El PP no impedir¨¢ presidir la C¨¢mara de Comercio a empresarios imputados
La nueva ley regional posibilita que Arturo Fern¨¢ndez siga al frente cuatro a?os m¨¢s
El Gobierno regional, que preside Ignacio Gonz¨¢lez (PP), ha aprobado un proyecto de ley para la C¨¢mara de Comercio de Madrid que va m¨¢s all¨¢ del desarrollo de la norma estatal aprobada en abril, y enmienda o incorpora disposiciones para ampliar las funciones del organismo empresarial y para reforzar su control econ¨®mico.
El texto legal, al que ha tenido acceso EL PA?S, permite a la C¨¢mara conceder pr¨¦stamos, contra el criterio de la Abogac¨ªa General, que recuerda en un informe adjunto a la norma que esta funci¨®n est¨¢ reservada a bancos, cajas de ahorros y entidades crediticias. Adem¨¢s, la Comunidad devuelve a la C¨¢mara la posibilidad de organizar cursos de formaci¨®n, una funci¨®n que la norma estatal suprimi¨® en abril y que s¨ª estaba recogida en la ley anterior.
El proyecto normativo, remitido para su aprobaci¨®n a la Asamblea regional, no recoge restricci¨®n alguna para que un empresario imputado, como lo est¨¢ el actual presidente, Arturo Fern¨¢ndez, pueda dirigir la C¨¢mara. Tanto Fern¨¢ndez como su n¨²mero dos, Miguel Corsini, est¨¢n implicados adem¨¢s en el esc¨¢ndalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Adem¨¢s, la Comunidad, que tutela por ley a la C¨¢mara, se quiso reservar en un principio el derecho a disolverla si incurr¨ªa en p¨¦rdidas significativas, pero la Abogac¨ªa oblig¨® a limitar la intervenci¨®n a la remoci¨®n de su c¨²pula.
Cuotas voluntarias. La C¨¢mara es una corporaci¨®n de derecho p¨²blico que representa los intereses de las empresas y de la que est¨¢n obligadas todas ellas a formar parte. La principal novedad de la ley estatal fue confirmar la decisi¨®n, adoptada a ra¨ªz de la crisis, de que las empresas no deban abonar una cuota por esta pertenencia obligatoria. As¨ª, la C¨¢mara est¨¢ obligada ahora a financiarse con aportaciones voluntarias (que dan derecho a un tratamiento especial) y, fundamentalmente, mediante la prestaci¨®n de servicios de pago a los empresarios.
Los ¨®rganos de gobierno de la C¨¢mara son el pleno, el comit¨¦ ejecutivo y, en la c¨²spide, el presidente. El pleno lo formar¨¢n, seg¨²n la nueva norma, 40 vocales elegidos democr¨¢ticamente entre todos sus miembros ¡°en atenci¨®n a la representatividad de los distintos sectores econ¨®micos¡±; 10 vocales seleccionados entre personas ¡°de reconocido prestigio en la vida econ¨®mica¡±; y otros 10 seleccionados por la Comunidad entre las empresas que m¨¢s dinero aporten a la C¨¢mara.
Distorsi¨®n democr¨¢tica. La Comunidad quiso dividir el censo electoral para elegir a los ¨®rganos de gobierno no s¨®lo seg¨²n el tipo de actividad econ¨®mica de cada empresa, como prev¨¦ la norma estatal, sino tambi¨¦n en funci¨®n de cu¨¢les aportaban dinero a la C¨¢mara y cu¨¢les no. Eso, en opini¨®n de la Abogac¨ªa General, ¡°distorsionaba¡± el proceso democr¨¢tico y pod¨ªa discriminar a firmas de sectores de gran peso en la econom¨ªa por el hecho de no abonar cuotas. La Comunidad elimin¨® pues esa distinci¨®n del texto de la norma. Mantuvo sin embargo, contra el criterio jur¨ªdico, el requisito de ejercer la actividad empresarial durante dos a?os en la regi¨®n para formar parte de los ¨®rganos de gobierno. La Abogac¨ªa objet¨® que eso discrimina a los empresarios del resto del pa¨ªs.
V¨ªa libre a Fern¨¢ndez.?Para ser candidato a presidente es preciso ¡°no estar incurso en ninguna causa legal que impida dicha condici¨®n¡±, requisito que ya ven¨ªa recogido en la ley estatal. En todo caso, la interpretaci¨®n que la Comunidad hace de lo que significa ¡°estar incurso en una causa legal¡± permitir¨¢ a Fern¨¢ndez optar a presidir de nuevo la C¨¢mara si as¨ª lo desea. ¡°El concepto actual de imputado es equiparable al de ser investigado, lo que no impide el ejercicio de los derechos civiles reconocidos legalmente¡±, aseguran fuentes regionales. Es decir, estar imputado no significa, para el PP, estar incurso en una causa legal.
Fern¨¢ndez est¨¢ imputado por la Audiencia Nacional como presunto autor de delitos de falsedad, maquinaci¨®n, apropiaci¨®n indebida y administraci¨®n desleal. Lo est¨¢ ¡ªcomo otras 32 personas¡ª como exconsejero de Caja Madrid, donde representaba los intereses de la patronal madrile?a, que tambi¨¦n preside.
Fern¨¢ndez seguir¨¢ al frente de la C¨¢mara (la preside desde 2010) hasta la celebraci¨®n de elecciones, el a?o que viene, y dirigir¨¢ el proceso bajo la nueva norma. El mandato del nuevo presidente ser¨¢ de cuatro a?os y s¨®lo podr¨¢ ser reelegido una vez consecutiva.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno, seg¨²n dijo el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), prev¨¦ que los pol¨ªticos imputados puedan ser candidatos. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha pedido sin embargo ¡°sensatez¡± para que no se presente a imputados a las elecciones.
Cursos de formaci¨®n. La ley estatal permite a la C¨¢mara ¡°colaborar en los programas de formaci¨®n establecidos por centros docentes p¨²blicos o privados¡±. La norma regional a?ade a eso la funci¨®n de ¡°impartir formaci¨®n profesional (¡) para apoyar la calidad del empleo¡±. La Abogac¨ªa General no puso objeci¨®n alguna porque as¨ª estaba previsto ya en la ley de 1999, y, sobre todo, porque la norma estatal permite a la Comunidad ampliar si lo desea las funciones de la C¨¢mara.
La aprobaci¨®n de la ley estatal, en abril, se produjo en pleno esc¨¢ndalo por el presunto fraude de millones de euros de dinero p¨²blico en una trama de falsos cursos de formaci¨®n en Madrid. Por ello fue detenido Alfonso Tezanos, exdirigente de la patronal madrile?a cercano a Fern¨¢ndez.
La dudosa legalidad de conceder cr¨¦ditos y pr¨¦stamos
La C¨¢mara de Comercio de Madrid aprob¨® en junio una l¨ªnea de financiaci¨®n de 50 millones de cr¨¦dito para avalar a empresarios con condiciones "muy preferentes". As¨ª lo hab¨ªa adelantado unos meses antes su presidente, Arturo Fern¨¢ndez, que desvel¨® sus planes en plena campa?a para ser reelegido al frente de la patronal madrile?a (gan¨® las elecciones, en marzo, aunque tras el esc¨¢ndalo de las tarjetas opacas ha desvelado que podr¨ªa dejar el puesto en unos meses).
El proyecto de ley elaborado por el Gobierno regional habilita a la C¨¢mara, tal y como deseaba Fern¨¢ndez, para ¡°promover o facilitar el acceso a la financiaci¨®n de los aut¨®nomos y empresas mediante la concesi¨®n de cr¨¦ditos, avales o pr¨¦stamos que provengan tanto de recursos propios como de recursos p¨²blicos o privados¡±. La Abogac¨ªa General oblig¨® sin embargo a recalcar en la norma que la actividad financiera est¨¢ reservada por la legislaci¨®n estatal a bancos, cajas y cooperativas de cr¨¦dito.
Fuentes del Gobierno regional han reconocido que las labores de la C¨¢mara s¨®lo podr¨¢n ser de ¡°intermediaci¨®n¡±, pese a que el texto legal remitido a la Asamblea sigue reconoci¨¦ndole expresamente la potestad para conceder cr¨¦ditos o pr¨¦stamos.
La Comunidad tambi¨¦n modific¨® por indicaci¨®n de la Abogac¨ªa General su intenci¨®n de reservarse el derecho a disolver la C¨¢mara y a liquidar su patrimonio en caso de inviabilidad econ¨®mica. En concreto, se fij¨® esta medida en caso de acumular tres ejercicios con p¨¦rdidas superiores al 10% de los beneficios de a?os anteriores y de su fondo de reserva.
El informe jur¨ªdico indic¨® sin embargo que eso rebasaba el marco competencial de la Comunidad, ¡°que se limita al desarrollo de la normativa estatal¡±.
Finalmente, la norma remitida a la Asamblea contempla que, si se dan las citadas condiciones econ¨®micas, la Comunidad podr¨¢ suspender a los ¨®rganos de gobierno de la C¨¢mara. Podr¨¢ hacerlo tambi¨¦n si las p¨¦rdidas de un solo ejercicio alcanzan el 50% de los beneficios anteriores y del fondo de reserva. Prev¨¦ entonces crear una comisi¨®n gestora.
Si la situaci¨®n no se endereza en un plazo por determinar, tras la suspensi¨®n vendr¨¢ la convocatoria de elecciones. S¨®lo si estas no fueran posibles, se liquidar¨ªa la C¨¢mara y su patrimonio.
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