La juez del ¡®caso Tomares¡¯ atribuye al concejal Campos los informes falsos
Dos t¨¦cnicos y un edil rubrican la manipulaci¨®n para justificar facturas
La juez del caso Tomares, Reyes de Flores, imputa al concejal del municipio sevillano Juan Carlos Campos la creaci¨®n de los informes ficticios para justificar su propia labor como asesor de obras del Ayuntamiento. Esta supuesta manipulaci¨®n demuestra que el contrato firmado por Campos y el alcalde y senador del PP Jos¨¦ Luis Sanz no ten¨ªa justificaci¨®n alguna y esta se fabric¨® a posteriori. El aforamiento de Sanz ha provocado que la juez env¨ªe el caso al Tribunal Supremo para que decida si debe imputar al ex n¨²mero dos del PP andaluz.
¡°Los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en 2013 [pese a que correspond¨ªan a trabajos de 2007 y 2008] con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas¡±, zanja la juez. Sanz contrat¨® a Campos, antes de convertirse en edil de Medio Ambiente, como asesor de obras, pero para unos trabajos sin respaldo documental por los que percibi¨® 52.454 euros. Esta conclusi¨®n ha sido ratificada durante la instrucci¨®n por la Polic¨ªa Cient¨ªfica, que acredit¨® el supuesto montaje elaborado en 2013 tras analizar dos ordenadores, pero tambi¨¦n por el testigo clave del caso, el t¨¦cnico municipal Juan David Bretones: ¡°Campos me dijo que ten¨ªa que hacer los informes que justificasen las facturas (...) no llegu¨¦ a entregarlos y me dijo que as¨ª lo dejaba con el culo al aire (...) iban a derivar despidos masivos¡±, le amenaz¨® supuestamente el concejal al t¨¦cnico municipal.
El testimonio que desbarata la creaci¨®n de los informes a posteriori est¨¢ rubricado por otros tres trabajadores y un edil. El exconcejal Faustino Rodr¨ªguez (PP) y el t¨¦cnico auxiliar que trabaj¨® para Campos, Hueso Gonz¨¢lez, as¨ª como una funcionaria auxiliar y la secretaria del alcalde. Todos ellos confirmaron la inexistencia de los informes de Campos. Sin embargo, el ¨²nico que ha denunciado ante la juez sufrir ¡°un aut¨¦ntico acoso laboral¡± ha sido Bretones. Ayer se limit¨® a a?adir: ¡°Mi verdad es la verdad¡±. Y la magistrada destaca en su auto c¨®mo las diligencias policiales apoyan sus tesis sobre lo sucedido.
El principal escollo que debe salvar la defensa de Jos¨¦ Luis Sanz, si el Supremo avala su imputaci¨®n, es ¡°el contrato menor¡± que firm¨® con Campos en octubre de 2007 para el periodo de un a?o. De manera parad¨®jica, la aprobaci¨®n del gasto se firm¨® siete meses despu¨¦s del contrato. Es decir, Sanz y el entonces asesor de obras firmaron el contrato sin el visto bueno y amparo legal del interventor y el secretario, y medio a?o m¨¢s tarde se propuso su contrataci¨®n y la aprobaci¨®n del gasto, con un l¨ªmite de 18.000 euros. La juez subraya esta frontera de gasto p¨²blico, ignorado por amplio margen, ya que durante el periodo del contrato, Campos percibi¨® 24.525 euros y la suma ascendi¨® a 52.454 euros como el total abonado por el Ayuntamiento al concejal. ¡°No se ofrece explicaci¨®n alguna al respecto por los firmantes de dicho documento¡±, subraya la juez. Estos firmantes fueron el alcalde [que no ha declarado al ser aforado], el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y el interventor Alfonso Barrios. Tanto Sanz como Carmona han rehusado ofrecer explicaciones sobre el esc¨¢ndalo. Por su parte, el interventor matiz¨®: ¡°Hoy d¨ªa no s¨¦ si lo veo correcto [firmar la propuesta de contrataci¨®n despu¨¦s de la firma del contrato]¡±, pero defendi¨® la labor de Campos: ¡°Es una de las personas que m¨¢s han trabajado en el Ayuntamiento y me parece todo el l¨ªo desorbitado (...) Su funci¨®n no era la direcci¨®n de obra y no daba para m¨¢s. Los informes no eran una exigencia¡±. La supuesta falsificaci¨®n incluye informes ¡°de especial complejidad¡± por los que Campos percibi¨® 150 euros extra. El ¡°informe Zaud¨ªn¡±, fabricado en 2013 seg¨²n la juez, es muy escueto: ¡°Me remito a informes anteriores¡±.
Tanto Carmona como la concejal Mercedes Fuentes han defendido a Campos, si bien esta ¨²ltima dijo expresamente que ¡°le entregaba a ella los informes y las fotos¡±, una aseveraci¨®n que refutan sus dos t¨¦cnicos municipales que hac¨ªan el trabajo de campo en las calles y nunca manejaron informes de Campos.
Tras analizar todas las declaraciones de testigos e imputados, la magistrada concluye que solo consta que el concejal fuera al Ayuntamiento, pero no que trabajara pese a que percib¨ªa 2.000 euros al mes. ¡°Sin poder verificarse que realizase trabajo efectivo alguno ni emitiese informes, el examen de las sucesivas facturas aportadas contradice lo que el propio Campos declara y sostiene¡±. La resoluci¨®n de la juez implica la imputaci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n de los ediles Campos, Carmona y Fuentes, adem¨¢s de se?alar a Sanz, al que deja en manos del Supremo.
Sin embargo, las sombras y problemas judiciales del equipo de gobierno de Sanz no acaban ah¨ª. La misma juez De Flores valor¨® en noviembre los gastos aportados por Carmona al Ayuntamiento en ¡°restauraci¨®n, centros comerciales, supermercados y conceptos cuya adecuaci¨®n y cargo al presupuesto municipal pudiera aparecer como dudosa o discutible¡±. La instructora analiz¨® los gastos con motivo de una querella, no para determinar su legalidad, de ah¨ª que no entrara el fondo del asunto.
La oposici¨®n ha denunciado estos gastos, pero tambi¨¦n un supuesto nepotismo en la contrataci¨®n p¨²blica de personal, una de cuyas denuncias instruye la juez Mercedes Alaya. Al respecto, el exedil Faustino Rodr¨ªguez, anterior mano derecha de Sanz y que le introdujo en Tomares solo siete meses antes de ganar las elecciones de 2007, desvela: ¡°Nunca entr¨® nadie con convocatoria p¨²blica. Yo dije que alguna vez alguien vale, pero que no pod¨ªamos meter hasta cinco miembros de una misma familia¡±. Hoy Rodr¨ªguez y Sanz est¨¢n citados ante el juez de Tomares por una querella.
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