La fiscal pide inhabilitar a los ediles de Santiago: ¡°No defienden lo p¨²blico¡±

El caso qued¨® visto para sentencia y el Gobierno de Santiago pende ahora de ese fallo. Est¨¢ en manos de lo que decida un joven juez sustituto, Jes¨²s Leal, que debe dirimir si siete ediles de la capital de Galicia ¡ªtoda la Junta de Gobierno¡ª prevaricaron cuando decidieron cargar al erario p¨²blico la defensa de un compa?ero concejal (Adri¨¢n Varela) imputado en el caso Pok¨¦mon. Tras escuchar a los peritos y testigos, la fiscal Arancha Sanjos¨¦ mantiene la petici¨®n de inhabilitaci¨®n especial para ejercer el cargo p¨²blico durante nueve a?os a los siete concejales. Su alegato final fue una dur¨ªsima reprimenda al Gobierno: ¡°Estaban decidiendo pagar el letrado en un asunto de corrupci¨®n y lo sab¨ªan. Y como tal debe ser tratado este caso. ?El dinero p¨²blico est¨¢ para defender a los corruptos sin condicionantes? [...] Han adoptado un acuerdo ilegal y lo han hecho de forma patente, clamorosa. Pedimos inhabilitaci¨®n para seguir gestionando el inter¨¦s p¨²blico porque no lo defienden bien¡±.

El argumento del ministerio p¨²blico es que el acuerdo de la Junta de Gobierno el 30 de mayo de 2013 que facultaba a la instituci¨®n para pagar la minuta de la defensa del edil era un cheque en blanco que establec¨ªa un contrato entre el Ayuntamiento y el letrado Javier M¨ªguez Poza, exjuez decano de Santiago. Seg¨²n esta tesis, la que ha defendido la fiscal¨ªa desde que estall¨® el caso y que ha obtenido el respaldo de una juez de instrucci¨®n y de la Audiencia Provincial de A Coru?a hasta llegar a juicio, esa mitad del Gobierno municipal que aprob¨® la moci¨®n lo hizo ignorando el informe del secretario municipal que ped¨ªa establecer tres salvedades a ese pago bas¨¢ndose en la jurisprudencia del Supremo: que el edil saliese inocente del caso Pok¨¦mon, que la acusaci¨®n fuese por razones derivadas del ejercicio de su cargo y no contraviniesen el inter¨¦s p¨²blico.

Ninguno de esos tres requisitos figuran en la parte dispositiva del pol¨¦mico acuerdo de gobierno. Pero los ediles y su defensa argumentaron que la propia petici¨®n del concejal Adri¨¢n Varela invocaba ya la jurisprudencia del Supremo y el informe del secretario municipal ¡ªpese a que todav¨ªa no estaba plasmado por escrito cuando el edil solicit¨® la ayuda econ¨®mica¡ª y que el acuerdo del pleno cita esa reclamaci¨®n en el acta. Adem¨¢s, los ediles interrogados sostuvieron que solo sab¨ªan de las acusaciones contra su compa?ero ¡°por la prensa¡±. Y la prensa a veces se equivoca, defendieron varios de ellos.

Los ediles procesados coincidieron en que aquella resoluci¨®n no facultaba al Ayuntamiento a pagar la minuta sino que requer¨ªa de otro acuerdo posterior con informe de Intervenci¨®n. A esa tesis se apunt¨® uno de los testigos de la defensa, el letrado jefe de la Diputaci¨®n de A Coru?a, Ram¨®n Valent¨ªn L¨®pez Rey, ¡ªfirmante de un dictamen a posterior que avala la legalidad de la actuaci¨®n municipal¡ª y quien ayer asegur¨® que el acuerdo es irrelevante. El secretario municipal de Santiago Juan Salguero asegur¨® que la decisi¨®n del gobierno local no vulner¨® la ley. Y su antecesor, Javier Casti?eira, que fue cesado por el Gobierno del PP y testigo de la fiscal¨ªa, asegur¨® que es ¡°interpretable¡± que dicha resoluci¨®n conlleve la obligaci¨®n de pagar. Otros testigos (entre ellos el vicesecretario municipal presente en la reuni¨®n que dio luz al acuerdo sin fjar ning¨²n reparo) hicieron aseveraciones similares. Esa disparidad de criterios abon¨® la tesis del abogado de la defensa, Pablo Rodr¨ªguez-Mourullo, quien asever¨® que la divergencia en las interpretaciones descarta la prevaricaci¨®n.

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