Alaya acusa a la Junta de dar ¡°sin justificar¡± 950 millones en formaci¨®n
La juez imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n
La juez Mercedes Alaya ha dado forma a una nueva causa contra la gesti¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Despu¨¦s de un a?o de pesquisas sobre la concesi¨®n de los fondos de la formaci¨®n para desempleados, la magistrada ha acusado al Gobierno aut¨®nomo de otorgar 950 millones en subvenciones a la formaci¨®n entre 2008 y 2011, que el a?o pasado permanec¨ªan ¡°sin justificar¡± gracias a las exoneraciones que concedi¨® la Consejer¨ªa de Empleo.
Alaya ha deslizado su tesis en un auto de cuatro p¨¢ginas, avanzado por la cadena SER, por el que imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez (2006-2010) como primer acusado de esta causa por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n continuados, y le se?ala como m¨¢ximo responsable de estas exoneraciones, a pesar de que en los dos ¨²ltimos ejercicios ya hab¨ªa abandonado el Ejecutivo.
La acusaci¨®n de la magistrada, cuya gravedad est¨¢ tasada por la alt¨ªsima cifra de 950 millones en fondos p¨²blicos, reabre el debate sobre la frontera entre la irregularidad administrativa y la infracci¨®n penal. Seg¨²n Alaya, multitud de acciones de la Junta franquearon esa barrera pese a que otras Administraciones utilizan mecanismos similares y no son sancionadas.
La juez detalla c¨®mo las resoluciones de exoneraci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo eximieron durante cuatro a?os a empresas, Diputaciones y Ayuntamientos andaluces que percibieron esos fondos de la Uni¨®n Europea y el Gobierno central de justificar las subvenciones. En esa ¨¦poca, estas entidades ped¨ªan en cada ejercicio fondos para impartir nuevos cursos, y a pesar de que los funcionarios de la Junta no hab¨ªan comprobado el gasto de los ya impartidos antes, se les conced¨ªan para no perder esa nueva subvenci¨®n. La raz¨®n esgrimida para actuar as¨ª, sin antes haber justificado las subvenciones pasadas, se basaba en que el cuerpo de funcionarios era insuficiente.
Para redactar su auto, Alaya se ha basado en un informe de la Direcci¨®n de Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo, y otro de la Guardia Civil sobre los fondos de formaci¨®n. De entrada, la instructora defiende que las exoneraciones dictadas por Empleo contraven¨ªan la Ley de Subvenciones, a pesar de que el Gobierno ha defendido su legalidad. Hace solo un mes que la Junta ha virado en su pol¨ªtica y ha decidido ¡°no exonerar como instrumento habitual, aunque sea un procedimiento legalmente establecido¡±.
En su resoluci¨®n, Alaya acusa a Fern¨¢ndez de conceder ¡°con ausencia de procedimiento¡± subvenciones a la multinacional Delphi en C¨¢diz ¡°sin convocatoria ni bases reguladoras¡± en contra de la Ley General de Subvenciones. Ello a pesar de que Delphi no pudo recibir dichas ayudas porque estaba en liquidaci¨®n. Adem¨¢s, Alaya cuestiona la resoluci¨®n del Gobierno andaluz para aprobar las ayudas a los extrabajadores tras el cierre de la firma. Alaya censura la subcontrataci¨®n de actividades formativas relacionadas con Delphi ¡°sin estar autorizadas¡±, becas por asistencia a cursos ¡°por encima del m¨¢ximo legalmente permitido¡± y la concesi¨®n de subvenciones para acciones formativas por 70 millones para que los exempleados accedieran a la prestaci¨®n de desempleo, ¡°sabiendo que la relaci¨®n laboral ser¨ªa inexistente¡±.
La C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa ya hab¨ªa censurado la concesi¨®n administrativa de los fondos de formaci¨®n, y la Fiscal¨ªa Superior apunt¨® recientemente en un decreto que las irregularidades contables detectadas se traducir¨ªan previsiblemente en il¨ªcitos penales tras el informe preliminar de la polic¨ªa. La fiscal¨ªa resaltaba asimismo c¨®mo la fundaci¨®n p¨²blica Faffe acumul¨® subvenciones por 50 millones poco antes de desaparecer, una suma que no justific¨®. Ahora Alaya da cuerpo a la censura contra la gesti¨®n de estos fondos, aunque la batalla jur¨ªdica de fondo se prev¨¦ densa, dado que las defensas de los implicados plantear¨¢n tesis opuestas, y a¨²n est¨¢ por ver el posicionamiento de la fiscal¨ªa.
Nueva ¡®macrocausa¡¯ en otro momento clave
La juez Mercedes Alaya est¨¢ a punto de enviar al Tribunal Supremo el caso EREantes de comenzar, previsiblemente, sus vacaciones la pr¨®xima semana. Mientras, formaliza una nueva causa: la de los fondos de formaci¨®n, cuyas cifras globales superan las de los expedientes fraudulentos, iniciada en 2011. Ello a pesar de que esta ¨²ltima causa abarca 721 millones concedidos en 10 a?os. Los fondos de formaci¨®n para parados fueron de 950 millones en solo cuatro ejercicios (2008-2011), pero como la Guardia Civil investiga desde 2004, la cifra aumentar¨¢ de manera considerable.
El auto judicial conocido ayer se produce a solo dos d¨ªas del congreso extraordinario del PSOE. El secretario de Organizaci¨®n del PSOE andaluz, Juan Cornejo, censur¨® el pasado lunes que ha habido ¡°demasiadas coincidencias¡± entre las decisiones de Alaya y los ¡°hitos institucionales y org¨¢nicos del partido. Espero que sean simples coincidencias¡±, a?adi¨®.
La toma de posesi¨®n del primer Gobierno de la socialista Susana D¨ªaz, el pasado septiembre, coincidi¨® con el auto que se?alaba a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, adem¨¢s de a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. Justo en el momento en que la consejera andaluza de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, promet¨ªa su cargo, lleg¨® a los m¨®viles la alerta con el auto.
Como comunidad con altas tasas de desempleo, Andaluc¨ªa dispuso durante a?os de cientos de millones de euros para la formaci¨®n, unos fondos que proven¨ªan de Bruselas, Madrid y Sevilla, pero que gestionaba la Junta principalmente a trav¨¦s de los sindicatos y la patronal, pero tambi¨¦n de empresas, Diputaciones y Ayuntamientos.
En el ¨²ltimo a?o, la concesi¨®n y gesti¨®n de todos esos fondos millonarios se ha examinado con lupa, especialmente tras el informe de la C¨¢mara de Cuentas, que subrayaba irregularidades, aunque sin entrar en el terreno penal. Sin embargo, tras diversas denuncias e investigaciones policiales y judiciales en paralelo, los indicios penales han aflorado por cursos que nunca se dieron, usos inconvenientes y alumnos inexistentes en varios casos extremos detectados.
Estas diferentes operaciones policiales se han traducido en decenas de detenidos en el ¨²ltimo mes por los delitos de fraude en las subvenciones y falsedad. Mientras que el Juzgado de Instrucci¨®n 8 de M¨¢laga investiga el caso Edu por 1,72 millones a trav¨¦s de 17 entidades beneficiadas, el Juzgado de Instrucci¨®n 9 de Sevilla analiza el caso de las facturas falsas, por el que UGT imput¨® gastos de formaci¨®n a otros conceptos para as¨ª financiarse, seg¨²n la tesis policial. En paralelo, el Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla tambi¨¦n ha abierto otras diligencias por fondos de formaci¨®n. En esta multiplicidad de causas, Alaya instruye la concesi¨®n de dichos fondos desde la Junta de Andaluc¨ªa. Es decir, si los responsables pol¨ªticos incurrieron en delitos cuando concedieron estos fondos p¨²blicos, al margen de que el uso dado por los empresarios o instituciones fuera ajeno al objeto de la subvenci¨®n.
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