La juez Alaya deja el futuro de Chaves y Gri?¨¢n en manos del Supremo

En sus ¨²ltimos autos, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, advert¨ªa a las partes de que el final de la instrucci¨®n estaba cerca. Pero, pese a anunciarlo en repetidas ocasiones, el esperado desenlace se ha estirado en el tiempo. Hasta este martes. Tras m¨¢s de tres a?os y medio de instrucci¨®n, la magistrada ha remitido al Tribunal Supremo parte del sumario del caso ERE al encontrar indicios que supuestamente incriminan en el fraude a siete aforados; entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

Seg¨²n fuentes del alto tribunal, junto a la exposici¨®n razonada para inhibirse, la juez ha enviado al Supremo 20 de los 80 tomos que conforman la causa con m¨¢s imputados (201) de la historia judicial espa?ola. Esta voluminosa documentaci¨®n ha ido acompa?ada de material digitalizado y audiovisual. Ahora, el Supremo decidir¨¢ si existen indicios penales contra los pol¨ªticos se?alados por Alaya y, en tal caso, si asume toda la causa o solo la parte pol¨ªtico-financiera.

Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, Alaya ha enviado al alto tribunal solo una selecci¨®n del sumario, una especie de resumen sobre su instrucci¨®n. ¡°Una vez que el Supremo tome una decisi¨®n, la juez mandar¨¢ o no el resto de la documentaci¨®n¡±, precisan dichas fuentes.

Alaya se?ala a la anterior c¨²pula del Gobierno andaluz porque considera que dise?¨® el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias al fondo que dot¨® con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. Junto a Chaves y a Gri?¨¢n ¡ªa quienes se?al¨® en septiembre del a?o pasado¡ª, la magistrada se?ala a los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera (diputado a Cortes), Antonio ?vila, Manuel Recio, Carmen Mart¨ªnez Aguayo y Francisco Vallejo (diputados andaluces). En dicho auto, Alaya les comunicaba que los consideraba part¨ªcipes o conocedores del dise?o del fondo, concebido para burlar la ley, seg¨²n defiende la juez.

El argumento principal de la juez contra el fondo es el uso como instrumento de pago de las llamadas transferencias de financiaci¨®n. Esto permit¨ªa dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ¨¢gil, pero sorteaba los controles de la Intervenci¨®n de la Junta. El Gobierno andaluz y las defensas del caso responden que la partida era legal y se aprobaba cada a?o por el Parlamento al estar incluida en la Ley de Presupuestos. Para sustentar los posibles delitos, Alaya se ha apoyado tanto en los dict¨¢menes de la C¨¢mara de Cuentas auton¨®mica, cuyos auditores ya censuraron el fondo, como de la Intervenci¨®n General del Estado, que corroboraron el grueso de las tesis de la juez en un informe entregado en diciembre.

Pero la decisi¨®n del Supremo se har¨¢ esperar. Seg¨²n fuentes del alto tribunal, y debido al periodo vacacional, ahora solo hay una sala en funcionamiento que est¨¢ destinada a casos de urgencia. Previsiblemente, los magistrados no analizar¨¢n la documentaci¨®n remitida por la magistrada hasta septiembre. Ser¨¢ entonces cuando decidan si asumen toda la causa, como defiende la instructora, o solo la parte que afecta a los aforados, como considera la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Esta discrepancia entre la magistrada y los fiscales ha marcado los ¨²ltimos meses de instrucci¨®n. Desde un primer momento, Alaya ha defendido que elevar¨ªa al Supremo el caso al completo ya que es ¡°inescindible¡± debido a la conexi¨®n que existe entre las diferentes l¨ªneas de investigaci¨®n abiertas y para ¡°evitar en el futuro hipot¨¦ticas sentencias contradictorias¡±. Por su parte, los fiscales han reclamado en varias ocasiones a la magistrada que troceara la causa ¡ª¡°para concluir en un plazo razonable la instrucci¨®n¡±¡ª y que solo elevara al alto tribunal la parte referida a los aforados. Pese a estas peticiones, Alaya se ha mantenido firme en su decisi¨®n, que fue respaldada por la Audiencia Provincial de Sevilla a finales del mes pasado al considerar que la divisi¨®n podr¨ªa ¡°generar un riesgo de desorden procesal¡±. Esta pugna con el ministerio p¨²blico se ha unido a las cr¨ªticas pol¨ªticas que acusaban a Alaya de retener artificialmente el caso, un argumento que han utilizado la mayor¨ªa de los imputados para acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

La rama pol¨ªtico-financiera se inici¨® en junio de 2013, cuando Alaya imput¨® a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena ?lvarez. Posteriormente, la juez dict¨® el auto en el que se?al¨® a los siete cargos aforados y sum¨® a la causa la imputaci¨®n de otros 15 altos cargos de la Junta.