La Generalitat reclama a las familias devolver ayudas a la dependencia
Bienestar ve incompatible la prestaci¨®n con tener plaza en un centro ocupacional
Fran tiene 28 a?os y una discapacidad intelectual del 83%. Su madre Trinidad es su cuidadora no profesional, una prestaci¨®n estipulada en la ley de Dependencia. ¡°Nunca lo podemos dejar solo¡±, explica su padre, Braulio Gil. Por ejemplo, lo llevan de su casa, en el Eixample Esquerra de Barcelona, a Bogatell, donde asiste a un centro ocupacional. Este servicio de rehabilitaci¨®n busca su m¨¢xima integraci¨®n social. La plaza all¨ª se la otorg¨® el Departamento de Bienestar en 2009. Ahora, la misma Generalitat le dice que adeuda 8.000 euros por dicho servicio, pues su madre ya le cuida. Y, para cobr¨¢rselo, a Fran le descuentan el 30% del dinero de la prestaci¨®n de cada mes.
¡°Le est¨¢n recortando la pensi¨®n a mi hijo y al mismo tiempo nos dicen que somos morosos¡±, se queja Gil. Su caso, como el de muchas otras familias ¡ªla Generalitat no ha proporcionado una cifra de afectados¡ª, se debe a la llamada incompatibilidad de prestaciones. En 2012, un Real Decreto recort¨® el alcance de la Ley de Dependencia. Entre otras cosas, acab¨® con el descuento de los cuidadores familiares en la Seguridad Social y establec¨ªa que algunas ayudas no pod¨ªan compatibilizarse.
Los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat interpretaron que recibir la prestaci¨®n de un cuidador no profesional no puede simultanearse con el hecho de tener la plaza del centro ocupacional. Desde el punto de vista de la Administraci¨®n, es como si se pagara a la vez canguro y guarder¨ªa para un ni?o durante las ma?anas. Se determin¨® entonces que se deb¨ªa reducir el monto de la prestaci¨®n de cuidador no profesional y, de manera retroactiva, reclamar lo equivalente a los servicios prestados en el pasado por el centro ocupacional.
Bienestar aplica recortes en las ayudas para cobrar las deudas
La Ley de Dependencia establec¨ªa que Fran tiene derecho a recibir 354 euros al mes debido a su grado de dependencia severa. ?l cobraba el dinero desde 2009. En septiembre de este mismo a?o, Bienestar le dio una plaza en el centro ocupacional. Hasta que a finales del a?o pasado le lleg¨® una carta dici¨¦ndole que era un deudor de la Generalitat. La factura era de 12.000 euros. Como ya ten¨ªa la plaza, se le redujo a la mitad el dinero de la prestaci¨®n.
¡°Presentamos un escrito a la Generalitat en diciembre y solo nos respondieron en julio pasado. Nos dijeron que se hab¨ªan equivocado en los c¨¢lculos y que en realidad deb¨ªamos 8.500 euros. Y como nos negamos a pagarlo de golpe nos impusieron cuotas cada mes, que descuentan de la prestaci¨®n por dependencia¡±, explica Braulio Gil. ¡°Antes recib¨ªamos 354 euros al mes y ahora apenas nos ingresan 124¡±, a?ade.
Desde Bienestar aseguran que est¨¢ obligada a cobrar la deuda pues se trata de dinero p¨²blico. ¡°Se eval¨²a la capacidad de la familia antes de decidir cu¨¢nto es la cuota¡±, asegura una portavoz, que niega que se est¨¦ haciendo revisiones indiscriminadas de los expedientes para identificar casos de incompatibilidades. Algunos casos comenzaron incluso durante la pasada legislatura y respond¨ªan a ayudas concedidas durante el tripartito. El protocolo del departamento establece que cuando se identifica un caso se comunica al afectado y se inicia el proceso.
Antes recib¨ªa 354 euros al mes y ahora 124¡±
¡°Un centro ocupacional no puede equipararse a un centro de d¨ªa, que es de lo que habla la ley de incompatibilidades. Son servicios completamente diferentes", explica Rosa Cadenas, presidenta de la Federaci¨®n Catalana de las Entidades de la Discapacidad Intelectual, Dincat. El padre de Franc recuerda que hay fallos del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que avalan esta tesis. El 2263/2012, establece que ¡°persiguen una finalidad distinta¡± ya que los ocupacionales buscan ¡°la rehabilitaci¨®n, no el cuidado, asistencia o supervisi¨®n¡±.
Cadenas critica que los servicios jur¨ªdicos ¡°hilen tan fino¡± en la interpretaci¨®n de la ley. Y lo achaca a la falta de fondos p¨²blicos, especialmente por los recortes en la Ley de Dependencia que se imponen desde Madrid. Pero tambi¨¦n pide a la Generalitat que haga lo propio. Seg¨²n Dincat, en Catalu?a hay 655 personas que no tienen acceso a un servicio de atenci¨®n diurna y a servicios de acogida residencial. ¡°Una inversi¨®n de cinco millones de euros [equivalente al 0,016% del presupuesto de la Generalitat] podr¨ªa solucionar esta situaci¨®n¡±, explica Cadena.
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