El Consejo de Estado detecta ¡°carencias¡± en el decreto de ense?anza en castellano

El Consejo de Estado ha detectado ¡°notables carencias¡± en el proyecto de Real Decreto, impulsado por el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, que regula la presencia de las lenguas cooficiales en la educaci¨®n. Una de esas carencias se refiere a la obligaci¨®n que impone la ley a las comunidades con lengua cooficial de ¡°determinar la proporci¨®n razonable¡± del castellano en sus sistema educativos. ¡°No hay indicaci¨®n de criterio alguno que permita valorar qu¨¦ se entiende por ¡®proporci¨®n razonable¡±, critica el organismo consultivo.?

El Consejo de Estado -cuyo informe no es vinculante, pero se suele tener en cuenta- constata que el texto normativo ¡°ha de ser reconsiderado en su conjunto¡± para que se ajuste completamente a la legalidad. El dictamen, aprobado por la Comisi¨®n del Consejo el pasado 29 de mayo, debe pasar ahora por el Consejo de Ministros.

La reforma educativa del ministro Wert (LOMCE) obliga a las comunidades con lengua cooficial, como Catalu?a, a aumentar las clases en castellano en la escuela sostenida con fondos p¨²blicos en esa indeterminada "proporci¨®n razonable" cuando as¨ª lo soliciten los padres. Y si eso no ocurre los alumnos ser¨ªan derivados a un centro privado donde el castellano sea lengua vehicular, algo "inviable" en Catalu?a, como ha repetido en muchas ocasiones la patronal de escuelas privadas de esta comunidad, ya que no existen centros con este perfil ling¨¹¨ªstico.

La 'ley Wert' contempla que la matr¨ªcula en esos colegios privados la pagar¨¢, en ¨²ltima instancia, la comunidad aut¨®noma. Este asunto, de corte econ¨®mico, tampoco convence al Consejo de Estado: ¡°Se echa en falta una valoraci¨®n adecuada del impacto de esta normativa en las comunidades aut¨®nomas implicadas¡±. M¨¢s aun, el dictamen censura al Gobierno por no hacer una "aproximaci¨®n seria al coste" de pagar estos colegios privados. El dictamen abunda que solo se ha incluido un valor estimado -5.000 euros por alumno y a?o-, pero de "una fuente no oficial" y solo de Catalu?a, obviando el resto de Autonom¨ªas con legua oficial. "Se revela as¨ª la carencia as¨ª de un estudio sosegado de la situaci¨®n", remacha.?

¡°Se echa en falta una valoraci¨®n adecuada del impacto [econ¨®mico] de esta normativa en las comunidades aut¨®nomas implicadas¡±, dice el informe

En este sentido, el Consejo reprocha al Gobierno que no haya tenido presente la Ley Org¨¢nica de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que fijaba que las actuaciones gubernamentales deb¨ªan basarse en la ¡°lealtad institucional¡±, calculando siempre las implicaciones en las arcas de otras Administraciones.

A la hora de determinar los gastos que deben ser asumidos por la comunidad aut¨®noma, el informe echa en falta que se defina ¡°qu¨¦ ha de entenderse por gastos de escolarizaci¨®n¡± y c¨®mo se calculan, por ejemplo, teniendo en cuenta el coste de la plaza escolar p¨²blica en cada comunidad, propone el Consejo.

Para hacer frente a estos gastos las familias podr¨¢n solicitar subvenciones al Estado, que despu¨¦s se detraer¨ªan de las transferencias estatales. El Consejo de Estado ve "un tanto excesivo" que para resolver todo este proceso de subvenciones se empleen seis meses y propone reducirlo a la mitad. Igualmente, el Consejo pone reparos a la abundancia de documentaci¨®n que las familias deben presentar para optar a estas ayudas para sufragar el coste de los colegios privados.

Otro de los puntos que se pide revisar es el art¨ªculo en que se insta a las comunidades a ofrecer colegios con ense?anzas en castellano en el mismo municipio o zona del alumno. ¡°Nada se regula acerca de qu¨¦ ocurre cuando no haya colegio privado con la oferta en lengua castellana en el municipio o zona de escolarizaci¨®n, o cuando por criterios ideol¨®gicos leg¨ªtimos no quieran los padres escolarizar a su hijo en el ¨²nico o ¨²nicos existentes¡±, indica el Consejo.

El Ministerio de Educaci¨®n ha respondido que estudiar¨¢ las observaciones del Consejo de Estado sobre esta normativa, que despliega la disposici¨®n adicional 38 de la LOMCE, aunque precisa que el dictamen de este organismo no es vinculante.

La consejera de Ense?anza catalana, Irene Rigau, ha pedido al Gobierno que retire este pol¨¦mico art¨ªculo de la LOMCE porque contiene ¡°vicios de inconstitucionalidad¡±. ¡°T¨¦cnicamente estaba muy mal hecho y compromet¨ªa presupuestos que no estaban previstos. Se ha demostrado que era un montaje fruto de una obsesi¨®n, pero no de un buen desarrollo de la norma¡±, ha a?adido.

Este no es el primer informe que realizan juristas cuestionando la legalidad de esta parte de la LOMCE. Ya lo hizo el propio Consejo de Estado en su informe sobre la reforma educativa en abril de 2013. Entonces, el organismo incidi¨® en el hecho de que se obligue a las Autonom¨ªas a pagar, si es necesario, la escolarizaci¨®n en colegios privados. ¡°M¨¢s all¨¢ de las dificultades t¨¦cnico-jur¨ªdicas que podr¨ªa conllevar su aplicaci¨®n [...], no deber¨ªa figurar en la ley, por afectar al ¨¢mbito de decisi¨®n de las comunidades aut¨®nomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas as¨ª lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red p¨²blica el uso del castellano como lengua vehicular¡±, terciaba el informe.

Tambi¨¦n lo critic¨® el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias catal¨¢n en febrero en un dictamen que sirvi¨® de base a la Generalitat para presentar su recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE. Este organismo acusaba al Gobierno de vulnerar la autonom¨ªa financiera de Catalu?a. ¡°Y esto lo har¨¢ unilateralmente y por cuenta de la Generalitat, bas¨¢ndose en una decisi¨®n discrecional sobre la necesidad de un gasto de escolarizaci¨®n que corresponde adoptar a la administraci¨®n educativa catalana, vulnerando as¨ª su autonom¨ªa financiera¡±, sentenciaba el informe. Tambi¨¦n cuestionaba el hecho de que se otorgara a la Alta Inspecci¨®n del Estado la potestad para comprobar y decidir si el castellano se est¨¢ utilizando como lengua vehicular en las aulas. "La Alta Inspecci¨®n no puede actuar como un control jer¨¢rquico que se ejerce sobre la administraci¨®n educativa", criticaba el dictamen, que adem¨¢s acusaba al Estado de realizar una "acci¨®n de sustituci¨®n" de una competencia auton¨®mica.