Ronda intenta sortear otro varapalo del TSJA a su desarrollo urban¨ªstico

La relaci¨®n de Ronda (36.665 habitantes) con el urbanismo ha sido tradicionalmente complicada. Y, en alguna ocasi¨®n, escandalosa. La ordenaci¨®n del suelo es una de las patas de la macrocausa por supuesta corrupci¨®n municipal (caso Acinipo) que deriv¨® en la detenci¨®n del camale¨®nico Antonio Mar¨ªa Mar¨ªn Lara, desbancado del sill¨®n municipal en las elecciones de ese a?o tras siete en el cargo. Asimismo, este proceso ha vivido su punto m¨¢s desmedido con el proyecto de Los Merinos, un complejo de lujo con 783 viviendas, un hotel y dos campos de golf cuyo plan parcial fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) en 2012.

El Ayuntamiento, gobernado por PP y PA, anunci¨® hace unos meses negociaciones con la promotora de esta urbanizaci¨®n (Copisa) para intentar sacar adelante el proyecto, aunque bastante m¨¢s reducido ¡ªun solo campo de golf y la mitad de las viviendas proyectadas¡ª. Se intenta sortear as¨ª la situaci¨®n de atasco creada por la resoluci¨®n del alto tribunal andaluz, que ahora ha dado otro susto al equipo de gobierno de Ronda. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de M¨¢laga del TSJA ha anulado el acuerdo de pleno que el 30 de diciembre de 2004 adjudic¨® a la empresa Territorio y Ciudad (del urbanista Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras) los trabajos de revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). La cuant¨ªa es de 659.000 euros y en ese momento, el alcalde era Mar¨ªn Lara.

La primera consecuencia de la sentencia, que llega pr¨¢cticamente una d¨¦cada despu¨¦s del recurso presentado por dos ediles de PSOE e IU (el cargo socialista rehus¨® continuar la causa en 2010) por supuestas irregularidades en el procedimiento, es el desconcierto total del equipo de la alcaldesa, Mari Paz Fern¨¢ndez (PP). El Ayuntamiento afirma que desconoc¨ªa el pleito, pero el fallo relata varias veces c¨®mo se dio audiencia al Ayuntamiento en el tr¨¢mite oportuno y este no contest¨®.

Al margen de la b¨²squeda de los responsables de ese silencio, la cuesti¨®n es si puede aprovecharse el trabajo realizado, opci¨®n por la que se decanta el gobierno local. La revisi¨®n del PGOU fue aprobada inicialmente en 2012 y ya ha recibido los ¨²ltimos informes medioambientales para adentrarse en la fase final de su tramitaci¨®n y recibir luz verde de forma definitiva, algo que corresponde a la Junta. De momento, los trabajos est¨¢n paralizados.

Tras d¨ªas de an¨¢lisis de los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento, la decisi¨®n ha sido no recurrir la sentencia y este lunes hay convocado un pleno extraordinario para declarar la ¡°anulabilidad¡± de la adjudicaci¨®n. Pero independientemente de esto, se busca la f¨®rmula adecuada para retener el trabajo desarrollado. Varias fuentes jur¨ªdicas consultadas explican que la resoluci¨®n judicial no afecta al contenido de la revisi¨®n ni a su tramitaci¨®n, y que la soluci¨®n pasar¨ªa por regularizar y ajustar a la ley los pagos efectuados al estudio de Fustegueras.

El fallo que declara nula la adjudicaci¨®n relata que no se ha acreditado que los pliegos de condiciones incluidos en el expediente fueran los que aprob¨® el pleno. Tampoco consta el certificado obligatorio del interventor que justifique esa contrataci¨®n, un ¡°paso indispensable¡± para cumplir el objetivo de ¡°eficiente utilizaci¨®n de los fondos p¨²blicos¡±.

Otra carencia es la ¡°delegaci¨®n expresa¡± del alcalde en los tenientes de alcalde para encabezar las sesiones de la mesa de contrataci¨®n. Seg¨²n la denuncia de la entonces edil de IU Remedios Ramos, la celebrada en febrero de 2004 estuvo presidida por Mar¨ªn Lara, que en esa fecha estaba en el equipo de gobierno, pero no era alcalde. Hubo varias m¨¢s. Tambi¨¦n se denunci¨® que el expediente no inclu¨ªa las solicitudes de los licitadores para participar en el concurso debidamente inscritas en el Registro General.