UGT denuncia retrasos en los pagos a familias con ni?os tutelados
El sindicato asegura que hay problemas en la manutenci¨®n de los ni?os La Consejer¨ªa de Bienestar Social asegura que pagar¨¢n los retrasos en julio
La Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de UGT (FSP-UGT) ha criticado este lunes el "retraso" en los pagos de la Generalitat Valenciana a las familias con ni?os tutelados y que, en algunos casos, seg¨²n asegura el sindicato, han llegado a provocar que "les corten la luz". Por su parte la Consejer¨ªa de Bienestar Social ha recalcado que no se trata de una situaci¨®n generalizada, sino que "afecta solo a 79 de las 494 familias educadoras" y que es debida a "cuestiones de tr¨¢mites administrativos". Adem¨¢s, ha avanzado que se van a regularizar los pagos durante la primera quincena de julio.
El sindicato ha informado de que en la Comunidad Valenciana hay m¨¢s de 1.200 menores acogidos en familias distintas de las de origen, para la atenci¨®n de sus necesidades b¨¢sicas y afectivas, de los que poco m¨¢s de 500 menores est¨¢n bajo la guarda o tutela de la Generalitat, acogidos por familias educadoras. Cerca de 700 menores est¨¢n acogidos por familia extensa o allegada (abuelos, t¨ªos o vecinos). En esta situaci¨®n, seg¨²n explica UGT, se encuentran centenares de familias en las que son los familiares quienes atienden a 2 o 3 ni?os ante la dificultad o dejaci¨®n de funciones de sus padres. En muchos casos los ¨²nicos ingresos provienen de una exigua pensi¨®n del abuelo, con la que ha de hacer frente al cuidado de sus nietos.
"Muchas de estas familias no pueden afrontar ni siquiera los gastos para la alimentaci¨®n de estos menores; a algunas familias se les ha cortado la luz por falta de pago. Se trata de familias vulnerables que intentan cuidar a ni?os de familiares o de vecinos que no prestan a los menores el cuidado necesario", explica el sindicato.
Para la FSP-UGT, "la solidaridad de estas familias contrasta con la insensibilidad de la Generalitat, que no prioriza el pago de las escasas ayudas que concede, a pesar de los constantes informes que exponen los alarmantes ¨ªndices de pobreza infantil".
En este sentido, desde la federaci¨®n manifiestan que las ayudas a las familias educadoras deben cubrir los gastos de manutenci¨®n de los menores acogidos, "pero resultan muy escasas para atender tratamientos m¨¦dicos o psicol¨®gicos que en muchos casos precisan, los desplazamientos, los libros de texto (m¨¢ximo 125 ) o multitud de gastos extraordinarios a lo que debe a?adirse que estas prestaciones econ¨®micas computan como ingresos a efectos fiscales".
Tambi¨¦n se dan casos, agrega la organizaci¨®n, en que los menores no poseen documento de identificaci¨®n por problemas con los pa¨ªses de origen de sus padres biol¨®gicos, lo que impide el acceso a otras prestaciones, por ejemplo por discapacidad. Seg¨²n UGT, "la Generalitat ha rebajado del 100 al 60% la cobertura de los gastos extraordinarios".
Desde este sindicato aseguran que "el retraso en el pago de ayudas alcanza los seis meses, y se vienen reproduciendo de forma cr¨®nica, lo que lleva al colapso econ¨®mico de muchas familias". "La ayuda a familia extensa es de 4,5 euros por menor y d¨ªa, y de 9 en familia educadora (que asciende a 10,50 euros si se trata de menores con necesidades especiales)".
Para la FSP-UGT, la actitud de la Generalitat resulta "miope e ineficiente, porque el ingreso de un menor en un centro de acogida tiene un coste much¨ªsimo mayor, ya que puede estar sobre los 80 /d¨ªa, que es 8 veces m¨¢s que el coste en una familia educadora y 17 veces el coste de la atenci¨®n en familia extensa o allegada. A ello hay que a?adir los recortes en las pol¨ªticas sociales de prevenci¨®n en el ¨¢mbito de menores, como son los recortes en SEAFIs (Servicios de Atenci¨®n a Familia e Infancia) gestionados por los ayuntamientos o los centros de d¨ªa.
En la misma l¨ªnea, la FSP considera que "este desmantelamiento de los servicios sociales provoca que haya casos en que no se detecten maltratos y otros en los que los servicios municipales no podr¨¢n atender a menores de familias desahuciadas porque no tienen medios suficientes".
Fuentes de la Consejer¨ªa de Bienestar Social han asegurado que los retrasos en los pagos "no son generalizados" y que, de hecho, en las provincias de Castell¨®n y Alicante se han hecho efectivos todos los abonos hasta abril y en Valencia "han cobrado 148 familias y quedan pendientes solo 79 debido a tr¨¢mites administrativos, algunos tan simples como no haber presentado a tiempo el IBAN". Las mismas fuentes agregan que, en cualquier caso, "se han priorizado pagos y todos cobrar¨¢n hasta el mes de mayo durante la primera quincena del mes de julio".
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