El Consell suplanta a los funcionarios en los controles de impacto ambiental

El Consell ha estado suplantando ¡°de facto¡±, en el departamento de Medio Ambiente, a los funcionarios responsables por personal de la empresa p¨²blica Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energ¨¦tico de Residuos, SA) en ¡°el ejercicio de las potestades en materia de control y decisi¨®n sobre la adecuaci¨®n medioambiental de los proyectos que le son sometidos a informe¡±. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada el pasado d¨ªa 6 de junio, as¨ª lo establece en respuesta a un recurso del sindicato Confederaci¨®n General del Trabajo (CGT) en colaboraci¨®n con Intersindical Valenciana.

La sentencia, de la secci¨®n segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, se?ala que se ha producido una ¡°v¨ªa de hecho¡± por la que empleados de Vaersa, cuyo cometido no puede sobrepasar el de ¡°emitir determinados informes t¨¦cnicos¡±, han ¡°asumido la totalidad de la tramitaci¨®n y resoluci¨®n del procedimiento administrativo correspondiente¡± a las declaraciones de impacto ambiental preceptivas en toda obra p¨²blica o proyecto urban¨ªstico.

La ¡°v¨ªa de hecho¡± es un cocepto jur¨ªdico que describe cu¨¢ndo la Administraci¨®n permite que act¨²e un ¡°¨®rgano manifiestamente incompetente¡± o prescinde por completo del procedimiento. Tambi¨¦n, seg¨²n recoge la sentencia en sus fundamentos jur¨ªdicos, describe ¡°una actuaci¨®n material de la Administraci¨®n desprovista de la cobertura del acto legitimador o con graves vicios que supongan su nulidad radical o de pleno derecho¡±.

La empresa p¨²blica se excede en sus funciones de car¨¢cter t¨¦cnico

El recurso de CGT y la Intersindical Valenciana dio pie a una serie de pruebas testificales de empleados de Vaersa y de la propia Consejer¨ªa de Medio Ambiente, hoy Consejer¨ªa de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y documentales, a partir de la revisi¨®n de diversos expedientes de declaraci¨®n de impacto ambiental. La sentencia recuerda que Vaersa, como empresa p¨²blica 100% propiedad de la Generalitat, tiene la consideraci¨®n de ¡°medio propio instrumental y servicio t¨¦cnico¡± de la Administraci¨®n auton¨®mica, que le hace encomiendas. Una de ellas, de diciembre de 2007, consist¨ªa en la ¡°realizaci¨®n de estudios de impacto ambiental, ejecuci¨®n de los mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado ambiental¡±. El alcance de los trabajos, seg¨²n la orden que regul¨® ese encargo, era exclusivamente t¨¦cnico y nunca formar¨ªa parte ¡°estrictamente del procedimiento administrativo¡±.

El TSJCV, constata, tras revisar los testimonios y los documentos, que entre los informes redactados por los t¨¦cnicos de Vaersa y las declaraciones de impacto ambiental finalmente emitidas por la Generalitat ¡°existe una sistem¨¢tica y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, as¨ª como una redacci¨®n unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes t¨¦cnicos, habr¨ªan asumido sin embargo la totalidad de la tramitaci¨®n y resoluci¨®n del procedimiento administrativo correspondiente¡±.

Por eso concluye que ¡°las tareas llevadas a cabo por el personal de Vaersa, efectivamente, exceden de las expresamente recogidas¡± en la orden de 2007. Pero no solo eso, sino que adem¨¢s, el personal de Vaersa ha suplantado potestades que solo corresponden a funcionarios de la Generalitat. En consecuencia, la sentencia, que desestima el reconocimiento de indemnizaci¨®n alguna, porque no considera al sindicato recurrente legitimado para reclamarla, estima, en cambio, la pretensi¨®n fundamental del recurso y ordena a Vaersa y a la Administraci¨®n auton¨®mica ¡°el cese inmediato de dicha v¨ªa de hecho¡±. Contra la sentencia cabe recurso de casaci¨®n.

CGT denuncia que se buscan resoluciones ¡°a la medida de los intereses pol¨ªticos¡±

CGT ha anunciado, tras conocer el fallo judicial, la adopci¨®n de ¡°medidas legales contundentes¡± para exigir ¡°por todos los medios¡± el cese de estas ¡°actuaciones ilegales¡±, as¨ª como ¡°responsabilidades de toda naturaleza a las autoridades y funcionarios que han implantado estos procedimientos, que han perseguido apartar al personal funcionario de sus funciones legales y constitucionales, con el fin de obtener resoluciones administrativas a la medida de los intereses pol¨ªticos del gobernante¡±.

El sindicato destaca que las potestades que la ley otorga a los funcionarios son un ¡°mecanismo de garant¨ªa de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gesti¨®n de lo p¨²blico¡± y a?ade que la Generalitat ¡°ha recurrido a Vaersa para ejercer funciones en otras ¨¢reas competenciales de la consejer¨ªa, de especial trascendencia para los intereses p¨²blicos, como la instrucci¨®n y resoluci¨®n de procedimientos sancionadores, tramitaci¨®n de autorizaciones ambientales integradas, procedimientos urban¨ªsticos, gesti¨®n de residuos, elaboraci¨®n de normativa, etc., lo cual es extraordinariamente grave¡±. Y considera que pueden haberse cometido delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas.

Por otra parte, CGT apunta que estudia instar de oficio la revisi¨®n de todas aquellas declaraciones de impacto ambiental ¡°en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluaci¨®n de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho¡±.