El tribunal rechaza enviar a la c¨¢rcel a Blasco y le pone 200.000 euros de fianza

Los jueces del Tribunal Superior valenciano han impuesto una fianza de 200.000 euros a Rafael Blasco, exconsejero en numerosos Gobiernos de la Generalitat, por el saqueo de los fondos de cooperaci¨®n.

Blasco deber¨¢ comparecer semanalmente en el tribunal, se le prohibe salir de Espa?a y deber¨¢ hacer entrega de su pasaporte. Tiene para hacerlo 48 horas o ser¨¢ recluido en prisi¨®n. Los magistrados desoyen la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que hab¨ªa solicitado para ¨¦l la prisi¨®n incondicional inmediata o, en caso de que los jueces no lo aceptaran, una fianza de dos millones de euros por riesgo de fuga. La fiscal¨ªa razonaba que Blasco, h¨¢bil estratega pol¨ªtico del PP valenciano sentenciado a ocho a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n como director de la trama, pod¨ªa considerar que no perd¨ªa nada intentando escapar.

Adem¨¢s de la sentencia ya conocida, Blasco tiene por delante otros dos juicios por la actividad que entre 2009 y 2011 despleg¨® una trama que se infiltr¨® en el mundo de la cooperaci¨®n a pesar de sentir un escaso aprecio por la ayuda al desarrollo. Sus miembros fueron grabados por la polic¨ªa llamando 'Negrolandia' a los pa¨ªses de destino de las subvenciones desviadas y 'negratas' a los beneficiarios defraudados. A Blasco, que empez¨® su carrera en la izquierda mao¨ªsta, fue expulsado del PSPV-PSOE y 20 a?os despu¨¦s forzado a abandonar el PP, la fiscal¨ªa le investiga adem¨¢s por su etapa al frente de Sanidad.

Su ingreso en prisi¨®n se da por seguro, pero solo una vez que la sentencia sea firme. Por ahora cabe recurso al Supremo, que el exconsejero ha anunciado que apurar¨¢. Lo que la fiscal¨ªa quer¨ªa asegurar era cumplir¨¢ la pena, adelantando su ingreso bajo la figura de la prisi¨®n provisional. Los magistrados consideran en la resoluci¨®n emitida este martes, sin embargo, que la fianza "solicitada por las acusaciones resulta desproporcionada, no teniendo base alguna para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla".

Ello a pesar de que los jueces resaltan que Blasco fue "el principal promotor" de la trama, "lo que no solo hace su conducta m¨¢s grave a¨²n si cabe, si no que le confiere un especial dominio del hecho, as¨ª como una serie de contactos y relaciones que pudieran facilitar una eventual elusi¨®n" de la condena. Y a pesar de que los magistrados a?aden: "Puede que tuviera un profundo arraigo en nuestra comunidad por su vinculaci¨®n pol¨ªtica, pero actualmente la misma ha quedado rota tras su cese, por lo que si a ello unimos que pese a la investigaci¨®n llevada a cabo no se le ha encontrado un especial patrimonio acorde a la posici¨®n que cabe presumirle, hace pensar en alguna suerte de ocultaci¨®n, de la que pudiera seguirse alg¨²n intento de elusi¨®n de la acci¨®n de la justicia".

Ese "temor", prosigue, "no llega hasta el extremo de aconsejar su prisi¨®n inmediata e incondicional, pero si que justificar¨ªa la imposici¨®n de una fianza que le permitiera eludirla, pareciendo en este caso aconsejable el se?alamiento de la cantidad de 200.000 euros". En el primer juicio del caso Cooperaci¨®n fueron juzgadas nueve personas, todas las cuales han sido condenadas a un total de 43 a?os de c¨¢rcel.

Los sentenciados formaban parte de una red tejida desde los despachos nobles del Gobierno valenciano durante la etapa del expresidente Francisco Camps, una de las poqu¨ªsimas voces que ha defendido a Blasco tras la condena. Blasco se convirti¨® en el hombre fuerte de Camps durante los ¨²ltimos dos a?os de su Gobierno, mientras su relaci¨®n con otra trama corrupta, la de Francisco Correa, erosionaba su posici¨®n hasta forzarle a dimitir en julio de 2011. El expresidente le concedi¨® las carteras de Solidaridad y Ciudadan¨ªa y Justicia, as¨ª como la portavoc¨ªa del Grupo Popular en las Cortes.

El exconsejero, que ya se libr¨® de otro juicio por corrupci¨®n en 1991, defend¨ªa entonces que Camps no deber¨ªa dimitir ni a¨²n en el supuesto de ser condenado en el caso de los trajes, ya que cab¨ªan recursos ante el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso tribunales internacionales. ?l no resisti¨®, sin embargo, la presi¨®n de los ocho a?os de condena y renunci¨® al acta de diputado el 29 de mayo, un d¨ªa despu¨¦s de conocer la sentencia.