La Junta de Andaluc¨ªa impide que se retomen las obras en El Algarrobico

El Gobierno andaluz (PSOE e IU) ha dado este mi¨¦rcoles un paso que se hab¨ªa negado a dar durante meses: completar los tr¨¢mites que le convierten en el propietario de los terrenos del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almer¨ªa), en los que est¨¢ el pol¨¦mico hotel de 20 plantas. La Junta se convertir¨¢ legalmente en la due?a de los suelos para impedir que la promotora del complejo pueda entrar y rematar la construcci¨®n del edificio, paralizada por la justicia desde febrero de 2006.

Cuando se suspendieron las obras por las dudas sobre la legalidad de este hotel levantado en el parque natural de Cabo de Gata-N¨ªjar, el 94,41% del edificio estaba finalizado. Y as¨ª ha continuado estos ¨²ltimos ocho a?os. Durante este tiempo, una veintena de fallos y autos de distintos tribunales hac¨ªan imposible que las obras pudieran retomarse. Y la Junta y el Gobierno ya se hab¨ªan comprometido por escrito a demoler el edificio cuando la justicia lo permita.

Pero un cambio de criterio sobre la legalidad del hotel en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ¡ªque se ha producido cuando han cambiado los jueces que analizan el caso¡ª han enmara?ado a¨²n m¨¢s el futuro de El Algarrobico, que ya no est¨¢ tan claro que pase por la demolici¨®n. El cambio de rumbo definitivo se produjo hace una semana: la secci¨®n tercera de la sala de lo contencioso de este tribunal andaluz concluy¨® que la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras concedi¨® a la promotora Azata en 2003 era legal.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente tem¨ªa que, en cualquier momento, la constructora pudiera volver a entrar en el hotel para rematar las obras tras esa sentencia. Varias fuentes jur¨ªdicas reconocen que Azata, con ese fallo, podr¨ªa reanudar las obras. El paso dado ahora por el Gobierno aut¨®nomo busca impedir precisamente eso. "El fin ¨²ltimo es demoler y el fin inmediato es evitar que contin¨²en las obras, para proteger la biodiversidad y los valores ambientales de la zona", sostiene la consejera de Medio Ambiente, Mar¨ªa Jes¨²s Serrano.

La Administraci¨®n andaluza ha enviado este mi¨¦rcoles varios burofaxes a las distintas sedes de Azata para comunicarle la formalizaci¨®n del retracto (el derecho que tienen las Administraciones a comprar bienes a particulares cuando se dan unas condiciones determinadas). El escrito conmina a la constructora a que no ejecute ning¨²n acto "que suponga transformaci¨®n de la finca". Le advierte de que la Junta emprender¨¢ acciones si no se cumple esa paralizaci¨®n.

El Gobierno andaluz adquiri¨® esos suelos en 2006 por 2,3 millones. El retracto se hab¨ªa ejercido ya, pero el proceso no se hab¨ªa concluido porque la promotora y el Ayuntamiento de Carboneras lo hab¨ªan recurrido ante la justicia. El paso dado ahora por la Junta es arriesgado. Ese pleito est¨¢ vivo, ya que la constructora ha acudido al Tribunal Supremo, que a¨²n no ha decidido si es legal o no la compra de los suelos que decidi¨® unilateralmente la Administraci¨®n andaluza en 2006. Cabe la posibilidad de que los magistrados terminen tumbando esa operaci¨®n.

Pero la Junta, tras varios d¨ªas de an¨¢lisis, ha decidido arriesgarse por el temor a que se reanudaran las obras. Hace pocos meses ocurri¨® un caso similar: el TSJA aval¨® la licencia de obras de un centro comercial levantado en Armilla (Granada). Tras ese fallo, el Ayuntamiento de ese municipio permiti¨® que se reanudaran las obras, paralizadas durante ocho a?os.

Tras el env¨ªo de los escritos, el siguiente paso que se debe dar es formalizar la compra ante un notario e inscribir en el registro los suelos como propiedad de la Administraci¨®n, algo que ocurrir¨¢ en septiembre.

La organizaci¨®n ecologista Greenpeace ha calificado esta decisi¨®n como "una peque?a victoria". Mar¨ªa Jos¨¦ Caballero, directora de campa?a de la ONG, ha recordado que hace dos meses se volvi¨® a solicitar a la Junta que formalizara el retracto. La Administraci¨®n se neg¨® argumentando que el caso estaba a¨²n vivo en el Supremo. Pero esa postura ha cambiado tras las ¨²ltimas decisiones de la secci¨®n tercera de la sala de lo contencioso del TSJA, que incluso ha contradicho a compa?eros del mismo tribunal.

El fin ¨²ltimo de la Junta y el Gobierno es derribar el hotel, pero ambas Administraciones siempre han mantenido que era necesaria una seguridad jur¨ªdica. Y las ¨²ltimas decisiones de los magistrados andaluces hacen que esa seguridad se aleje m¨¢s en el tiempo. El Supremo, que ya ha concluido que el hotel invade los 100 metros de protecci¨®n de la costa, ser¨¢ el que acabe decidiendo sobre la legalidad de la construcci¨®n.