La actividad de los cargos se limitar¨¢ por ley hasta dos a?os despu¨¦s del cese

El Parlamento dar¨¢ este martes su pen¨²ltimo paso para endurecer el r¨¦gimen de incompatibilidades para los altos cargos de la administraci¨®n p¨²blica y para aumentar el control sobre los mismos, tras a?o y medio de tramitaci¨®n parlamentaria de la proposici¨®n de ley del PSE. La comisi¨®n de Instituciones aprobar¨¢ el dictamen que se elevar¨¢ al pleno para su aprobaci¨®n definitiva de la ley de incompatibilidades, que afectar¨¢ principalmente a los altos cargos de la administraci¨®n auton¨®mica y ¨®rganos como el Ararteko o el Tribunal de Cuentas ¡ªlas diputaciones solo en materia de conflicto de intereses y los ayuntamientos el c¨®digo de conducta que incluye la futura norma¡ª.

A falta de los ¨²ltimos retoques, las principales novedades respecto de la Ley de Incompatibilidades que est¨¢ en vigor, de 1983, son la vigilancia de las actividades del alto cargo durante los dos a?os previos a su nombramiento y el control de sus actividades en los dos a?os posteriores a su cese, dos periodos sobre los que los dirigentes deber¨¢n realizar declaraciones de actividades a la Administraci¨®n.

En los dos a?os posteriores estar¨¢ prohibido todo tipo de relaci¨®n con sociedades con las que los cargos tuvieron relaci¨®n directa durante su mandato ¡ªtampoco podr¨¢n firmar contratos p¨²blicos empresas vinculadas a ellos en m¨¢s de un 10% de contratos de asistencia t¨¦cnica o servicios¡ª. Se entiende por relaci¨®n directa tambi¨¦n que un superior haya dictado resoluciones sobre alguna empresa propuesta por el alto cargo, aunque se excluyen los casos en los que haya una resoluci¨®n dictada en base a ¡°condiciones objetivas¡± o que sean a propuesta de t¨¦cnicos.

La norma afectar¨¢ a altos cargos de la Administraci¨®n, el Ararteko y el Tribunal de Cuentas

Para controlar todo ello, los cargos que cesen y hasta dos a?os despu¨¦s tendr¨¢n que hacer una declaraci¨®n de actividades antes de iniciarlas. Una disposici¨®n adicional de la ley exime de cumplir con esta obligaci¨®n de los dos a?os posteriores a los altos cargos ya designados en el equipo de I?igo Urkullu, que s¨ª tendr¨¢n que cumplir con el resto de la normativa.

Entre ese articulado que s¨ª deber¨¢n observar est¨¢ el de los lazos familiares, que tambi¨¦n ser¨¢n vigilados con m¨¢s profundidad. La proposici¨®n de ley socialista reclamaba la abstenci¨®n en decisiones que favorezcan a la pareja o a los hijos, pero finalmente se ha extendido hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos). Tampoco podr¨¢n intervenir en decisiones sobre empresas a las que estuvieron vinculados ¡ªlos propios altos cargos, sus parejas, hijos, padres o amigos¡ª en los dos a?os previos a su nombramiento. Ante estas restricciones, ser¨¢ obligatorio realizar una declaraci¨®n de bienes en la que est¨¦n las empresas en las que el cargo p¨²blico tenga participaci¨®n ¡ªse mantiene respecto de la ley actual que no se sobrepase el 10% de participaci¨®n en compa?¨ªas concertadas con la administraci¨®n¡ª y tambi¨¦n los nombres de las empresas en las que tengan intereses la pareja y los hijos del cargo p¨²blico. Si tienen activos financieros por m¨¢s de 100.000 euros, estos ser¨¢n gestionados por una empresa que no podr¨¢ recibir instrucciones del dirigente p¨²blico.

La ley impide tener varios trabajos ¡ªproh¨ªbe recibir m¨¢s de un sueldo con cargo al presupuesto p¨²blico¡ª y permite una participaci¨®n ocasional en congresos, ser profesor universitario y recibir remuneraci¨®n por ello, o cobrar gastos de desplazamiento. S¨ª podr¨¢n ser concejales y hasta alcaldes ¡ªsolo de municipios con menos de 50.000 habitantes¡ª. Las sanciones leves supondr¨¢n una amonestaci¨®n y las graves y muy graves se publicar¨¢n en el bolet¨ªn oficial, con multas que alcanzan la destituci¨®n o la inhabilitaci¨®n de hasta diez a?os.