Patronal y sindicatos engordaron sus sueldos con fondos de formaci¨®n

Las irregularidades en los cursos subvencionados con ayudas p¨²blicas para parados y trabajadores est¨¢n presentes en todo el sector, los impartan asociaciones de empresarios, sindicatos o academias. As¨ª lo refleja el Consello de Contas en un demoledor informe que entreg¨® ayer en el Parlamento en el que analiza el destino de los fondos p¨²blicos para formaci¨®n durante los a?os 2010 y 2011. La inspecci¨®n se realiz¨® en 2012 y 2013, cuando ya estaban en marcha las investigaciones simult¨¢neas de la justicia y la Xunta sobre la presunta trama de cursos falsos liderada por el empresario coru?¨¦s Gerardo Crespo e investigada en la Operaci¨®n Zeta.

??Financiaci¨®n de gasto ordinario. Las subvenciones p¨²blicas para cursos han servido a las entidades beneficiarias para sufragar parte de sus gastos ordinarios por salarios, alquileres o bienes consumibles cuya relaci¨®n con la formaci¨®n de trabajadores no se justifica. Contas detect¨® que la Confederaci¨®n de Empresarios de A Coru?a (CEC) dedic¨® ayudas para cursos a pagar parte de la n¨®mina de 10.000 euros al mes de su secretaria general y asesora jur¨ªdica, lo que considera que no est¨¢ ¡°dentro de par¨¢metros de racionalidad¡±. Ese comportamiento se repite, en menor medida, en la Confederaci¨®n de Empresarios de Ourense (¡°n¨®minas de personal directivo por importes que alcanzan los 5.000 euros¡±) y la de Lugo (¡°n¨®minas por importes que superan los 3.000 euros que, imputadas en cada curso en un peque?o porcentaje, acaban financi¨¢ndose con cargo al conjunto de los cursos de formaci¨®n¡±).

Algo similar sucede en los sindicatos. La Federaci¨®n de Servicios de UGT pag¨® con ayudas para cursos parte de los sueldos de sus directivos ¡°con n¨®minas por encima de los cuatro y cinco mil euros mensuales¡±, seg¨²n Contas. En CC OO, su Fundaci¨®n Formaci¨®n e Emprego de Galicia (Forem) imput¨® a los cursos ¡°n¨®minas de personal directivo (¡­) que superan los 4.000 euros¡±.

En el caso de la CIG, Contas dice que, seg¨²n ¡°determinados indicios¡±, el sindicato nacionalista imput¨® a las ayudas costes de alquiler de locales por cursos que se realizaron ¡°en aulas propiedad de la beneficiaria¡±. Y los empresarios de Lugo llegaron a pasar gastos por alquiler de aulas para cursos ¡°de teleformaci¨®n¡±. Los de Pontevedra, por su parte, imputaron a esas ayudas ¡°gastos de asesor¨ªa contable y financiera (facturaciones de m¨¢s de 4.000 euros por un profesional independiente repartidas en los distintos cursos)¡±.

?Subcontrataci¨®n e inflado de costes. ¡°En todos los planes de formaci¨®n de ocupados, los beneficiarios de las ayudas subcontratan la realizaci¨®n de los cursos con otras entidades o centros de formaci¨®n, en la mayor¨ªa de los casos respecto de la pr¨¢ctica totalidad de las acciones formativas, sin que cuenten en todos los casos con la autorizaci¨®n previa¡±, censura Contas. Y a?ade que a su vez estas entidades vuelven a desviar los cursos a otros centros de formaci¨®n ¡°incurriendo en una segunda subcontrataci¨®n que infringir¨ªa la prohibici¨®n normativa de sucesivas contrataciones¡±. Este proceso, alerta Contas, permite que ¡°las dos primeras entidades intervinientes, sin impartir propiamente las acciones formativas, facturen y perciban gastos indirectos de gesti¨®n (hasta el 20%, b¨¢sicamente correspondientes a gastos de personal) que encarecen el coste de las acciones formativas sin aportar valor a?adido¡±. A su vez, estas sucesivas subcontrataciones se producen ¡°sin justificantes de gasto propiamente dichos que permitan verificar los costes reales facturados por esos terceros¡±. Contas detecta que este proceder dispara el coste de algunos cursos de formaci¨®n hasta 168, 148 o 128 euros por hora, en tres ejemplos concretos respectivamente de los empresarios coru?eses, los pontevedreses y CC OO.

Entre los casos analizados por Contas aparecen varias de las empresas investigadas en la Operaci¨®n Zeta, de las que se destaca su entramado de contrataciones y facturaciones mutuas. ¡°En torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la pr¨¢ctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri, SL¡±, firma de Gerardo Crespo. De esa empresa se se?ala que ¡°presenta hasta seis entidades distintas vinculadas¡± entre s¨ª. Otro caso similar de conglomerado de empresas de formaci¨®n que se subcontratan entre s¨ª es el del grupo Academia Postal, con cinco empresas relacionadas.

De otra entidad investigada en la Operaci¨®n Zeta, la Federaci¨®n de Aut¨®nomos de Galicia (Feaga), Contas se?ala que subcontrataba los cursos con la empresa Femxa Formaci¨®n SL ¡°en t¨¦rminos tan amplios¡± que la primera quedaba en la pr¨¢ctica sin ning¨²n cometido real que ejercer.

Contas tambi¨¦n detecta disparidad de costes por conceptos similares, como el control de calidad de los cursos, que legalmente puede suponer hasta el 5% del importe total. Por ejemplo, la supervisi¨®n de dos cursos similares de soldador de estructuras met¨¢licas, con el mismo n¨²mero de horas y alumnos y parecido presupuesto global, se lleva en un caso 691 euros (el 0,53% del total) y en otro 6.298 euros (el m¨¢ximo del 5% del total).

?Alumnos no controlados. Una constante en la inmensa mayor¨ªa de las entidades fiscalizadas por Contas es el nulo control de la asistencia a las clases tanto por parte de las entidades de formaci¨®n como de la Administraci¨®n. Hasta el punto de que ¡°al menos 270 alumnos¡± participaron supuestamente ¡°en cursos con solapamiento de fechas y horarios¡±. El ente fiscalizador aprecia ese problema en UGT, mientras que en CC OO censura ¡°que varios trabajadores [de la fundaci¨®n del sindicato] figuren en dos de los cursos examinados al mismo tiempo como alumnos y como docentes¡±. Contas lleg¨® a detectar casos de alumnos que participaron en 10, 12 e incluso 14 cursos en un solo a?o. En el sector empresarial, la inspecci¨®n comprob¨®, por ejemplo, que en la piscifactor¨ªa de Grupo Tres Mares, SA, en Fisterra, el 90% de los trabajadores participaban en actividades de formaci¨®n que ¡°se compatibiliza con el trabajo efectivo, sin diferenciaci¨®n horaria¡±.

La ausencia de partes de asistencia a las clases firmados por los alumnos es casi general, pero en el caso de Feaga, investigada en la Operaci¨®n Zeta, tampoco los firmaban los profesores.

?Cursos sin utilidad. Las irregularidades detectadas por Contas abarcan todo el proceso de dise?o, impartici¨®n y cobro de los cursos. El ente fiscalizador critica que los propios centros de formaci¨®n son los que condicionan la oferta de cursos por encima de las prioridades que pueda establecer la Administraci¨®n. Tambi¨¦n habla de ¡°reiteraci¨®n de cursos¡± que ¡°no responden a las necesidades de cualificaci¨®n de los participantes¡±.

Adem¨¢s de la formaci¨®n para parados y trabajadores, las irregularidades se extienden a las actividades de orientaci¨®n y b¨²squeda de empleo, en las que Contas detecta ¡°gastos en un porcentaje que parece desproporcionado en relaci¨®n con el peso que representa la actividad subvencionada¡±, y a los programas integrados para el empleo, en los que encontr¨® ¡°deficiencias en determinados aspectos de la justificaci¨®n de los gastos¡±.

Frente a todas estas irregularidades, la empresa en la que Contas hall¨® menos problemas es Peugeot Citro?n. En sus conclusiones, el ente fiscalizador apenas censura que contrat¨® a una consultora externa para impartir cursos de ingl¨¦s sin pedir previamente varias ofertas y pag¨¢ndole con retraso.

?Peticiones de Contas. El informe de Contas reclama a la Administraci¨®n una veintena de mejoras en el control y los requisitos previos de los cursos de formaci¨®n, y admite que la Xunta ya est¨¢ implantando varias de ellas. El informe lo entreg¨® en el Parlamento el m¨¢ximo responsable del ente fiscalizador, Xes¨²s Palmou, exconselleiro y n¨²mero dos del PP gallego con Manuel Fraga, quien se refiri¨® a la propuesta aprobada en el reciente debate de pol¨ªtica general de ampliar las competencias de Contas en materia de vigilancia contra la corrupci¨®n. Palmou advirti¨® de que ¡°cualquier atribuci¨®n de nuevas competencias¡± relacionadas con la prevenci¨®n de casos de corrupci¨®n ¡°debe llevar aparejada la creaci¨®n de una nueva secci¨®n¡±, m¨¢s medios materiales, personal ¡°altamente cualificado¡± y mantener ¡°la misma autonom¨ªa e independencia de actuaci¨®n con que cuenta ahora¡± el Consello.