Alaya elude a un exconsejero aforado en su nueva causa sobre la formaci¨®n
La juez ultima el env¨ªo del ¡®caso ERE¡¯ al Supremo y pregunta al fiscal al respecto
La juez Mercedes Alaya ha sorteado la imputaci¨®n del diputado aforado y exconsejero de Empleo andaluz Manuel Recio en su nueva causa sobre los fondos de la formaci¨®n para desempleados, por la que acusa a la Junta de Andaluc¨ªa de otorgar 950 millones en subvenciones entre 2008 y 2011 que permanecen ¡°sin justificar¡±. En su ¨²ltimo auto, la magistrada ha imputado al exconsejero Antonio Fern¨¢ndez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n continuados, como m¨¢ximo responsable de las exoneraciones que permitieron a las empresas e instituciones no justificar el gasto de las subvenciones para la formaci¨®n durante cuatro a?os (2008-2011).
Sin embargo, Fern¨¢ndez abandon¨® el Ejecutivo en marzo de 2010, por lo que las dos ¨²ltimas resoluciones de exoneraci¨®n correspondieron a su sucesor en el cargo, el diputado socialista Manuel Recio. Este ex alto cargo es aforado y Alaya no podr¨ªa investigarle, ya que las pesquisas corresponder¨ªan al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Alaya achaca a Fern¨¢ndez haber contravenido la Ley de Subvenciones para permitir que los receptores siguieran recibiendo subvenciones desde la Junta. La juez menciona expresamente los ejercicios 2010 y 2011, pero elude citar al titular de la Consejer¨ªa de Empleo en esos a?os. Desde entonces, el Gobierno andaluz no ha vuelto a conceder ayudas para cursos de formaci¨®n.
Hace dos meses Alaya imput¨® a 25 ex altos cargos miembros del consejo rector de la agencia p¨²blica Idea entre 2001 y 2008, y evit¨® imputar a cuatro cargos aforados: los dos expresidentes de Idea Jos¨¦ Antonio Viera y Francisco Vallejo y los antiguos vocales del consejo Antonio ?vila y Carmen Mart¨ªnez Aguayo, diputados en el Congreso y el Parlamento andaluz.
Mientras, Alaya incluye entre sus ¡°hechos indiciarios¡± la concesi¨®n de una subvenci¨®n a la fundaci¨®n p¨²blica Faffe para la formaci¨®n de los 1.800 parados que dej¨® el cierre de la empresa de automoci¨®n Delphi en 2007. Fern¨¢ndez est¨¢ imputado por haber permitido dicha subvenci¨®n, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en 2008 y con el visto bueno de la Intervenci¨®n General. En su auto, la juez evita mencionar esta decisi¨®n pol¨ªtica, de la que participaron varios miembros del Gobierno que hoy son diputados aforados, incluidos los expresidentes de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves.
El fondo de la nueva causa sobre la formaci¨®n reside en estas exoneraciones de la Junta, que eximieron a los entes receptores de las subvenciones de la obligaci¨®n de justificarlas por la falta de funcionarios para supervisar el gasto. Mientras que la juez interpreta que los responsables incurrieron en malversaci¨®n y prevaricaci¨®n tras recibir un informe de la Guardia Civil, la Junta defiende estas resoluciones. La presidenta, Susana D¨ªaz, dijo en Telecinco que Alaya ¡°no habla de fraude¡±, sino de exoneraci¨®n, una pr¨¢ctica que su Gobierno elimin¨® el a?o pasado. ¡°Nada exime a los receptores de justificarlas a partir de ahora. Hubo un atasco de tr¨¢mites administrativos y no puedes perjudicar al administrado¡±, precisaron fuentes del Ejecutivo aut¨®nomo para justificar estas resoluciones.
Por otra parte, la juez ha culminado la investigaci¨®n sobre la rama pol¨ªtico-financiera del caso ERE, que afecta a siete cargos aforados ¡ªlos expresidentes Chaves y Gri?an y cinco exconsejeros¡ª, y la semana que viene remitir¨¢ esta instrucci¨®n sobre el dise?o del fondo al Tribunal Supremo. Alaya pidi¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que se pronuncie sobre el tribunal competente que debe instruir esta rama, y el ministerio p¨²blico se?alar¨¢ previsiblemente al Supremo, dado que hay se?alados dos diputados a Cortes. De este modo, Alaya se inhibir¨¢ la pr¨®xima semana tras un a?o de an¨¢lisis de la parte pol¨ªtico-financiera y remitir¨¢ la exposici¨®n razonada al tribunal, cuando la causa acumula ya 201 imputados.
La magistrada acusa, mientras el fiscal reclama prudencia
El examen a las ayudas p¨²blicas a los cursos de formaci¨®n para desempleados desde la Junta andaluza ha generado cinco investigaciones judiciales en cuatro provincias (Sevilla, M¨¢laga, Granada y Almer¨ªa), incluida la causa de las facturas falsas sobre el sindicato UGT. Mercedes Alaya analiza el procedimiento desarrollado por la Consejer¨ªa de Empleo, y ha imputado al exconsejero Antonio Fern¨¢ndez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.
La C¨¢mara de Cuentas subray¨® en enero irregularidades administrativas y la Fiscal¨ªa Superior andaluza apunt¨® a la posible comisi¨®n de delitos, sin concretarlos. Eso s¨ª, destac¨® el ¡°manifiesto desorden¡± en la concesi¨®n de las ayudas y el incumplimiento de las recomendaciones que la C¨¢mara de Cuentas hizo ya en 2004. La clave ahora es si los responsables de Empleo prevaricaron o malversaron fondos p¨²blicos cuando convirtieron la excepcionalidad en norma y eximieron a cientos de empresas e instituciones de la obligaci¨®n de justificar las ayudas. La ley subraya que para la exoneraci¨®n deben concurrir ¡°circunstancias de especial inter¨¦s social¡±.
Ayer fuentes de la Fiscal¨ªa Superior mostraron cautela: ¡°Las exoneraciones pueden generar responsabilidades contables, penales o administrativas, pero requiere un an¨¢lisis sosegado¡±. Las ayudas se concedieron por importe de 950 millones y a¨²n no han sido justificadas, pero la dimensi¨®n de cu¨¢nto dinero fue defraudado est¨¢ a¨²n por determinar. Luciano Parejo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, estima ¡°excesivo¡± ver una prevaricaci¨®n continuada. ¡°No digo que no la haya, digo que no est¨¢ reflejado en el auto¡±. Mientras que Alaya sostiene que las exoneraciones vulneraron la ley estatal de Subvenciones, la Junta esgrime que est¨¢n amparadas por la ley andaluza de la Hacienda P¨²blica.
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