Una juez pide que se impute a la exfiscal jefe de A Coru?a por falsedad

La juez de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de A Coru?a, Elena Rodr¨ªguez Molpeceres, ha dictado un auto en el que pide que se impute a la actual fiscal superior de Asturias, Esther Fern¨¢ndez Garc¨ªa, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el expediente que propici¨® la primera expulsi¨®n de la carrera de un fiscal en democracia. La separaci¨®n del servicio del fiscal Juan Antonio Frago fue anulada posteriormente por la Audiencia Nacional.

El auto de la juez, que ha sido recurrido por el ministerio p¨²blico, es el paso previo a la remisi¨®n al Tribunal Supremo del caso, al gozar la fiscal de Asturias de aforamiento ante el alto tribunal. La investigaci¨®n se inici¨® tras una denuncia del propio Frago y de ella se deduce que la fiscal Fern¨¢ndez, cuando ejerc¨ªa este cargo en Galicia, y una de las funcionarias de la Fiscal¨ªa de A Coru?a podr¨ªan haber manipulado documentos para dar a entender que el fiscal que luego fue sancionado hab¨ªa actuado a sus espaldas remitiendo documentos a los juzgados sin el visado de su superior.

Seg¨²n el auto al que ha tenido acceso Europa Press, las pesquisas concluyen que los citados documentos "no se corresponden con los originales, pues han sido modificados y alterados, sirviendo los mismos para producir efectos jur¨ªdicos en el procedimiento disciplinario abierto y base adem¨¢s de la consiguiente sanci¨®n que en el mismo recay¨®". Entre las irregularidades encontradas en los documentos supuestamente remitidos por Frago a espaldas de su jefa el auto de la juez Rodr¨ªguez Molpereces destaca la ausencia de firma o alteraciones en la misma, encabezado y letra no utilizados habitualmente por el denunciante, ausencia de los datos propios del env¨ªo por fax , y env¨ªos realizados en el periodo en que se encontraba de baja.

Esta conducta, seg¨²n la juez de A Coru?a, pudiera ser tipificada como un posible delito de falsedad documental cometida por funcionario p¨²blico. En el caso de no prosperar el recurso interpuesto por la propia Fiscal¨ªa, el asunto ser¨¢ remitido al Supremo en virtud del art¨ªculo 35.2 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal. Este art¨ªculo dispone que los fiscales superiores de las comunidades aut¨®nomas y los fiscales jefes de las fiscal¨ªas provinciales tendr¨¢n la categor¨ªa equiparada a la de los presidentes de los tribunales superiores de justicia y presidentes de las audiencias provinciales, que responden ante el alto tribunal seg¨²n lo dispuesto en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ).

En la causa tambi¨¦n ha resultado imputada una de las funcionarias de la Fiscal¨ªa de A Coru?a, Mercedes G., quien podr¨ªa haber incurrido igualmente en delitos relativos a la custodia de documentos y en falsedad documental. El fiscal, ya reincorporado a la carrera tras anularse su expulsi¨®n, hab¨ªa sido sancionado por la comisi¨®n de "varias faltas de car¨¢cter muy grave", algunas de ellas relacionadas con comportamientos de "falta de respeto" a su superior, la fiscal jefa de esa provincia Mar¨ªa Esther Fern¨¢ndez.

En octubre del pasado a?o la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anul¨® la expulsi¨®n de Frago, que hab¨ªa sido instada por un decreto firmado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Afirmaba la Audiencia que se vulneraron sus derechos fundamentales en la tramitaci¨®n del expediente y hubo tambi¨¦n infracci¨®n del principio de legalidad.

Frago fue separado del servicio por resoluci¨®n del Ministerio de Justicia el 25 de marzo de 2013 y la decisi¨®n de la Audiencia, que no fue recurrida, oblig¨® a reponerle "en su condici¨®n de funcionario miembro del Ministerio Fiscal con todas las consecuencias administrativas y econ¨®micas derivadas de ello", seg¨²n se?alaba la Audiencia Nacional. Se le sancion¨® concretamente por falta continuada muy grave del art¨ªculo 62.2 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, consistente en el incumplimiento de las ¨®rdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito "cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteraci¨®n relevante en el funcionamiento interno de la Fiscal¨ªa". En su d¨ªa, la Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunci¨® que el procedimiento sancionador presentaba "graves deficiencias en lo que se refiere a garant¨ªas procesales".