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Ma?ana el Claustro de la Universidad de Girona debatir¨¢ si retira el t¨ªtulo de doctora honoris causa a la magistrada Encarna Roca por su actuaci¨®n como miembro del Tribunal Constitucional. Petici¨®n que fue presentada hace un mes por 77 claustrales.

Tal como informaba ayer este peri¨®dico, se reprocha a la magistrada que votara a favor tanto de la sentencia que declar¨® inconstitucional la declaraci¨®n de soberan¨ªa del Parlamento, como de la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria que han comportado la suspensi¨®n de la consulta. Los firmantes del escrito consideran que todo ello ¡°choca de manera frontal con algunas de las razones por las cuales se le concedi¨® la distinci¨®n, singularmente por su compromiso con Catalu?a y sus instituciones¡±.

Adem¨¢s de la retirada del honoris causa a Encarna Roca, la petici¨®n recoge tambi¨¦n que la Universidad exprese su apoyo a la consulta del 9-N y pida a determinadas asociaciones universitarias que muestren su apoyo a la consulta. Este escrito en todas sus partes, pero especialmente en la petici¨®n de retirada del doctorado honor¨ªfico, es indicativo del grado de presi¨®n pol¨ªtica que se est¨¢ ejerciendo en Catalu?a sobre las instituciones, p¨²blicas y privadas, y el clima de violencia moral en que se desarrollan el llamado proceso.

La profesora Encarna Roca es una muy prestigiosa personalidad del panorama jur¨ªdico espa?ol, pionera en muchos de sus campos de estudio. Fue la primera mujer en Espa?a catedr¨¢tica de Derecho Civil y tambi¨¦n la primera que ingres¨® en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci¨®n. Entre 2005 y 2012 fue magistrada del Tribunal Supremo, cargo al que renunci¨® al ser nombrada magistrada del Tribunal Constitucional. La profesora Roca es especialista en Derecho Civil Catal¨¢n. Su obra Fundamentos de Derecho Civil de Catalu?a, escrita conjuntamente con Llu¨ªs Puig Farriol en cuatro tomos, es y seguir¨¢ siendo una referencia en la materia.

Seg¨²n los claustrales de la Universidad de Girona, no es suficientemente ¡°patriota¡± y hay que retirarle el merecido honor que le hicieron al nombrarla doctora

Se trata, por tanto, de una s¨®lida jurista de incontestable val¨ªa. Sin embargo, a juicio de los claustrales de la Universidad de Girona, no es suficientemente ¡°patriota¡± y hay que retirarle el merecido honor que le hicieron al nombrarla doctora.

Vale la pena examinar este asunto como muestra de una mentalidad excluyente y fan¨¢tica, impropia de una instituci¨®n como es la universidad, pero inquietante tambi¨¦n desde el punto de vista pol¨ªtico ya que presupone el desconocimiento de la ciertas reglas b¨¢sicas de un Estado democr¨¢tico de derecho. Desconocimiento que se revela tambi¨¦n habitualmente en ciertos art¨ªculos de peri¨®dico y cada d¨ªa, ma?ana, tarde y noche, en las tertulias de las radios y televisiones catalanas. Centr¨¦monos en dos aspectos.

En primer lugar, el escrito de los claustrales demuestra desconocer o despreciar el significado de la independencia judicial e, incluso, la misma funci¨®n que desempe?a un juez. La independencia judicial significa que los jueces y magistrados en la formulaci¨®n de sus resoluciones judiciales son independientes de todos los dem¨¢s poderes ¡ªno solo pol¨ªticos sino tambi¨¦n sociales, econ¨®micos o de cualquier orden¡ª pero son absolutamente dependientes de la ley. Las resoluciones judiciales, en especial las sentencias, no expresan la voluntad del juez ni su sentido de la justicia, sino la voluntad de la ley, es decir, la voluntad que expresaron al aprobar la ley una mayor¨ªa de los representantes del pueblo. Si no fuera as¨ª, el juez no ser¨ªa un ¨®rgano democr¨¢tico.

Ciertamente, esta ley, as¨ª como el supuesto de hecho al que se aplica, necesita interpretarse y para ello se utilizan unos m¨¦todos determinados que no puede escoger el juez de forma arbitraria sino que deben estar convenientemente justificados en la resoluci¨®n judicial. Adem¨¢s, la resoluci¨®n que adopte un juez puede ser apelada ante una instancia superior para que la revise. Por tanto, hay un sistema de garant¨ªas para que la ley, en la medida de lo posible, se cumpla. Todo ello implica que, a¨²n en el caso que la magistrada Roca discrepara pol¨ªticamente del fondo de la cuesti¨®n, deber¨ªa aplicar la ley, en este caso la Constituci¨®n, para no incurrir en prevaricaci¨®n. ?Pretenden los claustrales de Girona que incurra en este delito?

En segundo lugar, sostener que el honoris causa se le concedi¨®, no solo por sus m¨¦ritos profesionales sino ¡°por su compromiso con Catalu?a y con sus instituciones¡±, indica una concepci¨®n totalitaria, tanto de Catalu?a como de sus instituciones, es decir, niega la pluralidad de opiniones y el derecho a discrepar en materias que afecten a la llamada cuesti¨®n nacional. Todo ¡°el pueblo al servicio del Estado¡±, ?les suena esto?, ?no les recuerda los m¨¢s siniestros episodios europeos de la primera mitad del siglo XX? Quiz¨¢s que se lo piensen los claustrales de la Universidad de Girona.

Aunque no me extra?a que sucedan estas cosas con un Gobierno de la Generalitat y unas fuerzas pol¨ªticas partidarias del derecho a decidir que han creado un clima de profundo desprecio por el derecho, es decir, por el Estado democr¨¢tico de Derecho.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional