El juez imputa a la alcaldesa de Alicante tambi¨¦n por el plan Rabassa

El futuro judicial de la alcaldesa de Alicante se complica y su carrera pol¨ªtica todav¨ªa m¨¢s. Sonia Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma ahora una nueva imputaci¨®n. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida ha visto una supuesta prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en la tramitaci¨®n del Plan Rabassa en favor del constructor Enrique Ortiz.

La regidora ha sido llamada a declarar en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante el pr¨®ximo 27 de noviembre a las 10 horas, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividi¨® el caso Brugal, una macroinvestigaci¨®n en la que tambi¨¦n est¨¢ imputada Castedo por supuestos ama?os en la tramitaci¨®n del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado.

Tambi¨¦n est¨¢n imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro t¨¦cnicos?

Juan Carlos Cer¨®n, el juez del caso Rabassa, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones. Y cita como imputados, seg¨²n confirmaci¨®n del TSJCV, adem¨¢s de a la alcaldesa al empresario Enrique Ortiz, que abrir¨¢ la tanda de declaraciones el 27 de octubre. El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, el mayor contratista del Consistorio, la macrourbanizaci¨®n prevista para la zona de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU vot¨® en contra en aquel pleno.

Del contenido del informe policial, dice Cer¨®n en su auto, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitaci¨®n del Plan Parcial Rabassa, cuya ejecuci¨®n fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009.

Pese a la suspensi¨®n del plan, el Ayuntamiento de Alicante contin¨²a con su tramitaci¨®n: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprueba someter a exposici¨®n p¨²blica el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo SL. E Ike Ib¨¦rica SAU para regular las condiciones de implantaci¨®n de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. Este hecho, supuestamente favorecer¨ªa a Ortiz, quien ten¨ªa un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.

¡°En el informe policial¡±, se apunta en el auto, ¡°existen indicios de que esta actuaci¨®n pudo realizarse para beneficiar los intereses de empresario de Enrique Tom¨¢s Ortiz Selfa¡±.

Cuatro t¨¦cnicos imputados

Cer¨®n ha imputado adem¨¢s a cuatro t¨¦cnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jur¨ªdica del ¨¢rea de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Los t¨¦cnicos del ministerio citados son el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peir¨®, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administraci¨®n central cuando gobernaba el PSOE. Los t¨¦cnicos municipales est¨¢n llamados a declarar el d¨ªa 28 y los de Fomento el d¨ªa 29.

El magistrado ha preguntado tambi¨¦n al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis D¨ªaz Alperi y a la secretaria auton¨®mica de Territorio, Mar¨ªa ?ngeles Ure?a.