El Gobierno andaluz multar¨¢ a los anunciantes en cadenas sin licencia
La Junta sancionar¨¢ a las empresas y Administraciones que ofrezcan servicios a estos canales
El Gobierno andaluz se ha propuesto acabar, de una vez por todas, con los canales pirata, que seg¨²n el ¨²ltimo informe del Consejo Audiovisual de Andaluc¨ªa (CAA) acaparan la mitad del espacio radioel¨¦ctrico de las televisiones locales. Y lo va a hacer d¨¢ndoles ¡°donde m¨¢s les duele¡±, en palabras del consejero de la Presidencia, Manuel Jim¨¦nez Barrios: prohibiendo la publicidad en dichas cadenas. Seg¨²n ha adelantado el consejero tras la firma del acuerdo alcanzado por la mesa del sector audiovisual, la Junta multar¨¢ a aquellas empresas y Administraciones que se anuncien en emisoras que carezcan de licencia. ¡°Es la mejor manera para combatir este fraude¡±, ha asegurado Jim¨¦nez Barrios. Adem¨¢s, se sancionar¨¢ a todas aquellas entidades u organismos que contribuyan a la existencia de estas emisoras y se reforzar¨¢n las inspecciones.
Las nuevas medidas para ¡°un mayor control¡± de las emisiones ilegales quedar¨¢n plasmadas en la futura Ley Audiovisual de Andaluc¨ªa, que el consejero espera que llegue al Parlamento a finales de este a?o. En ella ¡ªque se elaborar¨¢, al igual que el plan de ordenaci¨®n, en base a las propuestas hechas por los colectivos que integran dicha mesa¡ª, el Gobierno andaluz prohibir¨¢ la publicidad en los canales pirata y establecer¨¢ multas para los anunciantes. ¡°Las sanciones ser¨¢n lo suficientemente importantes¡±, se ha limitado a precisar el consejero. ¡°Sabemos que la mejor v¨ªa para acabar con estas cadenas es impedirles que hagan negocio¡±, agrega Jim¨¦nez Barrios tras reiterar que la ley del Gobierno central es ¡°insuficiente¡± para frenar a estas empresas. ¡°Si no se daba este paso iba a ser casi imposible acabar con una de las grandes lacras del sector¡±, afirma la presidenta del Consejo Audiovisual de Andaluc¨ªa, Emelina Fern¨¢ndez.
Pendiente de la ley
Desde hace m¨¢s de un a?o, Radio Televisi¨®n de Andaluc¨ªa (RTVA) vive una situaci¨®n de interinidad. En marzo de 2013, Pablo Carrasco anunci¨® su dimisi¨®n como director general del organismo. Desde entonces, el puesto sigue vacante y al frente de RTVA ha permanecido el subdirector general, Joaqu¨ªn Dur¨¢n. El momento de elegir al nuevo director general parece no llegar, incluso, todo apunta a que habr¨¢ que esperar a que se apruebe la futura Ley Audiovisual de Andaluc¨ªa. La inc¨®gnita es si se mantendr¨¢ el mismo proceso de elecci¨®n. ¡°Son los grupos parlamentarios los que deber¨¢n ponerse de acuerdo. El Gobierno dar¨¢ su opini¨®n cuando la ley vaya a entrar en el Parlamento¡±, ha asegurado el consejero de la Presidencia, Manuel Jim¨¦nez Barrios antes de la firma del acuerdo alcanzado con diferentes colectivos audiovisuales para impulsar y ordenar el sector en la comunidad.
El consejero ha reiterado a los periodistas que la elecci¨®n del director general de este organismo es un asunto de ¨¢mbito parlamentario y que no ha sido objeto de debate en esta mesa. Seg¨²n la ley de RTVA, el director general debe ser elegido por mayor¨ªa cualificada del Parlamento: por dos tercios de la C¨¢mara en primera votaci¨®n (72 votos de un total de 109) y por tres quintos (65), en una segunda. Cualquiera de estas dos f¨®rmulas exige la participaci¨®n de los 50 diputados del PP, como grupo mayoritario, ya que PSOE e IU solo suman 59.
Pero el cerco de la Junta va m¨¢s all¨¢. Adem¨¢s de la publicidad, como apunta Fern¨¢ndez, otra de las principales v¨ªas de financiaci¨®n de los canales pirata son los ingresos derivados del servicio de tarificaci¨®n adicional. Otro aspecto que tambi¨¦n contempla abarcar en su ley el Gobierno andaluz. Seg¨²n explica el director general de Comunicaci¨®n Social, David Javier Garc¨ªa, la normativa contemplar¨¢ sanciones para aquellas empresas o Administraciones que contribuyen a la existencia de estas cadenas, los bautizados colaboradores necesarios. En este grupo, como ha enumerado Garc¨ªa, entran tanto las compa?¨ªas que ofrecen el servicio telef¨®nico, los Ayuntamientos que permiten la colocaci¨®n de un poste o el arrendador del local desde donde emiten. ¡°El Gobierno va a hacer todo lo que est¨¢ en su mano para acabar con esta pr¨¢ctica¡±, apunta Garc¨ªa. ¡°Debemos conseguir que este tipo de empresas no sean rentables¡±, agrega la presidenta del CAA, quien conf¨ªa en que estas medidas contribuir¨¢n a reducir en poco tiempo el n¨²mero de emisiones ilegales.
Ya en su ¨²ltimo informe, el Consejo Audiovisual alertaba a las Administraciones de la consolidadi¨®n de las cadenas pirata (50,3%) en la comunidad y les reclamaba una mayor implicaci¨®n. Adem¨¢s, reconoc¨ªa la dificultad para actuar. As¨ª lo ha confirmado el titular de la Direcci¨®n General de Comunicaci¨®n Social, el ¨®rgano competente. ¡°Hay que tener en cuenta que desde que se denuncia hasta que el juzgado da la autorizaci¨®n para entrar en el recinto y prescintar los equipos puede pasar hasta un a?o y medio¡±, explica Garc¨ªa. ¡°A esto se suma, que quitar el prescinto no es un delito¡±, agrega. Por ello, tras la actuaci¨®n, la empresa denunciada cambia el nombre de la sociedad y continua emitiendo. Pese a ello, Garc¨ªa recuerda que se han llegado a cerrar varios canales y que la empresa Vit Channel, una de las m¨¢s importantes, acumula multas por valor de 3,18 millones de euros.
A la bateria de medidas para acabar con las emisiones ilegales, el texto acordado por los colectivos abarca un centenar de propuestas ¡°para ordenar e impulsar un sector estrat¨¦gico en Andaluc¨ªa¡±, que suma m¨¢s de 2.000 empresas y 35.000 empleos directos. Entre otras medidas, el documento persigue evitar el cierre de las emisoras locales y que se privaticen o externalicen servicios p¨²blicos; velar por el buen funcionamiento de los medios y por su transparencia; potenciar la producci¨®n propia y establecer incentivos y bonificaciones fiscales, sobre los tributos auton¨®micos, que afecten al sector audiovisual.
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