Una monja y funcionarios de la Xunta, imputados por adopciones irregulares

Ni?os que entonces eran reci¨¦n nacidos rondan ahora los seis a?os, y todo este tiempo han crecido apartados de sus madres, en muchos casos ignorando que existen, mientras estas peleaban por recuperarlos ante una maquinaria judicial bloqueada. Tres meses despu¨¦s de que la Audiencia de Lugo desatascase la instrucci¨®n al ordenar a la titular del juzgado n¨²mero 2 que imputase a las personas que intervinieron en aquellas retiradas de ni?os supuestamente irregulares, los abogados de los padres han sabido que en noviembre tendr¨¢n que prestar declaraci¨®n ante la juez Sandra Pi?eiro al menos 10 personas. Entre los imputados est¨¢n una monja que fue responsable del Hogar Madre Encarnaci¨®n de Lugo en la d¨¦cada pasada ¡ªun centro al que acuden mujeres desprotegidas en el embarazo¡ª y un n¨²mero importante, aunque a¨²n indeterminado, de trabajadores vinculados a la Xunta.

Los interrogatorios est¨¢n fijados para los d¨ªas 6, 10 y 20 del mes que viene, y en su providencia la juez cita, adem¨¢s de a la religiosa, a una trabajadora social del Hospital da Costa, en Burela, y a la subdirectora m¨¦dica del mismo centro del Sergas que ocupaban esos puestos en 2011, cuando dio a luz una mujer argelina que no ha vuelto a ver a su ni?a. Esta madre asegura que no entend¨ªa el idioma ni se le facilit¨® un int¨¦rprete, y cuenta que firm¨® la entrega de su beb¨¦ creyendo que cubr¨ªa el alta m¨¦dica.

Adem¨¢s, Pi?eiro llama a declarar, igualmente en calidad de imputados, a varios t¨¦cnicos facultativos del Servicio de Menores de Lugo, dependiente de la Conseller¨ªa de Traballo e Benestar, y a alg¨²n familiar de las personas que denunciaron la supuesta retirada irregular de sus hijos. Precisamente el departamento de Menores de Lugo fue objeto de un registro judicial al comienzo de la instrucci¨®n, cuando investigaba las primeras denuncias que presentaron un grupo de abogados del turno de oficio otra juez, Estela San Jos¨¦, responsable del n¨²mero 3. Esta se inhibi¨® poco despu¨¦s por su amistad con la letrada de una de las madres denunciantes, y entonces el caso pareci¨® caer en un limbo mientras las criaturas, en principio una decena, se hac¨ªan mayores y en buena parte eran dadas en adopci¨®n.

Al menos dos de estas madres a las que la Administraci¨®n auton¨®mica les quit¨® sus beb¨¦s de manera presuntamente irregular aparec¨ªan en otro sumario de los juzgados lucenses, el de la Operaci¨®n Carioca contra la trata de mujeres y la explotaci¨®n sexual. Una de las extranjeras declar¨® haber sufrido amenazas para entregar a su beb¨¦ por parte de una presunta organizaci¨®n mafiosa. Y otra cont¨® que fue recluida en centros psiqui¨¢tricos y en Madre Encarnaci¨®n hasta que pari¨® y le retiraron a la cr¨ªa. Deambul¨® sin rumbo por Galicia y acab¨® arroj¨¢ndose desde un piso alto del hospital de Montecelo, en Pontevedra. Como consecuencia de la ca¨ªda perdi¨® un brazo y est¨¢ parapl¨¦jica. Desde la residencia para discapacitados f¨ªsicos en la que tiene que vivir internada, sigue reclamando a su ni?a, que no la conoce, con la esperanza de rehacer su vida. Pero en la Operaci¨®n Beb¨¦ hay tambi¨¦n padres que reclaman a m¨¢s de un hijo. Casi todas las historias recogidas en el sumario son diferentes, pero coinciden en que los tr¨¢mites bajo sospecha fueron llevados a cabo por personal de la Xunta. Varios de estos ni?os pasaron, adem¨¢s, por el centro de acogida para madres desamparadas de Lugo.

Los abogados que representan a los progenitores afectados aseguran que llevan dos a?os reclamando copia de las actuaciones, que hace tiempo que no est¨¢n bajo secreto, y se quejan de que el juzgado no se las facilita. Recibieron notificaci¨®n de la providencia en la que la juez ordena la citaci¨®n de los imputados el martes, pero esta tiene fecha de hace un mes. En ella no se identifica a todos los imputados, de ah¨ª que no se sepa exactamente cu¨¢ntos son. Esta inc¨®gnita afecta a varios t¨¦cnicos de Menores de la Xunta que aparecen firmando documentos oficiales con un n¨²mero, pero sin nombre. Pi?eiro ha ordenado a la Polic¨ªa Judicial que aclare su identidad.