La Fiscal¨ªa abre diligencias para ver si las diputaciones fueron ¡°negligentes¡±

La demanda que el sindicato ELA present¨® el martes ante la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco no va a caer en saco roto. Fuentes del Alto Tribunal confirmaron este jueves que tras el verano se dar¨¢n los primeros pasos para investigar si es cierto que hubo concurrencia de intereses entre diversos agentes sociales y pol¨ªticos, para retrasar o incumplir las sentencias judiciales de la UE, y que en ¨²ltima instancia ha sido la raz¨®n de la elevada multa de 30 millones de euros ¡ªla petici¨®n era de 50¡ª que la Corte de Luxemburgo ha impuesto a las instituciones vascas.

El Gobierno vasco y las diputaciones tendr¨¢n que hacer frente a esa cantidad con el dinero de los impuestos de los ciudadanos vascos.

De hecho, este mismo jueves el Ministerio de Hacienda comunic¨® oficialmente al Gobierno vasco y a las Diputaciones Forales, seg¨²n adelant¨® EL PA?S, que tienen que devolver los 30 millones de la multa. Primero la ha pagado Madrid en el Tribunal de Justicia de la UE y en un plazo de seis meses a partir de ayer, el Gobierno vasco y las diputaciones forales se lo ingresar¨¢n a la administraci¨®n central.

Primero solicitar¨¢ informes sobre las sentencias y luego declaraciones

Aunque todav¨ªa es pronto para saber si la fiscal¨ªa presentar¨¢ acusaci¨®n, s¨ª es tiempo para preparar la investigaci¨®n preliminar, y para la elaboraci¨®n de un plan de trabajo y de declaraciones que permita atisbar o determinar si hay indicios de responsabilidad delictiva, ¡°negligencia¡± o alg¨²n tipo de responsabilidad en quienes adoptaron las decisiones de dilatar m¨¢s de una d¨¦cada la recuperaci¨®n de las ayudas.

La fiscal¨ªa solicitar¨¢ primero informes sobre las sentencias comunitarias y los argumentos que justifican la imposici¨®n y finalmente la ratificaci¨®n de la multa, y despu¨¦s, si lo considera necesario, llamar¨¢ a declarar a los protagonistas de esas decisiones de la ¨¦poca, es decir, los pol¨ªticos y t¨¦cnicos que defendieron seguir, hasta bien entrado 2010, recurriendo y retrasando el cumplimiento de las sentencias.

ELA justifica en su demanda que ¡°el resultado de esas decisiones equivocadas (en relaci¨®n a las diputaciones y a la patronal Confebask) no puede ser que lo acaben pagando los ciudadanos y pidi¨® que se esclarezcan las responsabilidades del tipo que sean¡±.

Quiere detectar si hay responsabilidad en la actuaci¨®n foral y patronal

La Comisi¨®n Europea consider¨® las ayudas ilegales por vez primera en 2001 y pidi¨® la devoluci¨®n de las cantidades que se concedieron a las empresas en forma de cr¨¦ditos fiscales y ayudas a la inversi¨®n. El 14 de diciembre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE dio la raz¨®n a la Comisi¨®n Europea y volvi¨® a solicitar a Espa?a que recuperara las ayudas al considerarlas ¡°incompatibles con el mercado com¨²n¡±.

Y en septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de la Uni¨®n Europea (TUE) volvi¨® a confirmar a decisi¨®n del Ejecutivo comunitario al rechazar los recursos presentados por las diputaciones forales de ?lava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno vasco y la Confederaci¨®n Empresarial Vasca (Confebask).

El abogado especialista en temas comunitarios que ha dirigido la defensa de la administraci¨®n vasca ante el Tribunal de Luxemburgo en los pleitos fiscales, es Ignacio S¨¢enz-Cortabarr¨ªa.

Pese a la cuantiosa producci¨®n jur¨ªdica que obligaba a las instituciones forales a recuperar el dinero, las diputaciones, sobre todo la alavesa, ¡ªen manos del PNV de 2007 a 2011¡ª acabaron ese trabajo de recuperaci¨®n, a rega?adientes, en 2013, ya con el PP en el Palacio Foral.

La propia UE se quej¨® amargamente en algunos documentos internos de las maniobras dilatorias, como el env¨ªo de furgonetas llenas de documentaci¨®n a Bruselas para que fueran los propios funcionarios quienes cribaran y fijaran cu¨¢les de las ayudas eran compatibles con la UE y cu¨¢les no.