Agbar reclama al Tribunal Superior la gesti¨®n de ATLL
La compa?¨ªa recurre ante la ¡°inactividad¡± de la Generalitat para anular la concesi¨®n a Acciona
Agbar vuelve a la carga en los juzgados para intentar hacerse con la privatizaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). El grupo de servicios controlado por el grupo franc¨¦s Suez Environnement recurri¨® el pasado 1 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) "la inactividad" de la Generalitat, a la que acusa de deso¨ªr las diferentes resoluciones administrativas y judiciales que obligan a dar marcha atr¨¢s en la adjudicaci¨®n al consorcio liderado por Acciona. El objetivo no es otro que forzar al juez a que obligue al Departamento de Territorio a ceder la gesti¨®n a Agbar.
El ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) resolvi¨® d¨ªas despu¨¦s de la firma del contrato de gesti¨®n que la oferta de Acciona no cumpl¨ªa el pliego de condiciones en lo que respecta a inversiones, por lo que ten¨ªa que ser descalificada de la puja. La Generalitat respondi¨® con la petici¨®n de medidas cautelares que evitaran la ejecuci¨®n de esa resoluci¨®n y, desde entonces, el TSJC ha dictado diferentes autos en los que obligaba a acatar la resoluci¨®n del OARCC. Pero el Gobierno no ha movido ficha en una operaci¨®n con la que ingresar¨¢ 1.000 millones de euros.
A la negativa de la Generalitat Agbar ha respondido con una ristra de recursos. Ahora, convencido de que el Ejecutivo de Artur Mas ¨²nicamente intenta ganar tiempo, el grupo presidido por ?ngel Sim¨®n ha optado por interponer un recurso contra la inactividad de la Generalitat. Persigue que sea el juez quien obligue a ejecutar la resoluci¨®n del OARCC. En el ¨²ltimo escrito, al que ha tenido acceso este diario, carga las tintas y denuncia que la Administraci¨®n "est¨¢ ofreciendo una resistencia recalcitrante que ahora ya solo puede entenderse en el marco de una arbitrariedad dolosa".
Los argumentos del letrado de Agbar, el catedr¨¢tico Santiago Mu?oz Machado, van m¨¢s all¨¢ y llegan a insinuar que la responsable del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat podr¨ªa afrontar "consecuencias de orden penal" ya que "no ha de suponerse mera ignorancia" en su actuaci¨®n, sino que es "fruto de la m¨¢s recia arbitrariedad".
Tanto el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, como el de Territorio, Santi Vila, han defendido la resoluci¨®n del concurso y han advertido de las consecuencias de anularlo. Seg¨²n el gabinete jur¨ªdico de la Generalitat, supondr¨ªa indemnizaciones de "dif¨ªcil o imposible reparaci¨®n" para el consorcio liderado por Acciona, al que se deber¨ªa reembolsar los 298 millones de euros que ya abon¨®, las inversiones efectuadas hasta ahora, los costes financieros derivados de la operaci¨®n y el denominado lucro cesante.
Ni Acciona ni BTG Pactual, los dos principales accionistas de la oferta vencedora, han provisionado recursos por si los tribunales le retiran la concesi¨®n. Dan por hecho que sus intereses se impondr¨¢n en el Tribunal Supremo e incluso han recibido una misiva en la que la Generalitat les garantiza una indemnizaci¨®n si cancela el contrato.
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