La defensa del pederasta acusa a Fern¨¢ndez D¨ªaz por revelaci¨®n de secretos
Los abogados piden la apertura de una investigaci¨®n judicial contra el ministro del Interior

La defensa del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio O.M., ha presentado un escrito ante el Juzgado en el que solicita a la juez Mar¨ªa Antonia de Torres que proceda a la apertura de una investigaci¨®n judicial contra el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, por la presunta comisi¨®n de un delito de revelaci¨®n de secretos debido a la difusi¨®n de datos de su patrocinado.
La presentaci¨®n de ¨¦ste y otro escrito, a los que tuvo acceso Europa Press, se produce despu¨¦s de que el pasado viernes la magistrada ordenara en un auto el ingreso en prisi¨®n comunicada y sin fianza de su cliente. En el auto de prisi¨®n, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza no informa de los delitos que se le imputan al presunto agresor sexual bajo el amparo del secreto de las actuaciones.
Este auto ya ha sido recurrido ante la propia magistrada mediante un recurso de reforma. La Polic¨ªa le acus¨® de cinco agresiones sexuales, cinco delitos de retenci¨®n ilegal, tres intentos de secuestro, dos homicidios intentados y un delito de allanamiento de morada.
La defensa de Antonio O.M. expone en uno de los escritos que, pese a la existencia del secreto de las diligencias, ¨¦ste "ni lo es en realidad ni puede considerarse el que sirva a los efectos legalmente previstos". Tras ello, detalla varias noticias publicadas por los medios en los que se ha difundido el nombre y apellidos de su patrocinado, as¨ª como su imagen y sus antecedentes policiales, entre otros datos.
As¨ª, censura la rueda de prensa que ofreci¨® el mismo d¨ªa que se detuvo a su cliente en Santander en la que se ofrecieron multitud de datos de las pesquisas judiciales y policiales. "Esta situaci¨®n atenta al m¨¢s elemental derecho a la defensa en todas sus vertientes, y de la misma manera, invalida todos los medios de prueba que puedan sustentarse en cualquier reconocimiento de identidad que se pueda producir", recoge el texto judicial.
Tras la exposici¨®n de sus argumentos, solicita a la jueza de Torres que tenga presente su oposici¨®n a la realizaci¨®n de una rueda de reconocimiento sobre su representado, quien se encuentra en la prisi¨®n de Soto del Real.
Revelaci¨®n de secretos
Tambi¨¦n pide que se deduzca testimonio contra el ministro del Interior a fin de que por el Juzgado que le corresponda "proceda a la investigaci¨®n judicial de la presunta omisi¨®n de un delito de revelaci¨®n de secretos" contra ¨¦l y "las dem¨¢s personas que puedan aparecer como autores de tal delito todas ellas, en principio, pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Polic¨ªa".
Adem¨¢s del ministro, estuvieron presentes en la rueda de prensa la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el jefe superior de la Polic¨ªa de Madrid, Alfonso Fern¨¢ndez D¨ªaz, y el jefe de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Madrid, Jos¨¦ Luis Conde, entre otros mandos policiales. Fuentes jur¨ªdicas han aclarado que la petici¨®n se refiere a solo los mandos policiales que han difundido datos de su cliente.
Adem¨¢s, requiere a la Polic¨ªa que se abstenga de "hacer p¨²blico cualquier dato relativo a esta investigaci¨®n, tanto pasado como futuro, y en especial a la posible pr¨¢ctica de diligencias y las fechas de realizaci¨®n de las mismas, todo ello bajo apercibimiento legal de las consecuencias penales correspondientes".
En el recurso de reforma contra el auto de prisi¨®n, el letrado reclama que se declaren nulas las actuaciones practicadas, dado que la situaci¨®n inicial de detenci¨®n de su cliente se ha realizado con "violaci¨®n y desconocimiento" de derechos constitucionales. Por tanto, pide su libertad, puesto que su actual situaci¨®n de prisi¨®n preventiva es resultado de "la situaci¨®n creada con anterioridad", que "no es acorde con los derechos constitucionales vigentes".
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