El Supremo autoriza a Alaya a seguir con la investigaci¨®n del ¡®caso ERE¡¯
La juez informa de que el alto tribunal le ha comunicado su decisi¨®n por tel¨¦fono


La juez Mercedes Alaya ha afirmado que dispone del permiso ¡°telef¨®nico¡± del Tribunal Supremo para seguir con su investigaci¨®n del caso ERE, despu¨¦s de haber enviado la exposici¨®n razonada sobre los cargos aforados al alto tribunal el pasado agosto. Dicha comunicaci¨®n entre ¨®rganos judiciales es extraordinaria, sobre todo porque fue la propia Alaya la que inform¨® a las partes del caso el pasado martes durante una comparecencia.
Ese d¨ªa la juez tomaba declaraci¨®n a diversos exdirectivos de la consultora Vitalia en su despacho, cuando al llegar el turno de Jes¨²s Bordallo, su abogada ?ngela Nieto inform¨® a la magistrada de que su cliente no iba a declarar ante ella porque estimaba que no era competente para seguir instruyendo el caso. La respuesta de Alaya a la letrada, con tono severo, fue que s¨ª era competente porque el Supremo le hab¨ªa comunicado por tel¨¦fono que contaba con su autorizaci¨®n para seguir instruyendo la causa. El comentario de Alaya se produjo fuera de declaraci¨®n. Es decir, cuando el secretario no tomaba fe de los testimonios y de lo que suced¨ªa en el juzgado. Al respecto, la respuesta del Supremo confirma la tesis de Alaya: ¡°La juez tiene plena competencia de la instrucci¨®n mientras se resuelve la exposici¨®n razonada¡±, inform¨® un portavoz.
En paralelo, el alto tribunal resuelve estos d¨ªas sobre si asume la causa debido a la presencia de nueve altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
La cuesti¨®n no es balad¨ª dado que est¨¢ en juego el devenir de la investigaci¨®n y la competencia de Alaya para seguir instruyendo mientras los jueces del Supremo deciden. Y el margen de maniobra de los magistrados est¨¢ reglado por el art¨ªculo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la investigaci¨®n de un juez de instrucci¨®n tras haber enviado una exposici¨®n razonada sobre aforados al alto tribunal. El texto subraya que tanto el Supremo como la fiscal¨ªa o las partes pueden exigir que un juez frene sus diligencias siempre que afecten a aforados, una cuesti¨®n que parece clara tras nombrar Alaya por tres veces al parlamentario Francisco Vallejo en su auto del pasado 4 de septiembre.
Como excepci¨®n, dicho art¨ªculo subraya que el Supremo podr¨¢ autorizar ¡°entre tanto que resuelve la competencia, la continuaci¨®n de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas¡±. La pregunta clave que plantean fuentes personadas en el caso es si la autorizaci¨®n con formato gen¨¦rico del Supremo, que ha comunicado de manera verbal Alaya, encaja en la concreci¨®n de ¡°diligencias cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas¡±. Dichas fuentes dudan de que la ley ampare una autorizaci¨®n general para continuar con la instrucci¨®n del juzgado sevillano: ¡°El Tribunal Supremo est¨¢ obligado a ordenar a Alaya a que pare toda actuaci¨®n instructora o a concretarle qu¨¦ diligencias, por urgencia manifiesta, puede continuar instruyendo por decretarlo as¨ª el art¨ªculo 21. Ser¨ªa inconcebible que los magistrados hubieran autorizado una continuaci¨®n de la instrucci¨®n sin l¨ªmite, sin cobertura legal, por tel¨¦fono, a escondidas y a espaldas de los verdaderos interesados, las partes procesales¡±.
Lejos de apagarse, el caso se ha reactivado de nuevo esta semana con la declaraci¨®n del expresidente de Vitalia Eduardo Pascual sobre el desv¨ªo de 18 millones procedentes del fondo de los ERE para cuatro empresarios ¡°vinculados¡± al PSOE federal que invirtieron en Rep¨²blica Dominicana. La previsible consecuencia de este testimonio ser¨¢ la imputaci¨®n de dichos empresarios, entre otras personas, dadas las diligencias precedentes en la instrucci¨®n de Alaya.
La fiscal¨ªa pide informar a los jueces pero evita frenar la instrucci¨®n de la magistrada
La controversia de si la juez Mercedes Alaya debe o no instruir el caso EREa pesar de que su investigaci¨®n afecta a aforados est¨¢ encima de la mesa, a pesar de la confirmaci¨®n del Tribunal Supremo, est¨¢ viva. Entre otros motivos porque en cualquier momento la fiscal¨ªa o las partes pueden esgrimir ante el alto tribunal el incumplimiento del art¨ªculo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que restringe las actuaciones de Alaya a diligencias "de urgencia manifiesta".
Tras unas semanas de reflexi¨®n despu¨¦s de los autos de Alaya del pasado 4 de septiembre, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® hace una semana a la juez que comunicara de manera "urgente" al Supremo su intenci¨®n de seguir instruyendo la causa. El ministerio p¨²blico reaccion¨® consciente de la relevancia del art¨ªculo 21 y pidi¨® a la magistrada que enviara sus dos ¨²ltimos autos en el que menciona a los exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas, Mar Moreno y Francisco Vallejo, "atendiendo al tiempo que pueda transcurrir" hasta que el alto tribunal tome una decisi¨®n. "Solicita que, con car¨¢cter urgente y como necesario complemento, de no haberlo realizado ya, se ponga en conocimiento del alto tribunal la decisi¨®n que se adopta de continuar la instrucci¨®n", se?alaba el escrito de la fiscal¨ªa dirigido al Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla.
La respuesta de Alaya no tard¨® en llegar y en un escueto auto de dos l¨ªneas resolvi¨® remitir los autos al Supremo. La rectificaci¨®n de la magistrada sorprendi¨®, especialmente dados los precedentes durante el prolongado enfrentamiento que ha sostenido con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
De momento, la juez prosigue con la instrucci¨®n y la agenda de declaraciones, en paralelo a la macrocausa de los cursos de formaci¨®n, es apretada en octubre al igual que lo ha sido en septiembre. Este mes la magistrada ha tomado declaraci¨®n a diversos imputados ¡ªentre ellos ex altos cargos de la Consejer¨ªa de Empleo y de la consultora Vitalia¡ª por los atestados de la Guardia Civil referentes a cuatro expedientes de empresas que fueron subvencionados por la Junta.
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