Protesta en Granada contra la condena por participar en un piquete

Granada volvi¨® a pedir este viernes la libertad de Carlos y Carmen, dos integrantes de un piquete informativo que por su actuaci¨®n en la huelga general del 29 de marzo de 2012 han sido condenados a tres a?os y un d¨ªa de prisi¨®n por un delito contra el derecho de los trabajadores. M¨¢s de mil personas se manifestaron en la capital, pero tambi¨¦n en otras ciudades bajo lemas como ¡°Luchar por los derechos no es delincuencia¡±, ¡°Carmen y Carlos, absoluci¨®n¡±, ¡°Frente a la represi¨®n, solidaridad¡± o ¡°La justicia no es igual para todos¡±.

El juzgado de lo Penal 1 de Granada, que los conden¨® en primera instancia, ha ordenado la ejecuci¨®n de la sentencia, lo que conlleva su inminente ingreso en prisi¨®n. Lo hace despu¨¦s de que la Audiencia de Granada ratificara en mayo la resoluci¨®n dictada por el juzgado. Los magistrados reconocen lo ¡°controvertido del precepto¡± por el que est¨¢n condenados Carlos y Carmen e, incluso, aluden a la posibilidad de que la pena sea ¡°desproporcionada¡±, pero no por ello puede el tribunal ¡°hacer dejaci¨®n o abdicar¡± de su ineludible obligaci¨®n de cumplir la ley, a?aden. El fiscal ped¨ªa un a?o de prisi¨®n, pero el juez los conden¨® a tres por un delito contra el derecho de los trabajadores, seg¨²n el art¨ªculo 315.3 del C¨®digo Penal.

Carlos, estudiante de Medicina de 25 a?os, y Carmen, de 56 a?os y en paro, no ten¨ªan hasta entonces antecedentes. Formaron parte de un piquete informativo compuesto por unas 40 personas el 29 de marzo de 2012. Entraron en un local de Granada que estaba abierto a las 00.30, con unos ocho o nueve clientes dentro, y comenzaron a ¡°proferir todo tipo de expresiones vejatorias¡± y de ¡°corte amenazante¡±, seg¨²n consta en la sentencia.

Realizaron pintadas, colocaron pegatinas y en ¡°tono amenazante¡± le dijeron a la propietaria, que es la que denunci¨® los hechos, que se hab¨ªan ¡°quedado con su cara¡± e iban a ¡°ir a por ella¡±, dice el juez. Los condenados, que reconocieron haber estado en el local pero no as¨ª las coacciones por las que han sido condenados, defienden que hac¨ªan efectivo su derecho a la huelga actuando como piquetes y lamentan la criminalizaci¨®n de la protesta social. La controvertida resoluci¨®n ha motivado el apoyo de miles de personas, que buscan alternativas para retrasar o evitar su ingreso en la c¨¢rcel. Lo consideran desproporcionado, igual que numerosos colectivos, organizaciones sociales, sindicales y pol¨ªticas. IU incluso se refiri¨® a ellos como ¡°presos pol¨ªticos del Gobierno de Rajoy¡±.

El juez argument¨® que est¨¢ ¡°fuera de toda justificaci¨®n¡± que bajo esa apariencia de ejercicio de derechos ¡°se encubra la coacci¨®n, el insulto o la imposici¨®n de una conducta amparada en la misma libertad que dice ejercer el componente del piquete¡±. Impuso el m¨ªnimo por el apartado por el que son condenados y, aunque el fiscal solicit¨® menos, aclar¨® que ¡°los jueces deben imponer la pena que fija la ley y no la que quiera el fiscal¡±.