El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ¡®caso G¨¹rtel¡¯
El magistrado Jos¨¦ Ceres cierra una de las mayores piezas de la causa de corrupci¨®n Deja fuera del procedimiento al alcalde de Castell¨®n
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Jos¨¦ Ceres ha procesado este jueves a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administraci¨®n como presuntos autores de cuatro delitos que habr¨ªan cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama G¨¹rtel. El magistrado ha dejado tambi¨¦n a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.
Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones m¨¢s de 760.000 euros.
Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castell¨®n, y Luis Rosado, que le sucedi¨® al frente de la Consejer¨ªa de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad documental.
El juez narra en un auto de 263 p¨¢ginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibi¨® pr¨¢cticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administraci¨®n valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garz¨®n desmantel¨® la trama en el a?o 2009.
¡°La irregular y plural contrataci¨®n administrativa¡± se extendi¨® por nueve consejer¨ªas, dos agencias, una fundaci¨®n y cinco sociedades p¨²blicas. En todas ellas se produjeron ¡°una gran cantidad de contrataciones con vulneraci¨®n de los principios de publicidad y libre concurrencia¡±, con el objetivo aparente de ¡°beneficiar¡± al entramado empresarial de Correa.
El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten ¡°un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos ¨®rganos de contrataci¨®n¡±. Como si en ellas hubiera existido ¡°cierta influencia pol¨ªtica¡±. El juez se?ala que en aquella ¨¦poca Orange Market, la empresa de la red que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, ¡°organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana¡±. Y que, seg¨²n declar¨® un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les ¡°favoreci¨® para las adjudicaciones¡±.
Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, seg¨²n el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera v¨ªa para asegurar el resultado consisti¨® en emplear ¡°procedimientos negociados de contrataci¨®n sin publicidad¡±, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era ¡°siempre¡± Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. ¡°No se encuentra explicaci¨®n razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca hab¨ªan trabajado en el respectivo ¨®rgano de contrataci¨®n. Ni que ning¨²n empleado p¨²blico sepa explicar por qu¨¦ se seleccionaron para ser invitadas, o qui¨¦n era su interlocutor y a las que nadie conoce¡±.
¡°En muchas otras ocasiones¡±, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurri¨® a ¡°la t¨¦cnica del fraccionamiento de la contrataci¨®n¡±. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, pod¨ªa concederse directamente.
De ese modo, para la organizaci¨®n del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobr¨® exactamente 12.020,20 euros por el ¡°alquiler, transporte y montaje del mobiliario¡± en general. Y otros 12.020,20 euros por el ¡°alquiler, transporte y montaje¡± solo de la moqueta.
¡°La confianza en la adjudicaci¨®n era tal¡± que los empleados de Correa sol¨ªan empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones ¡°se dise?aban a posteriori, en funci¨®n de las ofertas¡± que hab¨ªa presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados suger¨ªan a los miembros de la red ¡°cambiar conceptos esenciales de las facturas¡±, con la presunta finalidad ¡°de obstaculizar la detecci¨®n de irregularidades¡±. El juez exculp¨® al alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firm¨® le vinieron dados. Pero no as¨ª a sus dos antiguos jefes en la Consejer¨ªa de Sanidad, Cervera y Rosado.
Los contratos que Sanidad concedi¨® a la trama, con motivo de la organizaci¨®n de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejer¨ªa. Todas esas contrataciones son presuntamente ¡°pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como ¨®rganos de contrataci¨®n¡±. Los ¡°t¨¦cnicos cualificados a nivel de contrataci¨®n¡± interrogados por el magistrado respondieron que esa ¡°superior coordinaci¨®n de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario auton¨®mico¡±, por entonces Rosado.
Varios testigos y alg¨²n imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reuni¨® con personal de Orange Market, y que la dispersi¨®n de las facturas parti¨® del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa se?alaron, a su vez, ¡°que actuaron cumpliendo las indicaciones¡± que les dio Cervera.
Tambi¨¦n ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaraci¨®n de su exjefe de gabinete. ?ste ¡°reiteradamente manifest¨® que fue la se?ora consejera quien organiz¨® los actos, eligi¨® a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le present¨® a ?lvaro P¨¦rez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejer¨ªa investigados¡±.
De Miguel, que fue miembro del Consell entre los a?os 2000 y 2007, ten¨ªa delegadas las competencias de contrataci¨®n y, seg¨²n su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: ¡°La decisi¨®n sobre qu¨¦ empresa hac¨ªa el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa¡±. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener ¡°animadversi¨®n¡± hacia De Miguel.
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