. Las autonom¨ªas tienen las competencias en educaci¨®n, pero el marco general que regula todo el sistema de ense?anza lo fija el Gobierno con las leyes org¨¢nicas.

En el verano de 2012, el Tribunal Supremo parec¨ªa que hab¨ªa resuelto de una vez este asunto. ¡°Se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administraci¨®n competente su sostenimiento con fondos p¨²blicos¡±, estableci¨®. Pero el alto tribunal dej¨® una puerta abierta, como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, con Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. Bas¨® su argumentaci¨®n en que la anterior Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n ¡ªaprobada en 2006 por el Gobierno del PSOE¡ª consideraba que separar por sexos supon¨ªa discriminar en la escolarizaci¨®n. Wert anunci¨® entonces que cambiar¨ªa la ley. ¡°No constituye discriminaci¨®n la admisi¨®n de alumnos y alumnas o la organizaci¨®n de la ense?anza diferenciadas por sexos¡±, dice la vigente LOMCE.

Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de M¨¢laga, considera que el problema reside en que el Supremo no bas¨® su argumentaci¨®n en la Constituci¨®n. ¡°El plano es constitucional y no debe ser legal sostener con fondos p¨²blicos esta ense?anza porque contraviene el art¨ªculo 14¡±. ¡°Los espa?oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n, opini¨®n o cualquier otra condici¨®n¡±, dice ese art¨ªculo.

A la Constituci¨®n recurren tambi¨¦n los defensores de este modelo, pero al art¨ªculo 27, en el que se establece el derecho de los padres a ¡°que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones¡±. A esto se ha referido este viernes Gemma Garc¨ªa, portavoz de la plataforma de las familias defensoras de la diferenciada: ¡°El auto es un reconocimiento a la libertad de elecci¨®n de los padres¡±.

Pero la decisi¨®n de los jueces andaluces es solo un hito m¨¢s en este largo enfrentamiento. El Tribunal Constitucional ser¨¢ el que acabe resolviendo el galimat¨ªas, en el que durante m¨¢s de dos d¨¦cadas se han encadenado sentencias favorables y contrarias a este modelo. Varias comunidades y partidos han llevado el blindaje de la diferenciada en la ley Wert al Constitucional. Andaluc¨ªa hab¨ªa pedido al TSJA que no tomara decisi¨®n alguna sobre la escuela Albaydar hasta que se resolviera su recurso de inconstitucionalidad. Pero los jueces andaluces entienden que este asunto puede tardar ¡°en resolverse a?os¡±, por lo que deciden restituir el concierto cautelarmente. La Junta ha anunciado este viernes que recurrir¨¢ esta decisi¨®n.

Asturias tambi¨¦n ha llevado al Constitucional la LOMCE por el mismo motivo. Pero el Gobierno asturiano (PSOE) mantiene ya el concierto con dos colegios que segregan por sexo obligado por los tribunales. El Ejecutivo decidi¨® en 2013 no renovar el concierto con los dos centros, recuerda la consejera de Educaci¨®n, Ana Gonz¨¢lez. Pero los colegios recurrieron y lograron el verano pasado que de forma cautelar se les siga financiando. ¡°Eso s¨ª, les han pedido 30.000 euros de cauci¨®n por si tienen que devolverlo. Si el juez falla a nuestro favor les vamos a reclamar ese dinero¡±, sostiene Gonz¨¢lez.

Los cambios en la LOMCE no son los ¨²nicos pasos que ha dado el Gobierno para favorecer a la diferenciada. Mientras completaba la tramitaci¨®n de la reforma, el Ejecutivo incluy¨® una enmienda en la Ley de Presupuestos de 2013 que establec¨ªa que la financiaci¨®n p¨²blica pod¨ªa llegar tambi¨¦n a los segregados. Esta maniobra no impidi¨® a Andaluc¨ªa suspender ese a?o unos conciertos que ahora la justicia obliga a mantener.