Un juez cuestiona la investigaci¨®n policial de los cursos de formaci¨®n

La pol¨ªtica de ayudas de la Junta a los cursos de formaci¨®n durante una d¨¦cada est¨¢ bajo la lupa judicial. Hasta 12 juzgados de siete provincias investigan en paralelo estas subvenciones, aprovechadas en ocasiones por empresarios p¨ªcaros a la caza de estos fondos millonarios que han hecho aflorar fraudes a la Administraci¨®n. Sin embargo, la completa revisi¨®n de tantos expedientes concedidos por la Consejer¨ªa de Empleo desde 2001 encierra una clave judicial insalvable: para peinar las subvenciones de 12 a?os la polic¨ªa o la Guardia Civil necesitan un indicio de fraude que fundamente una revisi¨®n de tal calado.

Es la tesis que expone el magistrado Javier Romero, titular del Juzgado 5 de Instrucci¨®n de Huelva, para archivar este verano una investigaci¨®n de la polic¨ªa que pretend¨ªa revisar todas las ayudas en esa provincia ampar¨¢ndose en que las pesquisas similares en M¨¢laga hab¨ªan dado sus frutos. El juez se sit¨²a en el extremo opuesto a la instructora Mercedes Alaya, que el pasado diciembre dio v¨ªa libre a la Guardia Civil para exigir a la Junta todos los expedientes de cursos de formaci¨®n entre 2008 y 2011.

Los agentes explicaron a la magistrada que necesitaban todos los expedientes ¨Cluego ampliados al periodo entre 2001 y 2012-, ¡°para poder concretar de manera m¨¢s detallada un modus operandi delictivo, si lo hubiere, pudiendo extrapolar esta forma de actuar a fechas anteriores como hip¨®tesis investigativa pendiente de ser corroborada¡±. Alaya explic¨® en autos sucesivos que la Guardia Civil deduc¨ªa ¡°graves irregularidades¡± tras haberle tomado declaraci¨®n a dos altos cargos de la Formaci¨®n Profesional de la Junta, y el 7 de marzo abri¨® su nueva macrocausa sobre la formaci¨®n ¨Cque estima ocupar¨¢ dos millones de folios ahora en proceso de escaneo-.

En el extremo opuesto a Alaya se sit¨²an los argumentos de Romero, en el papel de juez garantista: ¡°No se aportan indicios algunos de irregularidades en la concesi¨®n de las subvenciones a los beneficiarios de la provincia de Huelva, no siendo dable extrapolar autom¨¢ticamente las posibles irregularidades cometidas en otras provincias¡±, expone el magistrado. El juez rechaza reclamar a la Junta todos los expedientes, tal y como ped¨ªan los agentes, para encontrar irregularidades bas¨¢ndose en que otras indagaciones similares ya han dado frutos. ¡°Que se presente sin m¨¢s un atestado solicitando mandamientos a distintas Administraciones P¨²blicas para averiguar si se ha cometido alg¨²n delito, pr¨¢ctica no autorizada por una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional¡±, aclara en un auto el magistrado. A continuaci¨®n, remarca c¨®mo debe tutelarse una investigaci¨®n policial que debe mantenerse siempre ajena a meras intuiciones o indicios ajenos: ¡°El juzgado tan solo debe actuar ante la aparici¨®n de indicios de infracciones penales, y no a priori, para sin tener una base de infracci¨®n penal iniciar una investigaci¨®n por si existe alg¨²n delito, por el solo hecho que en otra provincia se han cometido irregularidades en las subvenciones¡±.

La polic¨ªa present¨® al juez de Huelva un informe de 19 p¨¢ginas con sus conclusiones previas en el que ya apuntaba delitos de fraude en la obtenci¨®n de subvenciones, estafa, falsedad documental, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, y un anexo con el BOJA en el que se relacionaba el listado de ayudas concedidas en la provincia de Huelva. El informe, que destaca que 129 empresas onubenses recibieron 12 millones, abusa de las formas condicionales (¡°podr¨ªamos encontrarnos¡± ¡°probables delitos¡±) y avanza la aparici¨®n de ¡°intrusos¡± en los expedientes, pero sin dar nombres. ¡°Se han detectado la existencia de ciertos intrusos y caza subvenciones (¡­) que crean exprofeso entidades jur¨ªdicas, sin actividad real, en provincias diferentes¡±. Adem¨¢s, los agentes avanzan prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por parte de los responsables pol¨ªticos de la Junta debido al escaso control sobre las ayudas: ¡°Si muchas de las empresas se crean justo antes de percibir la subvenci¨®n, no les consta empleados o el n¨²mero es m¨ªnimo (¡­) No cabe m¨¢s que plantearse que la propia Administraci¨®n o no ha realizado o no ha querido realizar control alguno sobre las solicitudes presentadas¡±.

Estas valoraciones de la Secci¨®n de Investigaci¨®n de la Seguridad Social de la Brigada Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UCDEF) son tumbadas por el juez, que responde con un auto de archivo que la fiscal¨ªa, en consonancia con los investigadores, ha recurrido en reforma ante el propio juez y este ha vuelto a archivar en un segundo auto: ¡°La investigaci¨®n policial no es que no est¨¦ concluida, sino que no est¨¢ iniciada, al menos en la provincia de Huelva, ya que no se aportan datos de posibles irregularidades, haciendo referencia en todo momento a lo ocurrido en la provincia de M¨¢laga¡±. De este modo, el juez emplaza a la polic¨ªa a que investigue a las empresas de Huelva a trav¨¦s de los registros p¨²blicos, recabando datos de las distintas Administraciones, para detectar ¡°anomal¨ªas importantes que excedan de la mera irregularidad administrativa y presenten apariencia de conductas penalmente relevantes¡±, y entonces se las presenten en su despacho.

El contraste con la manera de instruir de Alaya es total. La primera pista de la nueva causa de formaci¨®n la dio el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que sugiri¨® a la Guardia Civil que miraran en formaci¨®n si iban tras la pista de subvenciones sin control. Bas¨¢ndose en irregularidades en ciertas ayudas obtenidas por empresas relacionadas al conseguidor Juan Lanzas, y en las declaraciones del funcionario Teodoro Montes y el director general de Formaci¨®n Profesional Carlos Ca?avate, la Guardia Civil solicit¨® a la juez permiso para reclamar todas las ayudas de la Junta concedidas desde 2001 bas¨¢ndose en las impresiones de estos dos cargos, pero sin indicios concretos de delitos, que los agentes infirieron por un aparente descontrol. Es decir, buscar a ver qu¨¦ aparece.

La cuesti¨®n es si esas impresiones personales justifican o no la revisi¨®n de ayudas a empresas, fundaciones, sindicatos y patronal que superan los 3.000 millones. Los agentes plasmaron su objetivo en un atestado: ¡°Comprobar si todos los fondos p¨²blicos destinados a Formaci¨®n han sido aplicados, precisamente a ese fin (acciones formativas)¡±. A pesar de que la opini¨®n p¨²blica se decanta por investigar tan pronto surjan indicios, la frontera entre la investigaci¨®n policial y la judicial est¨¢ bien delimitada por la ley. ¡°El proceso penal no puede tener como objeto la investigaci¨®n con car¨¢cter prospectivo, es una doctrina consolidada. El matiz fundamental es establecer cu¨¢ndo hablamos de un indicio¡±, ilustran fuentes jur¨ªdicas.