V¨ªa crucis judicial hasta las elecciones

Asoman las elecciones municipales y el debilitado gobierno local ourensano ¡ªun PSOE fragmentado en dos mitades tras la Operaci¨®n Pok¨¦mon y la forzada dimisi¨®n posterior del exalcalde Francisco Rodr¨ªguez¡ª mete ambos pies en los juzgados. Septiembre amanece con al menos diez causas penales empujando la puerta de la alcald¨ªa de la tercera ciudad de Galicia. Est¨¢n imputados, adem¨¢s de varios t¨¦cnicos, el exregidor; su sucesor al frente de la corporaci¨®n, Agust¨ªn Fern¨¢ndez; la teniente de alcalde, Marga Mart¨ªn; la concejala de Urbanismo, ?urea Soto y la junta de gobierno completa de 2008. Esto es, los socialistas con responsabilidad municipal, fieles al dimitido Rodr¨ªguez ¡ªenfrentados a los afines del exl¨ªder del PSdeG, Pachi V¨¢zquez¡ª y sus exsocios del BNG, fuera ya de estas filas y repartidos en otras formaciones nacionalistas. A estos le salpican las imputaciones, pero para el PSOE ourensano el nuevo curso pol¨ªtico irrumpe como un v¨ªa crucis atestado de estaciones. ¡°Da igual que acaben archivando las denuncias, el da?o ya est¨¢ hecho¡±, reconoce el gobierno local.

?La responsable municipal de Urbanismo asegura que hay una conjura ¡°de una parte interesada que se ha visto perjudicada en el nuevo plan de ordenaci¨®n¡±, recompuesto por los socialistas, con ella al frente, despu¨¦s de que el heredado del PP hubiese sido anulado hasta siete veces por la justicia. Soto no tiene la m¨ªnima duda de que la decena larga de causas judiciales parten de ah¨ª, mientras la oposici¨®n de los populares, pero sobre todo la m¨¢s activa de Democracia Ourensana (DO), contempla el escenario derivado en buena parte de sus denuncias como la antesala de su acceso al poder local. Los ediles de DO, Gonzalo P¨¦rez J¨¢come y Susana G¨®mez Valencia, han participado denunciando o person¨¢ndose en las causas m¨¢s sonadas. ¡°Han destapado una forma de gobernar claramente irregular a¨²n en el caso de que la justicia no llegase a considerarla delictiva¡±, sostiene el abogado de esta formaci¨®n, Miguel Caride. En su opini¨®n, eso ha servido, como m¨ªnimo, ¡°para que los ciudadanos sepan c¨®mo se ejerce el poder en el Ayuntamiento¡±.

¡°Es todo consecuencia del plan de urbanismo¡±, insiste Soto, imputada en seis de las diez causas que acechan al gobierno ¡°y las que a¨²n vendr¨¢n¡±, vaticina. Asegura que las querellas no obedecen m¨¢s que al ¡°chantaje¡± de un promotor que "pretend¨ªa ahorrarse la cesi¨®n del 10% de suelo al municipio, como se hac¨ªa con el gobierno del PP¡± e insiste en asegurar que ¡°se ha servido de un grupo pol¨ªtico, DO, para arremeter contra el inter¨¦s p¨²blico¡±. ¡°Una buena jugada¡±, remacha. Tanto el peque?o partido local como el constructor al que alude la concejala han firmado el grueso de las denuncias en fase de instrucci¨®n que han puesto contra las cuerdas a los socialistas y que marcar¨¢n ahora el inicio del periodo preelectoral con los ediles desfilando por los juzgados. Da igual que DO haya negado por activa y por pasiva su vinculaci¨®n con el promotor. Soto est¨¢ convencida de que ¡°act¨²an conjuntamente¡±.

En la lista de las causas que investigan varios juzgados figuran las denuncias por la ¡°facturaci¨®n falseada¡± del servicio de ayuda a domicilio, buque insignia del gobierno socialista; por las contrataciones a dedo de las asistencias t¨¦cnicas; por la reforma de la calle Bedoya concedida tambi¨¦n a dedo a una empresa de la que era ejecutivo un integrante de la lista socialista; por la legalizaci¨®n de las viviendas de la Plaza de San Antonio; por la ¡°ejecuci¨®n incorrecta de la orden judicial¡± en el derribo de un muro del matadero municipal; por la adjudicaci¨®n por procedimiento negociado y sin publicidad de las obras de la plaza de Paz N¨®voa y por la concesi¨®n de licencia a la residencia universitaria de Ourense anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A estas se suman las instrucciones por la urbanizaci¨®n a cargo de las arcas municipales de la vivienda del actual alcalde en su etapa de edil de Hacienda, la relativa a la contrataci¨®n ¡°ilegal¡± de las asistencias t¨¦cnicas y por la ¡°ocultaci¨®n¡± del plan urban¨ªstico: la decisi¨®n de Soto de negar al promotor que la ha denunciado el acceso al planeamiento antes de su aprobaci¨®n inicial y de someterlo a exposici¨®n al p¨²blico.

Pero no son los ¨²nicos asuntos municipales que se dirimen en los juzgados de la ciudad. Tambi¨¦n se retomar¨¢ este mes la instrucci¨®n de la denuncia presentada por la propia Soto y el exalcalde socialista contra la junta de gobierno de sus predecesores del PP, presididos por Manuel Cabezas, por haber adjudicado a dedo a la empresa del l¨ªder de DO la compra de un equipo de sonido ¡°que nunca lleg¨® a utilizarse¡±. Soto y el exregidor han contraatacado. Ambos firmaron tambi¨¦n conjuntamente una recusaci¨®n contra el titular del Juzgado 1 de Ourense, Antonio Pi?a, que instruye varias de las causas en las que est¨¢n imputados, alegando su ¡°amistad manifiesta¡± con un dirigente de DO que no ocupa cargo p¨²blico. La recusaci¨®n fue dos veces desestimada por la Audiencia Provincial. ¡°Cuando los jueces imputan es porque encuentran base para ello en los comportamientos denunciados, de lo contrario no se abrir¨ªan las causas tras la investigaci¨®n¡±, matiza el abogado de DO, que se pregunta a continuaci¨®n ¡°c¨®mo no ha habido todav¨ªa dimisiones¡± en el cuestionado gobierno local.