Alaya reclama tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo
La juez pide a Educaci¨®n los diplomas de cuatro expedientes de cursos de la Faffe
La juez Mercedes Alaya ha reclamado a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de investigaciones como el caso de los ERE o sobre las irregularidades en los cursos de formaci¨®n. En el escrito, Alaya se queja de que ya el pasado d¨ªa 2 denunci¨® esta falta de personal sin que ¡°a¨²n¡± se haya resuelto la situaci¨®n. La petici¨®n de la juez coincide con, por un lado, la autorizaci¨®n del Tribunal Supremo a que siga instruyendo los ERE hasta que resuelva la parte que afecta a los aforados y, por el otro, con la inhibici¨®n del juez de C¨¢diz a favor de Alaya en la trama que implica al exconsejero ?ngel Ojeda, imputado en la causa.
En su solicitud, la magistrada pide a ambas instituciones que destinen a su juzgado a tres funcionarios de refuerzo, uno de ellos para cubrir la baja por enfermedad de la funcionaria encargada de tramitar las diligencias relativas al caso ERE, inform¨® Europa Press. Asimismo, Alaya pide que se mantenga en su puesto a la agente encargada del trabajo ordinario y de la tramitaci¨®n del caso de la formaci¨®n. En este sentido, fuentes judiciales, recordaron que en el juzgado ¡ªque tambi¨¦n instruye el caso Betis y la Operaci¨®n Madeja¡ª hay dos millones de folios relativos a esta causa pendientes de escanear.
En el curso de la investigaci¨®n sobre las irregularidades en la formaci¨®n, la juez ha pedido a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que, en un plazo de 10 d¨ªas, remita los certificados de asistencia y diplomas relativos a cursos subvencionados a la Fundaci¨®n Andaluza Fondo de Formaci¨®n y Empleo (Faffe). En concreto, se trata de cuatro expedientes de 2006, 2008 y 2009. Ya el pasado mayo, la magistrada comenz¨® a analizar las subvenciones concedidas a la desaparecida fundaci¨®n, entre 2009 y 2010, por valor de 49,5 millones de euros.
En un mismo auto fechado el d¨ªa 23, la magistrada tambi¨¦n pide al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte ¡°los planes de evaluaci¨®n y seguimiento¡± llevados a cabo desde 2002 para velar por el ¡°adecuado control de las acciones formativas¡±. Una tarea que, ¡°al margen de la informaci¨®n recibida del SAE¡±, tambi¨¦n deber¨¢ acometer el Consejo Andaluz de Formaci¨®n Profesional.
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