Ourense aprueba sus cuentas pese a los reparos jur¨ªdicos y cargos anulados
El interventor y el asesor legal del Ayuntamiento se ausentan de la votaci¨®n
Sin el preceptivo informe de fiscalizaci¨®n y con advertencias del interventor y del asesor jur¨ªdico. As¨ª aprob¨® ayer el gobierno socialista de Ourense los presupuestos municipales de 2014 que amparan los puestos a dedo tumbados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre ellos, los de la hija, el chofer o las dos secretarias del alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez. La aprobaci¨®n se formaliz¨® en Junta de Gobierno y con la ausencia de una edil, la ¨²nica af¨ªn al exsecretario general del PSdeG Pachi V¨¢zquez presente en este ¨®rgano, ya que la minor¨ªa del ejecutivo local ¡ªcon solo 11 de los 27 concejales de la corporaci¨®n¡ª impidi¨® la ratificaci¨®n de las cuentas en el pleno hace una semana. El PP ya advierte que estudiar¨¢ llevar la votaci¨®n ante los tribunales si encuentra el m¨¢s m¨ªnimo indicio de ilegalidad tras revisar el acta de la reuni¨®n. El grupo municipal reclam¨® ayer todos los informes del procedimiento para su an¨¢lisis.
Durante esa Junta de Gobierno, el interventor y el asesor jur¨ªdico adjunto, alertaron a los concejales que despu¨¦s votaron a favor de que la aprobaci¨®n no es legal tras la sentencia que anul¨® casi medio centenar de puestos a dedo de la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo (RPT), ya que el fallo del tribunal gallego afecta directamente al cap¨ªtulo de presupuestos y al anexo de personal. El alto funcionario advirti¨® de ¡°falta de concreci¨®n¡±, de la ¡°no correspondencia¡± de la RTP y el anexo de personal y de la ausencia de un ¡°informe de fiscalizaci¨®n preceptivo¡± que debe elaborar ¨¦l mismo. Tras los avisos, ambos t¨¦cnicos fueron invitados a salir de la reuni¨®n antes de proceder a una votaci¨®n que toda la oposici¨®n mira con lupa.
El Superior estudia las cr¨ªticas de una edil a la justicia
En un proceder ins¨®lito, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), acord¨® ayer ¡°recabar m¨¢s documentaci¨®n¡± para analizar ¡°en profundidad¡± si emprende ¡°acciones¡±, tras las duras acusaciones de la teniente de alcalde y edil de Urbanismo de Ourense, ?urea Soto, y su abogado, Carlos Hern¨¢ndez, contra jueces y fiscales. La pasada semana y ante una inminente nueva imputaci¨®n de toda la Junta de Gobierno local, afirmaron que el juez de instrucci¨®n n¨²mero uno de la ciudad de As Burgas ¡°no est¨¢ actuando correctamente¡±, que el fiscal jefe se ha instalado en la ¡°desidia¡± y que tres magistrados del Superior ¡°no tienen un aura que les protege del delito¡±.
Pero las averiguaciones retroceder¨¢n hasta el verano de 2013. Y es que hace exactamente un a?o, Soto ya acus¨® a los jueces de instrucci¨®n de ¡°quebrar el Estado de derecho, intentar enga?ar y confundir el investigar con el condenar¡±. Entonces tambi¨¦n afirm¨® que ¡°no se puede permitir que los jueces decidan qui¨¦n est¨¢ y qui¨¦n no en pol¨ªtica¡± y concluy¨® que ¡°lo mejor es que pase a gobernar la judicatura¡±. La edil acumula seis imputaciones judiciales derivadas de su actividad pol¨ªtica en el Ayuntamiento.
Fuentes del m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los juzgados gallegos, del que forman parte el presidente del TSXG, los presidentes de las salas, los cuatro presidentes de las audiencias provinciales y siete magistrados, aclaran que el pr¨®ximo mes de septiembre decidir¨¢n si esas palabras son un ¡°intento de presi¨®n¡± contra la judicatura -podr¨ªan ser consideradas amenazas- lo que implicar¨ªa su traslado a la fiscal¨ªa. Tambi¨¦n valorar¨¢n si instan a la apertura de un expediente por parte del colegio de abogados contra el abogado de Soto.
El letrado de Soto matiza que la "responsabilidad" de las "cr¨ªticas" vertidas la semana pasada en el sal¨®n de plenos del Ayuntamiento ourensano, es "exclusivamente" suya. Adem¨¢s afirma que "le apena" pero "no le sorprende" comprobar que "el corporativismo es lo ¨²nico que mueve a los ¨®rganos de gobierno de la justicia". Hern¨¢ndez cuestiona el proceder de una parte de la judicatura, denuncia una "diferencia de trato de la fiscal¨ªa seg¨²n que el investigado sea un cliente habitual o pertenezca a la categor¨ªa de VIP" y recomienda a la Sala de Gobierno del alto tribunal que "no busque en legislaci¨®n reciente el t¨ªtulo para sancionarme; tendr¨¢n que acudir a la franquista ley de orden p¨²blico o de peligrosidad social".
Para el portavoz del gobierno, Jos¨¦ ?ngel V¨¢zquez Barquero, ¡°no falta ning¨²n informe¡± y ¡°no se habl¨® de ilegalidades¡±. ¡°No hubo discrepancia. Hubo debate. Ellos [el interventor y el jur¨ªdico] hicieron sus reflexiones sobre el procedimiento pero nosotros manejamos otros informes por escrito y verbales¡±, matiza. Tambi¨¦n explica que dos informes del secretario municipal y del oficial mayor amparan el procedimiento de aprobaci¨®n de los presupuestos, incluido el anexo de personal afectado por la sentencia, en la Junta de Gobierno. ¡°Entendemos que los informes necesarios eran sobre el procedimiento, y en ese sentido el del oficial mayor y el del secretario dicen que la Junta es competente¡±, defiende. En esos documentos se determina que la ¡°triple acepci¨®n de funci¨®n interventora, control financiero y presupuestario¡± del interventor ¡°hace preceptivo su informe¡±, un documento ausente en la aprobaci¨®n inicial formalizada por el alcalde y sus cinco concejales afines.
Las advertencias de los dos t¨¦cnicos que asesoran en persona a la Junta de Gobierno y el caos legal generado por la decisi¨®n del TSXG en contra de la pol¨ªtica laboral del gobierno, no han impedido la aprobaci¨®n urgente de las cuentas en una decisi¨®n que la oposici¨®n tacha de ¡°locura¡±. ¡°Llevamos con los presupuestos prorrogados desde 2012 y no se entiende esta urgencia¡±, afirman.
Desde el gobierno se resta importancia al fallo judicial. Barquero matiz¨® que ¡°la sentencia no repercute¡± porque ¡°la RPT no es un documento presupuestario¡±. Adem¨¢s asever¨® que los ¡°vicios¡± que llevaron al Superior a tumbar los contratos a dedo ¡°son subsanables con car¨¢cter retroactivo¡± bas¨¢ndose en un informe firmado el pasado 15 de julio por el jefe de servicio de Personal, precisamente, uno de los puestos anulados mediante el fallo firme. La directora general de Personal, en unas declaraciones difundidas ayer por el Ayuntamiento, recalc¨® que ¡°la sentencia es anulable¡± porque se trata de ¡°un defecto formal, no de fondo, y por ello cabe la posibilidad de subsanaci¨®n¡± a trav¨¦s de un tr¨¢mite administrativo ya iniciado que trasladar¨¢n a la mesa de negociaci¨®n sindical. Adem¨¢s record¨® que ¡°no es ilegal tener profesionales adscritos al gobierno¡± ya que todas las Administraciones gallegas emplean esta forma de contrataci¨®n. El pasado viernes, tras difundir los medios la sentencia firme ocultada desde el 3 de julio, aclar¨® que pretende cumplir la decisi¨®n de la justicia sin ceses o despidos.
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