El gobierno de Ourense de 2007 al completo recibe su segunda imputaci¨®n

El gobierno ourensano suma una nueva imputaci¨®n masiva. El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Ourense, Leonardo ?lvarez, ha imputado a toda la Junta de Gobierno bipartita (PSdeG-BNG) de los a?os 2007 y 2009 por supuesta prevaricaci¨®n, tras legalizar una urbanizaci¨®n del centro de la ciudad (plaza de San Antonio) con orden de derribo y por pagar una indemnizaci¨®n de 358.000 euros a una vecina de la zona que hab¨ªa denunciado ilegalidades en la obra. Entre la decena de imputados se encuentra el actual regidor socialista, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, y sus dos tenientes de alcalde, Marga Mart¨ªn y ?urea Soto, imputada ya en este mismo caso en calidad de edil de Urbanismo. Tras la decisi¨®n del juez, el alcalde acumula tres imputaciones judiciales, todas presunta prevaricaci¨®n.

En esta investigaci¨®n, iniciada tras una denuncia del grupo pol¨ªtico de la oposici¨®n Democracia Ourensana, tambi¨¦n ha sido imputada la actual concejala de Educaci¨®n, Ana Garrido, y el exalcalde socialista, Francisco Rodr¨ªguez, que dimiti¨® del cargo tras su detenci¨®n y posterior implicaci¨®n en la Operaci¨®n Pok¨¦mon. Junto a ellos, cierran el bloque de pol¨ªticos bajo el foco del juez, el exedil socialista, Demetrio Espinosa, y los exconcejales del Bloque, Alexandre S¨¢nchez Vidal, Andr¨¦s Garc¨ªa Mata, Isabel P¨¦rez y Marta Arribas. Esta misma Junta de Gobierno ya fue imputada hace meses en el caso Bedoya, en el que otro juez indaga la adjudicaci¨®n, supuestamente a dedo, con urgencia y sin publicidad de una obra de casi 600.000 euros a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la candidatura socialista a las ¨²ltimas elecciones locales.

Hace dos semanas y ante la sospecha del nuevo encausamiento masivo que finalmente se ha confirmado, la edil de Urbanismo y su abogado, Carlos Hern¨¢ndez, tambi¨¦n imputado en este caso tras emitir uno de los informes que aval¨® la operaci¨®n, cargaron contra jueces y fiscales desde el sal¨®n de plenos. Soto -que acumula seis imputaciones- y su letrado reclaman un trato igualitario de la judicatura. El instructor hab¨ªa pedido al Ayuntamiento la identificaci¨®n formal de los pol¨ªticos de la Junta de Gobierno, el paso previo a la imputaci¨®n. Y es que hay 12 causas judiciales abiertas contra pol¨ªticos del Ayuntamiento de Ourense, una situaci¨®n que ha llevado al gobierno local a denunciar en reiteradas ocasiones, la existencia de una "estrategia de acoso y derribo". Esas cr¨ªticas levantaron ampollas en los juzgados, hasta el punto de que, en un proceder ins¨®lito, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acord¨® recabar informaci¨®n para adoptar medidas tras el par¨®n de agosto.