El PSM denuncia al Ayuntamiento por malversaci¨®n en la venta de pisos sociales

El l¨ªder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha anunciado esta ma?ana que denunciar¨¢ al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) por un presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y de sustracci¨®n de cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas sociales hace un a?o al fondo de inversi¨®n Blackstone. Esa operaci¨®n supone, en opini¨®n de Lissavetzky, ¡°una ilegalidad¡± y debe ser parada por ¡°injusta¡±, seg¨²n informa Europa Press.

El Partido Socialista de Madrid presentar¨¢ la denuncia ma?ana en los juzgados de la plaza de Castilla. Alega que la venta se realiz¨® a un precio ¡°muy inferior¡± al valor de mercado para hacer ¡°negocio¡± con un bien p¨²blico en un ¡°frenes¨ª vendedor¡±. Se ha elegido esta f¨®rmula legal para que sea el juzgado el que determine qui¨¦nes son los responsables concretos de esos supuestos delitos, si los hubiera. El concejal Gabriel Calles ha a?adido adem¨¢s que el fondo de inversi¨®n que se hizo con las viviendas est¨¢ ¡°acosando¡± y ¡°amenazando¡± a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones en el alquiler.

Botella anunci¨® en 2012 que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no construir¨ªa m¨¢s pisos y se limitar¨ªa a gestionar los que ya tiene. Pero la sociedad est¨¢ en peligro de liquidaci¨®n por sus fuertes p¨¦rdidas, lo que le ha llevado a vender en un a?o un tercio de sus pisos de alquiler social. En 2018, le quedar¨¢n apenas 4.000 viviendas de las 8.600 que ten¨ªa en 2013, y, si se cumplen sus previsiones, ni un metro cuadrado de los 1,42 millones de los que dispon¨ªa (con capacidad para albergar 10.000 pisos protegidos).

La operaci¨®n de Blackstone salv¨® a la EMVS de la desaparici¨®n, pero fue ruinosa en t¨¦rminos econ¨®micos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicados en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) ten¨ªan un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%.

La alcaldesa prometi¨® que las condiciones de los inquilinos no cambiar¨ªan. Sin embargo, ya han comprobado que no es lo mismo tener como casero a una empresa p¨²blica con fines sociales que un fondo de inversi¨®n que busca rentabilidad. Blackstone est¨¢ obligada a mantener las condiciones de los contratos, pero las aplica de forma estricta.

Antes hab¨ªa 300 vecinos que no pagaban; ahora son 50, con cuatro desahucios pendientes y uno a punto de ejecutarse (en los otros tres casos, el Ayuntamiento est¨¢ buscando un piso alternativo a los afectados).