La Junta recurre para excluir a Alaya de la macrocausa de la formaci¨®n

Tras el caso ERE, la segunda guerra entre la Junta de Andaluc¨ªa y la juez Mercedes Alaya se inici¨® este lunes en un nuevo campo de batalla: la macrocausa sobre los cursos de formaci¨®n. La Junta ha pedido apartar a la magistrada de su nueva investigaci¨®n abierta en primavera por vulnerar ¡°normas procesales¡± y convertir el caso en una ¡°causa general¡± que proh¨ªbe la ley. A continuaci¨®n, Alaya ha contraatacado y en un auto ha intentado salpicar al Gobierno aut¨®nomo por un acuerdo del pasado enero para cerrar tres consorcios escuela vinculados a la formaci¨®n.

La Junta ha pedido en un recurso la nulidad de actuaciones, lo que implicar¨ªa apartar a Alaya de su investigaci¨®n. El Ejecutivo estima que se podr¨ªa haber vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley, lo cual podr¨ªa dar al traste con la investigaci¨®n abierta por Alaya, y, para evitarlo, la Junta pide que se anule las diligencias llevadas a cabo hasta ahora.

La raz¨®n es que el testigo clave de la formaci¨®n, el funcionario de la Junta Teodoro Montes, aclar¨® recientemente que en el verano de 2013 acudi¨® al juzgado de Alaya y all¨ª le indicaron que fuera a la Guardia Civil a denunciar ¡°graves irregularidades¡± en los cursos de formaci¨®n subvencionados por el Ejecutivo aut¨®nomo. Tras tomarle declaraci¨®n como testigo a Montes, los agentes presentaron su testimonio ante Alaya, que abri¨® la causa de la formaci¨®n. Todo ello sin que el caso fuera a reparto en el decanato de los juzgados, una norma habitual y necesaria por la que cualquier otro juez podr¨ªa haber iniciado las actuaciones.

La juez reclama un acta del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado enero

El recurso de la Junta ante la instructora expone una secuencia de hechos en la que el Gobierno acusa a Alaya y a la Guardia Civil de contravenir diversas normas en la macrocausa de formaci¨®n, pero sin imputarles de manera expl¨ªcita haber cometido prevaricaci¨®n, ni a la magistrada ni a los agentes.

Tras analizar la secuencia de hechos, el gabinete jur¨ªdico de la Junta considera que la declaraci¨®n de Teodoro Montes ante la Guardia Civil en 2013 ¡°no se hab¨ªa practicado en el marco de ningunas diligencias previas¡±. Los abogados concluyen que tanto las decisiones de Alaya como las de la Guardia Civil ¡°suponen una constante vulneraci¨®n de normas procesales¡±, entre otras el art¨ªculo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Junta subraya que Alaya debi¨® haber remitido la denuncia de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucci¨®n 9 de Sevilla que investiga al sindicato UGT, o bien remitirlas al decanato para su reparto ordinario, porque la juez no investigaba entonces ninguna causa vinculada a los hechos denunciados por el funcionario. ¡°Lo que no est¨¢ justificado es que se las quedara para s¨ª¡±, expone el Gobierno andaluz.

A continuaci¨®n, la Junta califica la instrucci¨®n de Alaya de ¡°prospectiva¡± y ¡°causa general¡±, para investigar ¡°absolutamente todos los expedientes de 10 a?os [de la formaci¨®n] y m¨¢s a¨²n los incoados en tiempo futuro y someterlos al juicio de la polic¨ªa judicial y la Intervenci¨®n General del Estado¡±. Todo ello con la intenci¨®n de ¡°comprobar si de cualquiera de los citados expedientes puede derivarse la comisi¨®n de hechos delictivos¡±, censura el recurso. El Gobierno argumenta que la denuncia de Montes no relataba indicios de delito concretos, sino ¡°irregularidades¡± expresadas de manera gen¨¦rica.

Mientras, Alaya ha contraatacado casualmente en la misma ma?ana al notificar un auto por el que reclama a la Junta el acta del Consejo de Gobierno del pasado 28 de enero por la que acord¨® la disoluci¨®n de tres consorcios escuelas: Forman de M¨¢laga, Formades de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (C¨¢diz). Es la primera vez que la juez intenta salpicar al Gobierno de la socialista Susana D¨ªaz en la causa de formaci¨®n.

Adem¨¢s, la juez ha pedido los informes emitidos por la Junta sobre estos consorcios escuelas y la situaci¨®n de los restantes, as¨ª como el contenido ¨ªntegro de las actas del Consejo de Viceconsejeros sobre la disoluci¨®n de dichos convenios. Es decir, las discusiones previas al Consejo de Gobierno del pasado enero. En paralelo, la magistrada da 20 d¨ªas a la Junta para que emita un informe detallado de todos los expedientes en los que ha intervenido la fundaci¨®n de la Junta Faffe como ¡°agente externo¡±.