El Gobierno central censura la actuaci¨®n en Delphi

El Ministerio de Empleo acusa a la Junta de Andaluc¨ªa de fraude por subvencionar con un plan especial de 105 millones los cursos de formaci¨®n para los 1.904 extrabajadores de la multinacional Delphi asentada en C¨¢diz, tras su cierre en 2007. El duro informe de los inspectores de Trabajo contra las ayudas directas del Gobierno andaluz es la clave sobre la que la juez Mercedes Alaya basa la imputaci¨®n del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez en su nueva macrocausa sobre los cursos de formaci¨®n desde 2001.

La magistrada prepara esta investigaci¨®n sobre las ayudas de la formaci¨®n, y a la espera de recibir toda la documentaci¨®n que escanea estos d¨ªas la Junta, su principal v¨¦rtice incriminatorio por ahora es la censura del Gobierno al plan especial que la Junta andaluza dise?¨® para los extrabajadores de Delphi, que en total ha costado m¨¢s de 250 millones (una media de 130.000 euros por trabajador). De este modo, Empleo estim¨® en primavera que los hechos ¡°podr¨ªan tener relevancia penal¡± y Alaya ha recogido el guante para armar su tesis incriminatoria inicial.

Los inspectores de Trabajo concluyen en su informe que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social al destinarse ¡°a la simulaci¨®n de relaciones laborales¡± para proporcionar a los exempleados prestaciones ¡°indebidas¡± con la colaboraci¨®n de empresas, asociaciones y fundaciones. Es decir, el plan de formaci¨®n supuso ofrecer la condici¨®n de trabajadores a un gran n¨²mero de despedidos por asistir a cursos de formaci¨®n, lo que para Empleo supone un fraude. El ministerio considera que la Junta vulner¨® la Ley General Presupuestaria por dedicar ¡°recursos p¨²blicos al cumplimiento de sus objetivos o compromisos pol¨ªticos¡± sin haber obtenido previamente ¡°la aprobaci¨®n de los ¨®rganos legislativos competentes¡±.

Tras el cierre de la planta de automoci¨®n de Delphi, el Gobierno andaluz se volc¨® con los trabajadores y puso sobre la mesa un plan millonario, que, consensuado con los sindicatos, inclu¨ªa una formaci¨®n para recolocar a los trabajadores de la bah¨ªa gaditana, donde el desempleo hac¨ªa estragos. La f¨®rmula legal utilizada entonces para este plan especial es la que ahora cuestionan tanto el Gobierno como la juez Alaya.

Los inspectores concluyen que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social

Los inspectores de Empleo destacan que la Junta dise?¨® las subvenciones directas para ¡°dar cumplimiento a sus compromisos pol¨ªticos con los afectados por el cierre de la factor¨ªa¡±, y su conclusi¨®n es muy cr¨ªtica: ¡°El sistema de concesi¨®n y gesti¨®n de las subvenciones se llev¨® a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa espec¨ªfica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del servicio p¨²blico de Empleo estatal y para el presupuesto de la propia comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa¡±.

Para el Gobierno, la Junta llev¨® a cabo sus compromisos a trav¨¦s de un mecanismo de subvenciones excepcionales por concesi¨®n directa, que eran ¡°proyectos subvencionados puramente formativos, aunque se disfrazaron de contrataci¨®n laboral¡±. Empleo censura por ejemplo c¨®mo la Junta premi¨® a los trabajadores con una beca por asistir a los cursos, que sumada a la prestaci¨®n por desempleo, garantizaba a los despedidos ¡°un determinado nivel de ingresos, con cargo a fondos p¨²blicos, al margen de la normativa sobre protecci¨®n por desempleo¡±. Empleo estima que las subvenciones excepcionales dejaron de serlo al afectar a un grupo homog¨¦neo de trabajadores ¡°cuyas circunstancias no var¨ªan¡±.

Los cursos ¡°se desarrollaron realmente¡± ¡ªa diferencia de otros casos destapados en investigaciones policiales de la comunidad¡ª pero la participaci¨®n de los trabajadores "fue revestida con la apariencia de una relaci¨®n laboral" para poder pagarles con las subvenciones directas y acceder a las prestaciones de la Seguridad Social. Los inspectores exculpan a los extrabajadores del supuesto fraude al ignorar "este sistema de simulaci¨®n de relaciones laborales".

Las entidades desviaron "fraudulentamente" una gran parte de los 105 millones

Gadir Solar y SK10 Desarrollo y Tecnolog¨ªas, dos empresas compradas m¨¢s tarde por el consorcio Alestis (participado por la propia Junta en un 21%) contrataron a parte de los extrabajadores de Delphi pero sin mantenerlos en plantilla durante los tres a?os estipulados, por lo que deben devolver la subvenci¨®n, seg¨²n los inspectores. Y estos recuerdan el v¨ªnculo entre la formaci¨®n y el fondo de los ERE, ya trazado por un alto funcionario de la Junta. Ambas firmas recibieron ayudas sociolaborales por 954.000 y 93.000 euros. Hasta ahora, los pasos dados por Alaya en su macrocausa de formaci¨®n comparten con los ERE la censura de la discrecionalidad en las ayudas y la falta de control en los fondos concedidos.

Las entidades desviaron "fraudulentamente" una gran parte de los 105 millones que percibieron hacia empresas vinculadas al generar sobrecostes, "la fijaci¨®n unilateral de precios y la contrataci¨®n de servicios sin valor a?adido" para los cursos de formaci¨®n.

El Ministerio de Empleo multa con 8,3 millones a las nueve entidades por las irregularidades detectadas

Las nueve entidades que dieron los cursos a los extrabajadores han sido las primeras v¨ªctimas directas del plan, y ahora afrontan multas por 8,3 millones por el supuesto fraude. Las empresas del exconsejero de la Junta ?ngel Ojeda ¡ªimputado ya por un juzgado¡ª, como la asociaci¨®n Humanitas o Innova, junto a la Fundaci¨®n Fueca, participada por la Universidad de C¨¢diz, o el grupo Alestis, afrontan el grueso de estas sanciones, ahora en periodo de alegaciones. El informe destaca c¨®mo Ojeda realquil¨® unos locales comerciales para cursos a terceras empresas de su propiedad "multiplicando su precio por diez", al pasar de 4.500 euros a 45.000 euros.

"Entendemos que hemos cumplido con la legalidad de las subvenciones", ha alegado el gerente de la Fundaci¨®n Fueca, Rafael Villar. Los inspectores discrepan y subrayan que Fueca "deber¨ªa realizar directamente las acciones formativas, sin subcontratarla con terceros". La Junta anunci¨® recientemente que va a eliminar la subcontrataci¨®n en la formaci¨®n.