Alaya repudia a la polic¨ªa en los cursos de formaci¨®n

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso m¨¢s en su intento de acaparar la investigaci¨®n sobre las supuestas irregularidades en los cursos de formaci¨®n de Andaluc¨ªa. La magistrada ha dictado un auto en el que exige a la polic¨ªa que deje de investigar este caso para que sea la Guardia Civil la que lleve en solitario las pesquisas. Esta decisi¨®n compromete al Ministerio del Interior, ya que la juez sostiene que la polic¨ªa ¡°pone en peligro¡± su instrucci¨®n al ¡°invadir ileg¨ªtimamente parcelas de la investigaci¨®n que le son ajenas¡±. Alaya toma esta decisi¨®n cuando a¨²n est¨¢ entredicho si es competente para seguir con la macrocausa de la formaci¨®n. 18 juzgados andaluces, incluido el de Alaya, est¨¢n investigando irregularidades en los cursos y la polic¨ªa lleva la mayor¨ªa de las pesquisas.

La forma de instruir de Alaya siempre ha estado rodeada de pol¨¦mica, sobre todo en el caso de los ERE, donde ha tenido fuertes enfrentamientos con las defensas y con los fiscales anticorrupci¨®n, pero en las ¨²ltimas semanas el ruido en torno a su actuaci¨®n se ha intensificado.

El testigo estrella de la instructora, el funcionario de la Junta Teodoro Montes, declar¨® hace ocho d¨ªas que el a?o pasado acudi¨® al juzgado de Alaya a presentar la denuncia sobre los cursos de formaci¨®n y que all¨ª le dijeron que fuera a la Guardia Civil, cuerpo de confianza de la magistrada y ante el que testific¨® en agosto de 2013. Posteriormente, la Guardia Civil remiti¨® la denuncia de Montes a la juez, que abri¨® diligencias sobre los cursos en marzo de este a?o. Estos hechos podr¨ªan quebrar el principio de juez natural porque la denuncia del funcionario deber¨ªa haber ido a reparto de los juzgados de Sevilla.

Alaya vincul¨® esta denuncia de Montes con el caso de los ERE, algo que no ten¨ªa encaje, por lo que esta semana maniobr¨® y dijo que esta conexi¨®n hab¨ªa sido un ¡°error¡± y que la macrocausa de la formaci¨®n estaba derivada en realidad de otra pieza separada del fraude de los expedientes de regulaci¨®n de empleo que s¨ª estaba relacionada con los cursos de formaci¨®n.

La juez dice que la UDEF invade ¡°ileg¨ªtimamente¡± su investigaci¨®n

Alaya, que ya apart¨® a la polic¨ªa del caso de los ERE por desconfiar de su investigaci¨®n y entreg¨® las pesquisas a la Guardia Civil, ha pedido al director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, que la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) el cese ¡°de inmediato¡± en su actividad y que le entregue todas las actuaciones que ha realizado hasta el momento. La polic¨ªa est¨¢ tomando declaraci¨®n desde hace semanas a centenares de testigos, la mayor¨ªa alumnos y profesores de cursos de formaci¨®n, en todas las provincias de Andaluc¨ªa. Alaya ya hab¨ªa reclamado las causas abiertas a los dem¨¢s juzgados de la comunidad que investigan los cursos. Dos juzgados de C¨¢diz se inhibieron ante la reclamaci¨®n de la juez, aunque la Audiencia de esta provincia est¨¢ analizando un recurso contra esta decisi¨®n. Pero otro juzgado de M¨¢laga se neg¨® a enviarle a Alaya sus investigaciones sobre las irregularidades en esta provincia. La idea de la juez es hacer otra macrocausa similar a la de los ERE, iniciativa a la que se oponen los fiscales andaluces.

Para justificar su decisi¨®n de apartar a la polic¨ªa, la juez argumenta que la Guardia Civil le ha manifestado su ¡°gran inquietud¡± por el ¨¦xito de la investigaci¨®n. Y para ello esgrime la detenci¨®n en agosto del exconsejero andaluz y empresario ?ngel Ojeda que efectu¨® la polic¨ªa. La UDEF llevaba meses investigando a Ojeda por las ayudas millonarias que recibieron sus empresas de la Junta y el Gobierno central, y lo detuvo en su domicilio de Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz), aunque posteriormente qued¨® en libertad con cargos. Alaya aduce que esta detenci¨®n tuvo ¡°consecuencias indeseables de p¨¦rdida de oportunidad, de dispersi¨®n de documentaci¨®n y de actuaci¨®n inadecuada dif¨ªcilmente recuperable¡±.

Fuentes de la fiscal¨ªa dudaron de la legalidad de la actuaci¨®n de Alaya. ¡°La descalificaci¨®n gen¨¦rica de la polic¨ªa no tiene ning¨²n sentido. M¨¢xime cuando la polic¨ªa, al iniciar las pesquisas hace casi dos a?os, no interfiri¨® en su investigaci¨®n porque esta no exist¨ªa¡±. Ante el desprecio a la polic¨ªa, los sindicatos mostraron su indignaci¨®n. ¡°Si retiramos a la UDEF es tiempo e investigaci¨®n que se pierde, pero sobre todo eficacia, al ser el primer cuerpo policial que comenz¨® el trabajo. En segundo lugar, la juez se est¨¢ saltando la ley que establece la distribuci¨®n de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Alaya no es quien para distribuir las competencias policiales, sino la ley. Y esta dispone que la polic¨ªa investiga en territorio urbano¡±, lamenta el portavoz nacional del sindicato UFP, Seraf¨ªn Giraldo.

La instructora pretende que solo la Guardia Civil lleve las pesquisas

Adem¨¢s, la juez dict¨® otro pol¨¦mico auto en el que amenaza con actuar contra los medios de comunicaci¨®n por un delito de desobediencia a la autoridad judicial si siguen publicando fotograf¨ªas de Teodoro Montes, el funcionario de la Junta de Andaluc¨ªa que denunci¨® las supuestas irregularidades con los cursos y al que la magistrada ha otorgado la condici¨®n de testigo protegido.

Montes ha declarado siete d¨ªas ante Alaya y ha incurrido en contradicciones (asegur¨® que la patronal andaluza cobraba comisiones aunque luego se desdijo), ha reconocido que ha firmado cursos de formaci¨®n con irregularidades y ha imputado delitos a sus superiores en la Junta y otras entidades. La juez ordena a la Guardia Civil que impida que se tomen m¨¢s im¨¢genes o fotograf¨ªas de Montes, ¡°debi¨¦ndose proceder a retirar el material fotogr¨¢fico, cinematogr¨¢fico, videogr¨¢fico o de cualquier otro tipo quien contraviniere esta prohibici¨®n¡±.

En este sentido, la Asociaci¨®n de la Prensa de Sevilla ha mostrado este viernes su "cr¨ªtica y disconformidad" con la decisi¨®n de Alaya. "La medida coarta la libertad de prensa recogida en la norma de rango m¨¢ximo que es la Constituci¨®n Espa?ola", ha se?alado. El colectivo tambi¨¦n considera que la medida de la juez llega tarde y es "ineficaz" ya que todos los datos personales de Montes figuran en todos los documentos de sus declaraciones que la propia juez ha entregado a las partes. "Los profesionales de la comunicaci¨®n rechazamos que se nos instrumentalice tanto para ejercer supuestamente presiones sobre un testigo, como para limitar el derecho a la defensa de aquellas personas que consideren vulnerada su integridad moral por unas declaraciones testificales. En ning¨²n caso, la soluci¨®n nos parece que deba ser cortarle las alas a la prensa. El mensajero no puede ser siempre el culpable", critica la asociaci¨®n en un comunicado de prensa.