La juez cita al exconsejero Granados por el espionaje pol¨ªtico a Prada y Cobo
Una diputada nacional del PP pide aclarar qui¨¦n orden¨® los seguimientos
Cinco a?os despu¨¦s de que se abriera la causa judicial por el espionaje pol¨ªtico supuestamente ordenado desde el Gobierno de Esperanza Aguirre para seguir a determinados cargos pol¨ªticos del PP, adversarios de la expresidenta auton¨®mica en las batallas internas por el poder, la juez ha citado a declarar el pr¨®ximo 16 de septiembre como testigo al exconsejero auton¨®mico de Interior, Francisco Granados. Este ex alto cargo, que ha abandonado su esca?o de senador tras descubrir la Fiscal¨ªa que ocultaba dinero no declarado en Suiza, estaba al frente del departamento en el que trabajaban como asesores tres ex guardias civiles y tres ex polic¨ªas nacionales a los que, seg¨²n la investigaci¨®n policial y judicial, se les orden¨® hacer los seguimientos a pol¨ªticos.
Los objetivos en que se centraron los supuestos esp¨ªas a sueldo del Gobierno auton¨®mico del PP fueron dos: Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre al que esta acab¨® destituyendo; y Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid que disput¨® sin ning¨²n ¨¦xito a la expresidenta auton¨®mica el liderazgo del partido en Madrid.
¡°Lo que nos ordenaban podr¨ªa ser delictivo¡±
Jos¨¦ Oreja, guardia civil, entr¨® a trabajar en la consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid como asesor. La juez que instruye el caso del espionaje pol¨ªtico supuestamente ordenado por el Gobierno regional y pagado con fondos p¨²blicos imput¨® a este agente, cuyo tel¨¦fono m¨®vil aparece en la investigaci¨®n junto a los objetivos del espionaje.
Oreja confes¨® a EL PA?S, y a la juez, que a principios de 2008 el director general de Seguridad, Sergio Gam¨®n, y el subdirector, Miguel Casta?o, le propusieron los seguimientos a los dos pol¨ªticos del PP. ¡°La propuesta nos pareci¨® una locura por dos motivos. Uno, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y dos, porque para conseguir cualquier informaci¨®n relevante habr¨ªa que obtenerla de forma irregular, mediante actuaciones delictivas. La orden nos la dan verbalmente en el despacho del director general. En la reuni¨®n en la que nos marcaron los objetivos, nos dijeron que ten¨ªa especial inter¨¦s don Ignacio Gonz¨¢lez¡±, explic¨® a EL PA?S.
Sergio Gam¨®n fue un fichaje de la presidenta auton¨®mica pues estaba casado cuando fue nombrado director general de Seguridad con una de sus secretarias. La exmujer de Gam¨®n y exsecretaria de Aguirre lleg¨® a declarar a EL PA?S que su exmarido investig¨® a Alfredo Prada [exvicepresidente y exconsejero en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid]. ¡°No ten¨ªa la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio Gonz¨¢lez [entonces vicepresidente de la Comunidad] recib¨ªa an¨®nimos, y como hab¨ªa enfrentamiento entre Gonz¨¢lez y Prada... desde el principio empez¨® a investigar a Prada..., hac¨ªa ese trabajo solo con Miguel Casta?o, al que fich¨® como subdirector¡±, declar¨® Laviana.
El guardia civil Jos¨¦ Oreja se quej¨® de las ¨®rdenes que recib¨ªa al consejero Granados. "Le expresamos nuestra repulsa a realizar esta labor y nos dijo que no hici¨¦ramos caso. Le contestamos: 'Si quieres, no le hacemos ni caso, pero es el que manda en la direcci¨®n'. Le advertimos de que lo que nos estaban ordenando podr¨ªa ser una acci¨®n delictiva per se, am¨¦n de los fines que se persiguieran. Y Granados nos respondi¨®: 'Para m¨ª, Gam¨®n es una mosca que con un movimiento de mis dedos la puedo desplazar al pupitre de delante'. Pero nos dimos cuenta de que mandaba el director y que las instrucciones no le ven¨ªan del consejero".
Durante varios meses, tres ex guardias civiles y un ex polic¨ªa nacional, contratados como asesores de la consejer¨ªa de Interior, siguieron a ambos pol¨ªticos a sus citas p¨²blicas y privadas, y dejaron constancia de lo que ve¨ªan en partes mecanografiados. En uno de esos partes, se incluy¨® el nombre de Carmen Rodr¨ªguez Flores, diputada nacional del PP, qui¨¦n est¨¢ personada en la causa y pidi¨® el pasado 1 de abril a la juez que lleva el caso que se citara a Granados a declarar como jefe del supuesto aparato de espionaje pol¨ªtico montado en la Comunidad de Madrid y pagado con fondos p¨²blicos.
El abogado de Rodr¨ªguez Flores sostiene en su escrito que ¡°una operativa como la que es objeto de esta instrucci¨®n¡±, en relaci¨®n a los seguimientos a pol¨ªticos del PP, ¡°no parece en buena l¨®gica que responda a iniciativa propia de los hasta ahora imputados¡±.
La diputada nacional quiere conocer qui¨¦n dio la orden del espionaje pol¨ªtico por el que est¨¢n imputados los tres ex guardias civiles que llevaron a cabo los seguimientos; el entonces director general de Seguridad, el polic¨ªa Sergio Gam¨®n, al que el Gobierno regional oblig¨® a abandonar su puesto; adem¨¢s de un empleado de la consejer¨ªa, Jos¨¦ Manuel Pinto, que seg¨²n la investigaci¨®n policial de los tel¨¦fonos m¨®viles del personal de ese departamento, no particip¨® en el operativo.
Uno de los imputados, el ex guardia civil Jos¨¦ Oreja S¨¢nchez, asegur¨® a la juez que sus jefes inmediatos, entre ellos Sergio Gam¨®n, le ordenaron ¡°cometer barbaridades¡±, en relaci¨®n a los seguimientos a Prada y Cobo, y que ellos se quejaron al consejero de Interior, que entonces era Granados.
Oreja explic¨® a la juez que Granados era consciente de la situaci¨®n, que les dijo que se negaran a hacer lo que les mandaban, pero que sus jefes siguieron orden¨¢ndoles los mismos servicios.
Por su parte, Jos¨¦ Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid imputado en la causa, asegura que el exconsejero Granados le explic¨® que qui¨¦n hab¨ªa elaborado los partes de seguimiento era uno de sus jefes inmediatos, Miguel Casta?o, mano derecha de Sergio Gam¨®n.
La juez que investiga los hechos ha archivado el caso en dos ocasiones, pese a las s¨®lidas pruebas aportadas por la polic¨ªa a trav¨¦s de los informes de Telef¨®nica sobre los movimientos de los supuestos esp¨ªas.
La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a la juez a reabrir el proceso judicial por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Aunque el delito de espionaje pol¨ªtico no est¨¢ tipificado en el C¨®digo Penal, la causa trata de acreditar la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos empleados para fines ilegales, como es el seguimiento de determinados pol¨ªticos con medios humanos y materiales de la Comunidad de Madrid.
Ram¨®n Gonz¨¢lez Bosch, abogado de dos de los imputados, Oreja y Pinto, se congratula de la decisi¨®n adoptada por la juez. ¡°Ahora s¨®lo esperamos que Francisco Granados diga la verdad. Gonz¨¢lez Bosch ha pedido el archivo de la causa contra sus dos clientes al entender que no tienen ninguna responsabilidad en los hechos investigados.
La Comunidad de Madrid aprob¨® en marzo un decreto solicitando su personaci¨®n en la causa como acusaci¨®n particular por sentirse perjudicada en la supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos que se imputa a sus empleados en la consejer¨ªa de Interior.
La exmujer de Sergio Gam¨®n, el jefe de todos los imputados por el espionaje pol¨ªtico, lleg¨® a declarar que su marido manten¨ªa conversaciones telef¨®nicas con Ignacio Gonz¨¢lez, hoy presidente de la Comunidad de Madrid, que suger¨ªan que ¨¦ste estaba al tanto de los seguimientos a sus compa?eros de partido.
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