El 11% de los 46.000 arrendatarios de viviendas sociales son morosos

Quien no paga lo que debe es un moroso, pero la morosidad tiene muchas caras. En el parque de vivienda p¨²blica de la Junta de Andaluc¨ªa, propietaria de 80.000 viviendas sociales de las que 46.000 est¨¢n en alquiler con precios que oscilan entre 25 y 60 euros, la morosidad, de alrededor de un 11%, suele ser forzada por circunstancias adversas y no una opci¨®n vital. Pero tambi¨¦n est¨¢n los que act¨²an de mala fe y la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda se ha propuesto combatir esa morosidad deliberada. Es decir, ¡°los que hacen un uso fraudulento de un inmueble que es p¨²blico¡±, afirma Fernando Herrera, director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitaci¨®n de Andaluc¨ªa (AVRA). En los ¨²ltimos dos a?os, la consejer¨ªa ha abierto 155 expedientes a inquilinos que han dejado de pagar sin justificaci¨®n, que est¨¢n utilizando las viviendas sociales para pasar las vacaciones de verano y son propietarios de otro inmueble o que las utilizan como negocio.

La consejer¨ªa ha detectado pisos cuyos inquilinos usaban solo para veranear

¡°La Administraci¨®n p¨²blica no puede agravar situaciones dram¨¢ticas desahuciando a quien ya lo ha perdido todo, a quien no paga porque no puede pagar. Hemos comprobado que hay inquilinos que no pueden pagar, pero quieren hacerlo. Lo que puedan. Es responsabilidad del Gobierno andaluz estar ah¨ª para ofrecer alternativas a estas familias. En paralelo a eso, somos rigurosos en la vigilancia de los malos usos de las viviendas p¨²blicas. Es intolerable que no est¨¦n al servicio del derecho a la vivienda de las familias que las necesitan. Por poner un ejemplo, es intolerable que alguien viva todo el a?o fuera de la vivienda del parque p¨²blico y regrese en verano porque est¨¢ en una ciudad costera¡±, a?ade Herrera. Desde la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda insisten en que el proceso ¡°no se judicializa si es un impago por empobrecimiento sobrevenido o hay menores, y s¨®lo se lleva hasta el final si se acredita un mal uso¡±.

Entre los expedientes que tiene abiertos actualmente la Consejer¨ªa de Fomento por esos supuestos malos usos destaca un caso que ya ha pasado por los tribunales y est¨¢ pendiente de ejecuci¨®n inmediata. Un auto del pasado 12 de mayo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva autoriza a AVRA a recuperar una vivienda social en Alosno (Huelva) y a ejecutar as¨ª ¡°la resoluci¨®n del 19 de marzo de 2009 por la que se acordaba el desahucio de Pedro Ingl¨¦s¡±.

En una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) del 11 de abril de 2012, ante un recurso que Ingl¨¦s hab¨ªa interpuesto contra la decisi¨®n de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas [nombre anterior de Fomento] de 2007 de dar por concluido el contrato de arrendamiento de la vivienda social que hab¨ªa sido concedido a su padre, fallecido en 2006. ¡°No cabe duda, que fallecido el arrendatario, el descendiente que acredite haber estado residiendo durante los dos a?os anteriores, podr¨ªa solicitar la subrogaci¨®n si re¨²ne las condiciones exigidas en la ley. Pero el actor ni puede probar esa permanencia, ya que el padre resid¨ªa con otra hija en Castell¨®n, ni acredita que reuniera los requisitos para ser titular de una vivienda protegida¡±, reza la sentencia del TSJA. Para a?adir que el ¨²nico derecho sobre la vivienda que ten¨ªa el fallecido era de arrendamiento y ¡°se extingui¨® con su muerte¡±.

Un concejal del PP de Alosno tiene que devolver la vivienda tras 7 a?os de litigio

Para la consejer¨ªa, se trata de un caso claro de ¡°malos usos¡±, ya que ocho a?os despu¨¦s de la muerte del arrendatario, la Administraci¨®n no ha recuperado a¨²n un piso en el que, seg¨²n las comprobaciones realizadas por los trabajadores sociales, no viv¨ªa nadie y estaba siendo utilizado por la hija de Pedro Ingl¨¦s para impartir clases particulares, como recoge la sentencia del TSJA. Pedro Ingl¨¦s, actualmente teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alosno por el Partido Popular, rehus¨® contestar a las preguntas de este peri¨®dico.

Fomento recuper¨® el pasado a?o varias viviendas sociales de municipios costeros, como las ubicadas en la Isleta del Moro y la zona de Los Albaricoques, ambas en N¨ªjar (Almer¨ªa), que sus arrendatarios utilizaban solo como residencia de verano. ¡°Como pudimos comprobar en el Registro de la Propiedad, estas personas ten¨ªan otras viviendas en propiedad, donde resid¨ªan habitualmente¡±, aclara un t¨¦cnico.

La situaci¨®n de familiares que reclaman derechos para disfrutar de estos exiguos alquileres ¡ªen ocasiones inferiores a lo que tienen que pagar por la comunidad de vecinos o en concepto de IBI¡ª se repite en todas las provincias. En M¨¢laga capital, en la promoci¨®n de Cortijo Alto, un sobrino nieto del adjudicatario original pretende quedarse con la vivienda. En la provincia de M¨¢laga, la Administraci¨®n ha recuperado tres viviendas que estaban desocupadas en La Vi?uela y en Archidona, ha requerido a una arrendataria, que no vive en la casa y la ha cedido a una hija, que entregue las llaves.

La ausencia de consumos de luz y agua y las denuncias de los vecinos sirven para iniciar estos procesos de desahucios que la Consejer¨ªa de Fomento llama ¡°recuperaci¨®n de la vivienda¡± para devolverla a la bolsa p¨²blica y que pueda ser disfrutada por personas que realmente la necesiten.

¡°Abrimos expedientes de desahucio con regularidad, estamos obligados por ley. Aunque solo llevamos a los tribunales los casos en los que se hacen malos usos de la propiedad p¨²blica. Hay personas que residen en una vivienda social pero, por ejemplo, se compra un apartamento en la playa o heredan un piso de sus padres y lo alquilan a otro, o se lo ceden a un familiar que no cumple los requisitos para acceder a este tipo de viviendas¡±, explica Herrera. Para a?adir que en los casos de ¡°deudores de buena fe¡± han buscado alternativas como la minoraci¨®n de la renta o el alquiler compensado, una f¨®rmula que se prob¨® con ¨¦xito el pasado a?o en el barrio granadino de Almanj¨¢yar, y que consiste en que el arrendatario que no puede pagar haga trabajos para la comunidad. La f¨®rmula se va a poner en funcionamiento con 162 familias repartidas por toda la geograf¨ªa andaluza.