Trumpismo en la Junta: la purga de los interventores inc¨®modos

El reestreno de Donald Trump como presidente de la primera potencia mundial parece m¨¢s una vengativa razia de bot¨ªn de un jefecillo medieval que la gesti¨®n de un l¨ªder democr¨¢tico contempor¨¢neo. Sus primeras medidas empiezan a parecerse al saqueo de Constantinopla de 1204. Entre los actos vand¨¢licos reci¨¦n ejecutados por el s¨¢trapa hemos conocido el despido de una docena inspectores generales de los servicios y agencias federales.

Los inspectores generales en EE UU son los ¨®rganos encargados de controlar de forma independiente a las agencias federales para prevenir fraudes, abusos y mala administraci¨®n, asegurando el cumplimiento de las leyes y el uso adecuado de los fondos p¨²blicos. Son designados por el presidente previo examen por el Senado y reportan tanto al Congreso como al jefe de la agencia correspondiente. La escabechina propinada por Trump entre las personas encargadas, precisamente, de controlar su gesti¨®n ha sido interpretada como la pretensi¨®n de quitarse de en medio a cualquiera que pueda poner obst¨¢culos a sus desmanes. Podr¨ªa decirse en este caso que el alguacilado se ha convertido en alguacil.

En Espa?a, un equivalente aproximado de estos inspectores generales norteamericanos ser¨ªan los ¨®rganos de control interno, como la Intervenci¨®n General del Estado y las intervenciones generales de las comunidades aut¨®nomas y de las corporaciones locales, responsables de fiscalizar la gesti¨®n econ¨®mica y administrativa del sector p¨²blico.

Coincidiendo con los despidos trumpianos, la Consejer¨ªa de Hacienda de la Junta de Andaluc¨ªa ha decidido convertirse en un ¨¦mulo aventajado. En efecto, los medios han dado cuenta estos d¨ªas del cese fulminante de la interventora general de la Junta de Andaluc¨ªa y de cuatro de los siete responsables de ¨¢rea del m¨¢ximo ¨®rgano de control del Gobierno regional. Tengo m¨¦ritos m¨¢s que suficientes, aunque solo sea por cronolog¨ªa, como para no poder ser desmentido si afirmo que jam¨¢s se hab¨ªa producido semejante estrago en la historia de la Junta de Andaluc¨ªa.

Veamos algunos datos de contexto. La Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa (IGJA) ha estado en el ojo del hurac¨¢n en los ¨²ltimos meses, debido a dos motivos que han terminado aflorando a los medios de comunicaci¨®n.

Por un lado, algunos informes del ¨®rgano de control, en los que se expon¨ªan deficiencias detectadas en los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), est¨¢n sirviendo de ariete contra los gestores de la Junta. Los grupos de la oposici¨®n blanden estos informes en el Parlamento pidiendo ceses y desgastando al Gobierno andaluz y han provocado la apertura de diligencias penales, en las que ya se encuentran encausados varios responsables de la Junta.

Por otro lado, estos despidos han coincidido con el momento ¨¢lgido de las tensiones entre la Administraci¨®n de la Junta y sus interventores, por discrepancias en el proceso de aplicaci¨®n de la ley por la que se crea un nuevo cuerpo de interventores. Como tuve ocasi¨®n de denunciar mediante una carta que remit¨ª al presidente de la Junta, en este proceso de aplicaci¨®n de la ley de creaci¨®n del cuerpo de interventores se han producido algunas arbitrariedades y claros casos de nepotismo, m¨¢s propios de una administraci¨®n de bot¨ªn decimon¨®nica que de una administraci¨®n contempor¨¢nea. Con todo, esto no es lo m¨¢s grave que puede decirse del proceso de aplicaci¨®n de esta ley. Lo que ha puesto en pie de guerra a los interventores de la Junta es la reticencia de la Consejer¨ªa de Hacienda a cumplir con todos los compromisos derivados de la ley aprobada por el Parlamento, poniendo una serie de obst¨¢culos y dificultades que bien pueden calificarse de filibusterismo administrativo.

Cabe recordar que en el programa pol¨ªtico con el que el PP se present¨® a las dos ¨²ltimas elecciones figuraba el compromiso de crear un cuerpo de interventores, para lo que se aprob¨® la Ley 7/2023. En este sentido, no es necesario dedicar tiempo a explicar que los objetivos de una ley no se consiguen con su mera promulgaci¨®n. Las leyes hay que ejecutarlas, hay que cumplirlas. En la carta que dirig¨ª al presidente ya le advert¨ª de que, en vista de lo que estaba ocurriendo en la aplicaci¨®n de esta ley, cabr¨ªa convenir que la voluntad del Parlamento plasmada en leyes parece encontrarse al albur de los caprichos de autoridades y funcionarios disconformes con su contenido y efectos. En este caso, son las m¨¢ximas autoridades de la Consejer¨ªa de Hacienda las que se muestran renuentes a aplicar la ley de creaci¨®n del cuerpo de interventores, con todas sus consecuencias.

Pues bien, el Gobierno de la Junta ha decidido afrontar estos retos de un modo genuinamente trumpiano. Como castigo por los deslices de los informes sobre la contrataci¨®n del SAS que lo han puesto en un aprieto, ha cesado a la m¨¢xima responsable de estos informes, la interventora general. Y, como advertencia al conjunto de los interventores ante sus reivindicaciones, que inclu¨ªan la amenaza de una huelga, ha cesado a la mayor¨ªa de los funcionarios de mayor rango y que ocupaban los puestos clave en la estructura de la Intervenci¨®n General. Porque no han cesado a cualquiera, no. Los ceses han reca¨ªdo en los siguientes funcionarios: el responsable de elaborar los informes de las decisiones de gasto m¨¢s relevantes, que son las que acuerda el Consejo de Gobierno; la responsable de las auditor¨ªas de las m¨¢s importantes entidades instrumentales de la Junta; el responsable de cumplimentar los requerimientos de los juzgados y tribunales (como los informes sobre la contrataci¨®n del SAS, por ejemplo); y la responsable del control de los fondos europeos. Adem¨¢s, algunas de las personas cesadas se encuentran entre las que m¨¢s se han significado en la defensa de las reivindicaciones del colectivo ante la Administraci¨®n.

El resultado obtenido por el Gobierno de la Junta con estos ceses es evidente. Ahora cuenta con un nuevo responsable de la IGJA, que ya sabe a qu¨¦ se expone si sus informes ponen en aprietos pol¨ªticos a quienes lo han nombrado y si no es capaz de sofocar las protestas de los interventores. Y cuenta con un colectivo de interventores que ha debido tomar nota, tras contemplar consternado c¨®mo una administraci¨®n atrabiliaria utiliza sus potestades para doblegar y desactivar sus justas exigencias de una mayor consideraci¨®n profesional y de mejora de los medios personales y materiales de los que dispone para realizar sus funciones.